El TSJ condena con prisión a Correa, 'El Bigotes' y una exconsellera de Camps por las mordidas de Gürtel en Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha condenado a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez 'El Bigotes' y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez, por la operación urdida para conceder de manera irregular varias adjudicaciones de la Generalitat entre 2004 y 2009, cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana, a una empresa de la trama.
Correa, Pérez y Crespo son culpables de tres delitos: Asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. La consellera, que también fue presidenta del parlamento valenciano, de malversación y cohecho pasivo. El tribunal ordena la confiscación del reloj regalado por la trama a Martínez, un Hublot valorado en 2.400 euros o, en caso de no hallarse, el decomiso de esa cantidad.
El jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, ya condenado en el caso de los trajes en el que Francisco Camps fue absuelto, ha sido castigado con 6 años de prisión. Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, con 7; Jorge Guarro, ex jefe del servicio de Promoción de la misma agencia, a 4 y Ana Grau, exresponsable de Ferias de la conselleria, a 3. Por contra, otra exconsellera de Turismo, Angélica Such, ha sido absuelta, al igual que el exjefe de infraestructuras de la Agencia Valenciana de Turismo, Juan Bover.
En total, 11 de los 13 encausados han sido condenados. El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
El tribunal acepta las tesis de la Fiscalía: las adjudicaciones se hicieron a pesar de la falta de experiencia de la compañía, de sus precios, casi siempre los más caros, y de que la justificación de los trabajos se hacía alegando tareas no hechas o directamente con facturas falsas. Orange Market facturó 5 millones de euros solo con sus encargos para Fitur.
El fallo, de 558 folios, es demoledor. Según el TSJ, el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. Es más, las mercantiles de Correa -Orange Market y demás- carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, que se limitaban a subcontratar a terceros.
Así, sin apenas estructura y gracias a sus conexiones con el poder, obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse con unos márgenes de beneficio desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes, dice el TSJ. Varios organismos de la Generalitat - Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte- no solo no controlaban los costes, sino que alteraron los criterios de adjudicación de los contratos para beneficio irregular de las empresas de Correa.
Éstas tenían, dice el fallo, información privilegiada, conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos y en muchos casos conseguían modificar estos a su conveniencia con la connivencia de la Generalitat. Isabel Jordán (seis años), Mónica Magariños (cuatro) y Cándido Herrero (tres), trabajadores de las empresas de la Gürtel, también han sido condenados por asociación ilícita y prevaricación administrativa.
El fallo llega un día después de que varios empresarios, contratistas habituales con la administración, reconocieran que financiaron ilegalmente al PP valenciano. La sentencia, que juzga hechos cometidos desde 2005, ha tardado diez meses en redactarse desde la conclusión del juicio. Fuentes judiciales creen que este fallo condicionará la estrategia de defensa de Correa y sus adláteres en el resto de causas judiciales de Gürtel.
