La desidia de la Generalitat Valenciana por cobrar a los hospitales privatizados: todavía quedan pendientes 38 liquidaciones

La Generalitat Valenciana, bajo el mando del PP, no parece tener ninguna prisa por cobrar a las empresas que gestionan los hospitales privatizados -también con el PP al mando- las deudas por las liquidaciones anuales. Es más, en el último año no ha cobrado apenas un 1 % del montante que estima adeudado a las arcas públicas. La Sindicatura de Cuentas, ente que fiscaliza a la Administración Pública valenciana, refleja en su informe de fiscalización del último ejercicio completo que, a 31 de diciembre de 2023, existían 38 liquidaciones anuales pendientes de aprobar de las cinco concesiones sanitarias que prestan servicio en la autonomía.

El organismo que dirige Vicent Cucarella afea a la Conselleria de Sanidad no haber facilitado información sobre la deuda pendiente. Según indica, el departamento de Marciano Gómez, artífice de las privatizaciones sanitarias con Eduardo Zaplana, no ha facilitado el informe con las estimaciones de las liquidaciones y los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto pendientes de aprobar, un documento que se remite cada año. La opacidad de la conselleria, o “ausencia de información actualizada” ha supuesto “una limitación al alcance” del trabajo de la Sindicatura. El pasado año solo se cobraron cinco liquidaciones por un importe de 3,8 millones de euros, recoge el documento presentado ante las Corts Valencianes y el Consell.

“Dado que las liquidaciones pendientes se pueden ver modificadas en las diferentes fases de tramitación y pueden plantearse nuevos litigios por las concesionarias, hay una incertidumbre sobre el importe de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar pendientes de reconocer por la Generalitat”, apunta la Sindicatura en el informe de fiscalización.

La deuda de las concesionarias con la Generalitat Valenciana no es un importe cerrado. Depende de un cálculo que debe hacer Sanidad anualmente, basado en la población, las prestaciones y el contrato, y que las empresas pueden recurrir, como ya ha sucedido en varios casos por la vía judicial, lo que retrasa el cobro de millones de euros. En marzo de 2023, el Consell, aún de izquierdas, reconoció una deuda de 641 millones de euros de las cinco empresas con la Generalitat Valenciana. Seis meses después, el PP redujo el cálculo a la mitad.

En una de sus primeras comparecencias parlamentarias, el titular de Sanidad apuntó que se “recalcularon” los importes en los primeros meses de coalición PP-Vox, insistiendo en que “los valencianos no van a perder ni un céntimo de euro por las liquidaciones”. “A día de hoy las cifras son de 356 millones de euros”, afirmó Gómez, que afeó al Ejecutivo del Pacto del Botánico que “en ocho años no se hiciera ninguna” liquidación a estas empresas. Después, su departamento apuntó que algunas empresas como Ribera Salud ya habían pagado una parte, en concreto la del Hospital de Dénia. El dirigente popular también parece afrontar con desidia la reclamación de la deuda sanitaria.

Facturas del IVO

El informe de Cucarella revela que Sanidad ha pagado facturas del IVO, el centro de referencia en investigación oncológica, por prestaciones realizadas entre 2012 y 2023 a pacientes incluidos en la población protegida de las concesionarias. Unas prestaciones que “no se han incluido habitualmente en las liquidaciones anuales aprobadas de las concesiones”, aunque la Conselleria “ha iniciado un procedimiento independiente de reclamación a cada una de las concesionarias”. Ello debería hacer aumentar la deuda de las concesionarias, pendiente de un cálculo cerrado.

También destaca que las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada sanitaria entre la Conselleria y la Fundación IVO han afectado al objeto contractual y han provocado “interpretaciones controvertidas” en su ejecución, por lo que “deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo que recoja las condiciones necesarias para su adecuada ejecución”. Así, concreta que, de los 82,4 millones de euros de obligaciones reconocidas en 2023, 19,6 se han tramitado a través de expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto.