El interventor general de la Diputación de València que colocó Alfonso Rus ha reconocido este jueves ante el juez del caso Taula que no hizo ningún informe de fiscalización y de control de la legalidad en Imelsa, la empresa pública epicentro de la presunta trama. Durante el periodo en que la presunta banda corrupta saqueó los fondos públicos frenéticamente, con la Diputación de València como escenario central, el interventor no ejerció prácticamente ningún control. De hecho, la Sindicatura de Cuentas ya advirtió del descontrol que reinaba en la empresa pública, capitaneada por el autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, a pesar de ser Imelsa una mercantil de capital 100% público.
Ricardo Camarena Gil ha declarado en calidad de testigo y ha reconocido que no hizo ningún informe de control sobre Imelsa en cuatro años. El hombre, según ha explicado en su declaración, se limitó a externalizar las auditorías anuales de la empresa pública y se centró en otras prioridades. Camarena ha reconocido que la decisión de no emitir los informes de fiscalización y de control de la legalidad en Imelsa, que ha asumido como propia, se la comunicó oralmente a Rus en una reunión.
El exdirector económico financiero José Enrique Montblanch, investigado en el caso Taula, endosó a Camarena la falta de control de legalidad y de fiscalización. La declaración en calidad de testigo del exinterventor de la institución provincial fue solicitada por la acusación popular de la asociación Acción Cívica Contra la Corrupción hace más de dos años. Tras la declaración de Montblanch, la asociación solicitó que el interventor declarara igualmente pero en calidad de investigado, algo que tanto el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València como la Fiscalía Anticorrupción rechazan.
Camarena es hoy interventor delegado en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Máximo Caturla, uno de los principales investigados de la pieza separada sobre la presunta corrupción en Ciegsa, se lo llevó a la Diputación junto con varios arquitectos de confianza. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tumbó hasta en tres ocasiones, tras los recursos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), su nombramiento en el cargo de la Diputación, de libre designación (a dedo). Tras el cambio de gobierno en 2015, el interventor dimitió y volvió a la administración autonómica (el entonces presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, ya había avisado de que lo iba a echar).