El juzgado que investiga los contratos sanitarios de Andalucía tendrá un nuevo titular a partir del año que viene

El juez Javier Santamaría, que hasta ahora dirigía la investigación de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 por un supuesto delito de prevaricación, abandonará el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. La plaza para ocupar la titularidad de este órgano judicial salió a concurso y, por antigüedad, será para el actual titular del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla, José Antonio Gómez, según ha avanzado este martes Radio Sevilla y ha confirmado este periódico.

Este juzgado no tenía titular y Santamaría venía ocupando la plaza como juez de adscripción territorial. Gómez, que optaba a la plaza en el concurso provisional, accederá a ella siempre y cuando la Comisión Permanente del CGJP dé este miércoles el visto bueno. Será entonces cuando la titularidad sea definitiva y pueda tomar posesión cuando el BOE lo publique. El relevo “no tiene por qué generar retrasos” en el normal funcionamiento del juzgado puesto que Santamaría seguirá dirigiendo el órgano judicial hasta la llegada de Gómez. “En enero, como pronto”, apuntan fuentes judiciales.

Santamaría había acelerado en las últimas semanas la causa a raíz del escrito de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción y de la citación como investigados de los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los que conminó a personarse durante el mes de noviembre.

Hasta ahora, había requerido documentación al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Junta de Andalucía y también del SAS, a instancias de los fiscales delegados de Anticorrupción, que el 11 de noviembre enviaron su escrito interesando la práctica de varias diligencias de instrucción, que el juzgado había asumido para la determinación de los hechos objeto de investigación, que ahora deberá retomar José Antonio Gómez.

El juez reclamó al Gobierno andaluz el expediente aprobado por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, en el que se sustituyó la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios sanitarios -incluidos los polémicos contratos de emergencia- por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori. La Junta, como ha informado este medio, retiró el control previo a los contratos a dedo apelando a la “madurez” de los gestores de Salud hoy imputados.

Recordemos que la causa judicial ahora en curso reproduce, punto por punto, la investigación iniciada hace más de un año por elDiario.es Andalucía sobre los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.