Contra el déficit de vivienda pública

La acuciante crisis de la vivienda

Ensayo en València: alquiler asequible frente a las permutas con promotores

Una de las cosas de las que menos orgullosos pueden estar los gobiernos de la democracia en España, de uno u otro signo, es la política de vivienda, o el déficit, cuando no la ausencia, de esa política. No es casual que Gobierno y oposición inicien este año 2025 con sendos anuncios de sus planes en una materia que se ha convertido en un problema acuciante que se ceba con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y sobre todo con las generaciones más jóvenes. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han presentado estos días sus propuestas, llamativamente diferentes.

Mientras el PP apuesta por su clásica rebaja de impuestos y por favorecer la construcción de pisos en propiedad, como si no hubiésemos aprendido nada de la crisis de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno de izquierdas que preside el socialista Pedro Sánchez pretende crear un gran parque de vivienda social destinado al alquiler asequible, articular ayudas al acceso y establecer penalizaciones para frenar la presión sobre el precio, entre otras medidas, como la limitación a la compra por parte de extracomunitarios no residentes y que las viviendas turísticas pasen a tributar como actividad económica -que son propuestas de Sumar-, o la exención fiscal completa para los propietarios que alquilen según el índice de referencia -que es una iniciativa del PSOE. El presidente Sánchez resumió así la idea: “Lo que sobran son airbnbs y faltan viviendas”.

La pieza clave del plan estatal es una nueva empresa pública, anunciada por la ministra Isabel Rodríguez, que se basará en la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), incluirá a la Sareb y promoverá y construirá vivienda asequible para venta y alquiler en suelo propiedad de la Administración General del Estado. Esa empresa pública echará a andar con la promoción de 438 viviendas en València. Concretamente, en los terrenos, ya urbanizados, del antiguo Cuartel de Ingenieros, en el barrio de la Raiosa. Se trata de un proyecto que anunció hace un lustro José Luis Ábalos cuando era ministro de Fomento y que tiene un componente de regeneración urbana en esa área de la interminable avenida de San Vicente. Puede decirse que la urbanización de la zona, culminada en los últimos meses de la alcaldía de Joan Ribó, pone en bandeja al Gobierno de España la posibilidad de utilizar a corto plazo ese proyecto como una especie de ensayo del modelo que defiende.

Frente a esta línea, el Consell que preside Carlos Mazón opta por la permuta para que el constructor o promotor se quede el suelo en propiedad a cambio de ceder un número de viviendas sin especificar. Además de haber aumentado el precio máximo de la vivienda protegida, la Generalitat Valenciana, con el PP en el Consell, hace así una enmienda a la totalidad de la política que desplegaba la Conselleria de Vivienda del anterior Ejecutivo del Pacto del Botánico, que preveía ceder parcelas a las promotoras para que construyan vivienda asequible de alquiler con ayudas europeas, unas parcelas que al cabo de los años revierten al patrimonio de la Generalitat.

Con el argumento de que los concursos de cesión de suelo quedaron desiertos, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Ehva) ha sacado a licitación la venta por permuta de una serie de parcelas residenciales de propiedad pública, algunas de la propia Generalitat y otras de ayuntamientos con los que ha acordado este procedimiento. Sagunt, Xàbia, La Vila Joiosa, Castelló de la Plana, Alicante, Elche, Sant Joan, Sant Vicent del Raspeig y la ciudad de València son algunos de los municipios donde se plantean estas permutas que, como ha señalado la diputada socialista en las Corts Valencianes y exconsellera María José Salvador, “suponen la pérdida de patrimonio público”, ya que implican “construir viviendas que pasarán a manos privadas sin limitación de protección pública”. Desde la vicepresidencia que dirige Susana Camarero, que tiene las competencias en la materia, defienden la fórmula de las permutas con constructores o promotores de esta manera: “El derecho de superficie es para vivienda en alquiler asequible, que es más demandado en grandes ciudades, y la permuta permite alquiler, alquiler con opción a compra y venta, siendo estos formatos compatibles y una fórmula más viable en determinadas ubicaciones, lo que permite que las licitaciones no queden desiertas”.

La dicotomía no parece insignificante. Entregar suelo a los promotores o ceder terrenos que seguirán siendo públicos son acciones que generan expectativas distintas. Veremos en unos años si una fórmula produce de verdad alquileres asequibles y comprobaremos cómo la otra no hace más que poner pisos en el mercado.

Visto y leído

El PP aplaude a Mazón. Los dirigentes del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, dedicaron un prolongado aplauso. durante su reunión en Asturias, al líder valenciano Carlos Mazón. La figura del presidente de la Generalitat Valenciana está en el centro de la indignación ciudadana en València por su ausencia en los momentos críticos de la DANA que se cobró 223 muertos.

Compromís ayuda a reprobar a la alcaldesa de Paiporta. En un tenso pleno, el PP consiguió reprobar a la alcaldesa socialista de Paiporta, núcleo de la zona cero de la DANA, con los votos de Vox y de Compromís, por su actuación tras las inundaciones en el municipio donde se registraron más víctimas mortales. Es difícil pensar que los valencianistas no actuaron así por venganza, dado que el PSPV optó por no pactar con Compromís tras las últimas elecciones y formó un gobierno local en minoría que ahora le ha pasado factura.

La alcaldesa de València se va a Bruselas y mete la pata. La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, que ha intentado pasar inadvertida sobre las inundaciones causadas por la DANA, se fue a Bruselas y denunció que el Gobierno de España no había pedido fondos de la Unión Europea para la reconstrucción. Este diario la dejó en evidencia al publicar la carta que la desmiente, en la que el Ejecutivo español comunicó a la UE la solicitud de fondos ya el día 4 de noviembre. 

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