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Este jueves, 23 de mayo, cuando todavía no se ha cumplido un año de las pasadas elecciones autonómicas y Carlos Mazón apenas lleva diez meses como president de la Generalitat –en virtud del acuerdo de Gobierno rubricado por el PP y Vox–, el Consell 'del cambio' verá cómo se produce la primera gran movilización ciudadana contra su gestión. Se trata de la huelga general en la educación pública valenciana no universitaria convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra las políticas impulsadas por el conseller José Antonio Rovira y contra la ley de 'libertad' educativa del Partido Popular y Vox que actualmente se está debatiendo en el Parlamento autonómico. La convocatoria cuenta con el respaldo de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís.
El pasado lunes se produjo un encuentro entre las entidades convocantes y el titular de Educación en el que quedó patente, como reconoció el propio Rovira, que las posturas de ambas partes están “muy alejadas”. Así, mientras desde la Plataforma aseguraban que el conseller no había realizado “ningún intento” por resolver el conflicto, el titular de Educación no dudó en rechazar las reivindicaciones de coordinadora ciudadana al considerar que se trata de una enmienda a la totalidad del programa electoral del PP, “que es el que estamos desarrollando”. Rovira fue más allá al calificar de “política” la huelga porque se ha convocado en la previa de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
67.000 docentes y 543.000 estudiantes llamados a la huelga
Oficialmente, están llamados a hacer huelga, porque tienen derecho a hacerla, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y los de primero y segundo de Bachillerato. En Primaria y primero y segundo de la ESO, es decisión de sus familias si los estudiantes van o no a clase: “En esos niveles, la decisión de las familias también está condicionada por la conciliación; habrá familias que apoyando la huelga, no tengan más remedio que llevar hijas e hijos a la escuela”, explican desde la plataforma. En total, se trata de unos 67.000 docentes y 543.000 alumnos.
Para protestar contra las políticas del Gobierno autonómico del PP y Vox se han convocado más de una decena de movilizaciones a lo largo y ancho del territorio valenciano que tendrán lugar en la mañana de este jueves: Torrevieja, a las 11 horas en la plaza de la Constitución; en la plaza de España de Alcoi a las 11; a esa misma hora a la puerta del ayuntamiento de Elche; a las 12.30 horas en el parque 9 d'Octubre de Petrer; a las 11 delante del ayuntamiento de Dénia; en la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante a esa misma hora; también a las 11 horas frente a la dirección territorial de Educación de Castelló de la Plana; a las 11 ante los ayuntamientos de Alzira y Gandia; a las 10 horas en la plaza Mayor de Ontinyent; a las 11 horas en el Triángulo Umbral del Puerto de Sagunto; y en el Parterre de la ciudad de València a esa misma hora.
En la tarde de este jueves hay convocadas tres grandes manifestaciones en las tres capitales valencianas: a las 18 horas en las escaleras del Jorge Juan de Alicante; a las 19 horas en la plaza de María Agustina de Castelló de la Plana; y a las 18 horas en la plaza de San Agustín de València.
No a la ley de 'libertad educativa'
La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que engloba a sindicatos y entidades ciudadanas como STEPV, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, Fampa–València y Adep–PV, considera “irrenunciables” sus reivindicaciones al Gobierno valenciano, por lo que ha exigido reiteradamente la reversión de todas las políticas impulsadas por la conselleria en pro de una “educación pública de calidad sin retrocesos”.
La primera de las exigencias de la comunidad educativa es la retirada de la llamada ley de 'libertad' educativa que impulsan Partido Popular y Vox en el Parlamento autonómico que aseguran tiene como objetivo “marginar el valenciano en la enseñanza y la sociedad”. “La lengua no se toca”, sentenciaba al respecto Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana y miembro de la Plataforma. Sobre esta iniciativa legislativa, un informe elaborado por expertos de la Universitat de València ya advertía de que se trata de una norma “innecesaria, discriminatoria y regresiva” que, “invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica a los valencianohablantes, que no podrán hacer valer sus derechos”.
Los convocantes también reclaman que la Generalitat se replantee los recortes en el plan Edificant, que “han dejado a los ayuntamientos y centros sin el presupuesto necesario para las obras que garanticen las mejoras de los espacios educativos”. Por este motivo, exigen el incremento de las partidas presupuestarias para infraestructuras educativas, “recortadas en el presupuesto de 2024”. Así mismo, exigen la ampliación de la red pública de 0 a 3 años para “evitar la privatización del primer ciclo de Infantil.
Distrito único “segregador”
Otro de los puntos clave es la demanda de que se elimine el distrito único en la admisión del alumnado, recuperado para el próximo curso por el departamento de Rovira. “Es una medida segregadora que sólo pretende favorecer el trasvase de alumnos de la pública a la concertada”, sostienen, y añaden que esta iniciativa “no promueve la libertad de elección de las familias, sino la selección de los centros concertados del alumnado que comulgue con su ideario”. “El distrito único fomenta claramente la privatización y la segregación escolar”, sentencian.
De igual forma, demandan la reversión de los recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas y de 206 unidades de Infantil y Primaria, “de acuerdo con la propuesta de arreglo escolar”: “Estos recortes afectan a la calidad y a la atención educativa del alumnado y a las condiciones laborales de los equipos docentes”, critican. Por último, reclaman una mejora de las condiciones laborales del profesorado: incrementos retributivos, reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, supresión de la burocracia, aumento de las plantillas y una bajada generalizada de ratios.
Servicios mínimos en los centros
Los servicios mínimos establecidos por la Conselleria de Educación, tal y como aseguraba esta misma semana Rovira, son “los mismos que en ocasiones anteriores”. Es decir, en todos los centros deberá haber una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. Además, en los centros de Infantil y Primaria se contará con un maestro por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades, y en los centros de Infantil deberán estar presentes dos educadores de educación infantil cuando el centro tenga cinco o menos unidades, y tres en el caso de más de cinco unidades.
En los centros específicos de Educación Especial se requerirá la presencia de dos educadores por cada cinco unidades.
En Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de idiomas y artísticas habrá un profesor o una profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades; mientras que en los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.