“Con prontitud y diligencia”. Así pretende la Generalitat Valenciana obligar a las instituciones o congregaciones religiosas a abrir sus archivos en materia de bebés robados, según el borrador de proyecto de decreto que desarrolla la ley autonómica de memoria democrática al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, “garantizará” el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en peticiones sobre “personas desaparecidas con ocasión de la Guerra Civil y el franquismo”. Además, el borrador pretende garantizar “el derecho de toda persona a conocer sus orígenes así como el pleno acceso a los datos que conciernen a su propia vida”.
El Ejecutivo autonómico responde así a las demandas sobre acceso a archivos eclesiásticos de las asociaciones de víctimas del robo de bebés. Unos archivos relevantes dada la participación de la Iglesia en la sustracción de recién nacidos desde la posguerra, en un contexto marcado por las teorías sobre el supuesto 'gen rojo' del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera.
Así, las instituciones o congregaciones religiosas tendrían un plazo máximo de un mes para atender las peticiones, “sin que pueda existir más oposición en esta solicitud que las causas recogidas en la ley”. El borrador, dadas las peculiares características del robo de bebés en clínicas y prisiones durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia, también prevé el acceso a archivos privados “cuando exista relación directa acreditada entre la información contenida” y la persona “desaparecida o sustraída”, todo ello garantizando la “adecuación” a la legislación sobre protección de datos.
“En el caso de las víctimas de desaparición forzada de recién nacidos o menores, dada la dificultad de acreditar fehacientemente el grado de familiaridad, se entenderá cumplido este requisito con la aportación de elementos de verosimilitud suficientes, fundamentados en alguna prueba documental o testifical”, agrega el texto. En todo caso, el departamento que dirige Rosa Pérez Garijo “actuará” ante los archivos públicos y privados si no facilitan la documentación pública o dificultan su consulta.
Censo de víctimas
El proyecto de decreto también crea un censo de víctimas de la guerra civil, la dictadura franquista y la transición en el País Valenciano que incluye a los recién nacidos y menores sustraídos o donados en adopción sin autorización de los progenitores. Desde el periodo de posguerra, en el que las presas políticas vieron cómo se les quitaba a sus hijos, hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. También comprende aquellas mujeres que “dieron a luz en hospitales, clínicas, o cualquier centro público o privado”. El censo contendrá “información relativa a su progenitor, hermanos y hermanas u otros familiares”.
El departamento de memoria histórica de la Generalitat Valenciana “solicitará” la colaboración de todas las instituciones, públicas o privadas, que custodian archivos, expedientes o historiales médicos sobre nacimientos y sustracciones acontecidos en el territorio valenciano, así como los libros de adopciones y los expedientes de protección de menores. Todo ello en coordinación de otros censos autonómicos y estatales de la misma materia.
“La información de este censo permitirá la obtención de los datos necesarios para restablecer los vínculos familiares para el reencuentro de las personas afectadas y para poder acceder a las medidas de reconocimiento y reparación previstas en la ley, así como la investigación y el conocimiento de toda la verdad sobre estos delitos”, reza el borrador de proyecto de decreto.
Banco de ADN
La información incorporada al censo en relación al robo de bebés tendrá carácter reservado “para salvaguardar los datos personales que contenga”. El borrador también alude al Plan Valenciano de Identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, en el que se prioriza a las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos y menores. Así, la conselleria, en coordinación con el departamento autonómico de Sanidad, realizará las recogida de muestras genéticas de las madres biológicas y otros familiares y las almacenará en un banco de ADN.
“La gestión de este sistema de bancos de datos supondrá establecer los perfiles genéticos que permitan la interconexión de datos y la colaboración y cooperación administrativa debida con otros bancos de ADN que pudieran existir en la Administración General del Estado y en el resto de comunidades autónomas”, agrega el texto.