Tres entre un millón de mutualistas con la asistencia sanitaria en el aire: “¿Qué hago yo con el tobillo a medias?”

Enero aparece ya a la vuelta de la esquina y la crisis de Muface no termina de cerrarse. Aunque parece que empieza a encaminarse: el Gobierno cedió la semana pasada a la presión de las aseguradoras y de los sindicatos con una segunda licitación que aumenta un 33,5% la prima –lo que se abona por cada paciente– en tres años; ahora son las compañías (Asisa, DKV y Adeslas) quienes tienen hasta el 15 de enero para decidir si concurren o no en estas nuevas condiciones, según los pliegos publicados este lunes en el Portal de la Contratación Pública. Mientras el Gobierno espera el próximo movimiento de las empresas, un millón de funcionarios públicos con sanidad privada siguen “conteniendo la respiración”.

Son las palabras que usa Mayka, una profesora jubilada y residente en Gran Canarias que hace seis meses se rompió el tobillo en tres pedazos. Tras dos intervenciones y una infección importante, se encuentra en unas semanas clave de su recuperación con sesiones de rehabilitación y revisiones periódicas. Es ahora cuando las piezas de su hueso han empezado a ensamblarse. “¿Qué hago yo con el tobillo a medias, ponerme en las listas de espera de traumatología de la Seguridad Social?”, se pregunta en conversación con elDiario.es. Está asegurada en DKV. Su marido ha pedido acelerar a enero una intervención de próstata pendiente. “No es nada maligno, pero sí incómodo. Con este ejemplo quiero contar que tenemos muy presente, nosotros y los médicos, esta situación”, subraya la profesora.

Jesús Grau, de 66 años, lleva en seguimiento oncológico casi una década tras sufrir un cáncer de próstata en 2014. En la última revisión le vieron unos pólipos que debe vigilarse. Acude anualmente también al cardiólogo porque tiene una hipertrofia en una mitad del corazón. “Cuando ya tienes patologías la cosa se pone más peliaguda”, subraya este jurista jubilado hace un año que eligió Asisa.

Adrián –su nombre no es real– también está atravesando la incertidumbre con cierta desazón. En su caso, recibe todos los meses un tratamiento contra la espondilitis anquilosante –un tipo de artritis que causa inflamación en la columna vertebral– para calmar los dolores asociados a la enfermedad. “Mi miedo es que la burocracia haga que esté dos o tres meses sin la inyección. Incluso me he llegado a preguntar: ¿y si me dicen que no?. Cada inyección cuesta unos 1.000 euros y me las autorizan, con un informe del reumatólogo, cada dos años”, explica al otro lado del teléfono este funcionario del Estado también retirado y paciente, como Grau, de Asisa.

Un punto de no retorno

Los tres pacientes forman parte de ese grupo de funcionarios que se han hecho mayores con Muface. El nuevo pliego incluye para ellos una prima mayor de aseguramiento en comparación con los más jóvenes (ya no es lineal). Están en el epicentro de la crisis porque son los más numerosos –los de nuevo ingreso eligen cada vez más la asistencia pública– y, a la vez, los que consumen más recursos. Y asumen que si este modelo no cae mañana, caerá pasado. Casi nadie piensa que este movimiento de tierras se reconducirá como si nada hubiera pasado. Aunque todo salga según espera el Ministerio de Función Pública –el que ha propuesto la nueva licitación–, todas las partes implicadas en el conflicto asumen que el modelo tendrá que reformularse en tres años. Lo que duraría la próxima concesión.

También muchos pacientes. Mayka, Jesús y Adrián defienden más o menos lo mismo: una transición más tranquila de todos los mutualistas a la sanidad pública que permita una mínima planificación. “Me he acostumbrado durante 46 años a este sistema de asistencia y en mis circunstancias actuales me causa un grave trastorno el cambio, pero tengo clarísimo que Muface tiene que desaparecer. Ya no tiene sentido que unos determinados funcionarios tengamos un régimen diferentes al del resto de trabajadores, aunque la extinción debe hacerse de forma paulatina y ordenada”, defiende Grau, que nunca se planteó un cambio en estas cuatro décadas. En enero de cada año, según las condiciones actuales, los mutualistas pueden saltar de la sanidad privada a la pública y viceversa.

Mi miedo es que la burocracia haga que esté dos o tres meses sin la inyección. Incluso me he llegado a preguntar: ¿y si me dicen que no?

Adrián, funcionario jubilado con un tratamiento crónico

Mayka sí ha cambiado a lo largo de su vida laboral. Los primeros años eligió la sanidad pública, cuenta, hasta que tuvo un problema de salud al que no se dio respuesta como esperaba por la saturación de las urgencias en Gran Canaria. “Me tuvieron todo el día tirada en urgencias con un cólico de muerte para decirme que mi caso no era urgente y que me llamarían para una ecografía. Era momento de cambiar y opté por una aseguradora privada. El asunto acabó en peritonitis producida por una apendicitis no tratada”, recuerda. Y hasta hoy. “No voy a mentir, estaba pensando en pasarme a la pública, pero como el tobillo no ha ido bien ahora mismo tendría un futuro muy incierto”, añade. Sigue coja, con muleta y sesiones de rehabilitación, a la espera de una consulta con el traumatólogo en enero.

Mientras el ministro de Función Pública, Óscar López, admite que Muface no es perfecto y “requiere reformas”, el ala de Sumar del Gobierno –de la que forma parte la ministra de Sanidad, Mónica García– apuesta por plantear “desde ya” una hoja de ruta para el traspaso al sistema nacional de salud una vez se extinga el nuevo concierto. El grupo parlamentario de Sumar presentó, en la misma línea, una proposición no de ley en el Congreso con la idea de ir marcando ese camino.

Aunque de momento la “prioridad” de la parte socialista del Gobierno, la competente para gestionar la crisis, es “licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas”. Salvar los muebles y encomendarse a hacer las revisiones necesarias en un plazo de tres años. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad”, dijo por su parte la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En las próximas tres semanas, cuando termina el plazo dado a las aseguradoras para concurrir, se confirmará si el problema está resuelto. Al menos hasta nuevo aviso.