Catalá entierra la solidaridad

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Después de la importante labor valenciana de los últimos años en materia de Cooperación y Migración es fundamental continuar reforzando los proyectos, así como los equipos que lo han hecho posible. Sin embargo, el Gobierno de María José Catalá en menos de dos meses ha tirado todo ese trabajo a la basura. La concejalía desaparece y con ella la visibilidad de asociaciones, consejos y proyectos que tuvieron una identidad en el diseño de las políticas municipales. Ahora el ayuntamiento del PP las desprecia. Queda evidente que esta ocultación explícita de la inmigración y la cooperación responde a los pactos con la extrema derecha. Aquella que inventa ladrones inmigrantes y, cuando se descubre, nunca pide disculpas, que estigmatiza a los menores que llegan solos buscando otra oportunidad y evita los acuerdos con las ONG sobre el 0,7% que reclama Naciones Unidas. No nos equivoquemos, Vox ha entrado en el Gobierno valenciano imponiendo su discurso anti-diversidad y el PP, cómplice, no ha tardado nada de tiempo en ponerlo en marcha. 

Si algo han demostrado las entidades de nuestra ciudad ha sido el rigor profesional, la honestidad y los valores que han permitido responder a situaciones tan difíciles como la pandemia, la guerra de Ucrania o la ayuda de emergencia al terremoto de Turquía y Siria, por ejemplo. Diariamente llegan a València personas que huyen de los conflictos de sus países de origen, desastres naturales o perseguidos por su orientación sexual, que dejan su vida para conseguir un camino digno. En otros casos, reciben apoyo técnico para construir pozos, escuelas o viviendas en espacios carentes de infraestructuras. Esa es la realidad transparente y honrada que se ha establecido desde la llegada de los gobiernos progresistas y que partieron de un escenario lamentable heredado del Partido Popular. Recordamos que en 2014 se conoció la sentencia de la primera pieza de la causa del caso de la cooperación: el desvío de casi 2 millones de euros teóricamente destinados a Nicaragua y que se invirtieron en pisos y plazas de garaje en Valencia. Y así ocurriría con varios millones más de trabajo humanitario traducido en vergüenza. Fue el conocido caso Blasco.

Con la llegada de los gobiernos de La Nau y el Rialto, València ponía en valor el trabajo de la cooperación y la solidaridad. Declarada Ciudad Refugio en 2015, afianzaba un modo de hacer política junto a la ciudadanía con la acogida del Aquarius, el proyecto ‘Somos Comercio Justo’ o la creación de la Xarxa Apuja el to contra el racisme, colaborando con alumnado y docentes de más de cuarenta centros educativos. El año pasado fuimos la sede del encuentro de la RECI, la Red Española de Ciudades Interculturales, destacamos por el número de familias que recibimos huyendo de la guerra de Ucrania (más de 7.000), iniciamos la gestión de becas para mujeres de Afganistán de la mano de la Universitat de València, el programa de Protección a Defensores/as de Derechos Humanos o potenciamos los proyectos dirigidos a Sáhara y Palestina. La Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración recibía premios, como el de la Coordinadora de ONGD por sus campañas de comunicación y el de Premio Cruz Roja a su labor Intercultural. 

Una estructura construida por dos consejos, el de Cooperación al Desarrollo y el de Migración e Interculturalidad, formados por casi un centenar de asociaciones, entidades y sindicatos representativos de la pluralidad de nuestra ciudad. Toda una labor que ni tan siquiera aparece en las competencias del área de Bienestar Social del gobierno del PP. Ni una sola alusión en la estructura del Ayuntamiento. Porque una resolución directamente extingue la concejalía y la fulmina del organigrama, tal cual. Ese es el objetivo que nos muestra el Gobierno del PP en València, cumpliendo órdenes de la extrema derecha. Vuelve la caridad y se abandonan las políticas sociales conectadas con la realidad internacional. Y con ello quieren pintar de gris una ciudad que no puede asistir al creciente discurso alarmista y xenófobo sobre la cuestión migratoria, que luchará por construir una València abierta y Mediterránea. Desde el PSPV-PSOE hemos convocado una reunión en septiembre con las entidades, para denunciar conjuntamente la situación y plantear nuevas medidas que impidan borrar un área fundamental en nuestra ciudad.

  • Maite Ibáñez es concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València