STEPV denuncia “represión” de Educación a centros y profesorado “por defender el uso y la enseñanza del valenciano”

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha protestado este lunes a las puertas de la Dirección Territorial de Educación en Alicante para denunciar la “represión” que, a su juicio, lleva a cabo la Conselleria que dirige José Antonio Rovira “contra centros educativos y profesorado por defender el uso y la enseñanza del valenciano”.

Los representantes de los docentes aseguran que la administración autonómica “está enviando a inspectores e inspectoras a fiscalizar las actividades y la cartelería que se está colgando en los centros educativos para promover el valenciano”.

El sindicato mayoritario sostiene que ha recibido “quejas” desde casi todas las comarcas alicantinas, incluidas la Marina Alta y la Marina Baixa, “donde se ha obligado a los centros educativos a retirar cartelería de promoción del valenciano”, o l'Alcoià, “donde la inspección invitó a miembros de los Consejos Escolares Municipales a no expresarse en el proceso de la consulta educativa”.

Además, asegura que incluso ha habido “amonestaciones orales a profesorado de centros” de las comarcas del Vinalopó “por colgar carteles en clase de valenciano, donde se habla de las virtudes del plurilingüismo en una materia cuyo currículum aborda esta cuestión”. “Estas intervenciones de la inspección educativa han hecho que mucho personal docente se autocensure y se cree malestar en los claustros docentes”, añade.

Actividades y cartelería “legales”

Todo ello cuando recalca que “estas actividades y la cartelería para promover el valenciano son totalmente legales, tal y como está recogido en reglamentos orgánicos y funcionales, en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) y en el Estatuto de Autonomía”.

En esta línea, STEPV recuerda que la propia LUEV establece que “la administración debe promover el valenciano y garantizar su aprendizaje”, por lo que considera que “supone una vulneración de los derechos de expresión y libertad de cátedra del profesorado, así como de la autonomía de los centros escolares”.

El sindicato mayoritario en la enseñanza abordará esta situación en la próxima reunión que prevé mantener este jueves 6 con el director territorial de Alicante, “fruto de una resolución de la junta de personal docente no universitario, que ya denunció estas actuaciones”.

En este contexto, STEPV acusa a la Conselleria de “convertir” la Inspección educativa “en un cuerpo represivo, totalmente alejado de sus funciones de asesoramiento”. También advierte que “no tolerará” la apertura de expedientes a profesorado o equipos directivos por esta cuestión.

Por último, pone sus servicios jurídicos “a disposición de las personas que lo necesiten” y se compromete “a llevar los casos que quieran denunciar los centros y el profesorado afectado al Comité de Salud y Seguridad Laboral” por “coacción a la actividad docente”. También anima a la comunidad educativa a “denunciar estos abusos y solidarizarse con los afectados”.

Familias que no pueden ejercer su derecho al voto

Famílies pel Valencià también ha denunciado que muchas familias “no están podiendo ejercer su derecho a voto” en la consulta lingüística en la educación valenciana, “aunque se tengan todos los datos correctos”. Según concretan, este hecho “se está produciendo, sobre todo, aunque no exclusivamente, en familias que tienen niños y niñas en acogida o en fines de adopción”; es decir, aquellas que pueden convivir de manera provisional con los hijos adoptantes antes de la adopción judicial.

Estas familias critican la “falta de información de la Conselleria en este aspecto”, ya que “no había ninguna referencia en la orden a los procedimientos que se tenían que seguir para poder participar en la consulta”.

La conselleria ha añadido una cuestión respecto a este tema en el apartado 'preguntas frecuentes' de la web sobre la consulta, pero la asociación censura que “lo ha hecho el 26 de febrero, cuando el plazo para la reclamación del censo ya había finalizado y cuando la consulta ya estaba en marcha”.

La entidad indica que también hay quejas por parte de las familias que están intentando votar con NIE, ya que el sistema “tampoco las reconoce, no han podido ejercer su voto o han tenido muchísimas dificultades para completar el proceso”.

Unos hechos “muy graves” que, a su juicio, demuestran la “falta total de garantías democráticas” que tiene esta consulta“. Por este motivo, animan a las familias afectadas a presentar las reclamaciones oportunas ante las autoridades competentes y, en caso de no resolverse positivamente, a valorar la impugnación del procedimiento porque ”se está vulnerando su derecho a voto“.

Famílies pel Valencià se pone a disposición de las familias afectadas para “ayudarles y acompañarles en todo lo que necesitan”. Desde el inicio del procedimiento de la consulta, ha recibido “cientos” de quejas de familias que se han equivocado en algún apartado en el procedimiento de la votación.

Desde que empezó la campañaa, conjuntamente con la Plataforma per l'Ensenyament Públic, para reclamar el derecho a la rectificación del voto y del baremo, ya hay “más de cien” reclamaciones interpuestas ante la direcció general de Ordenación. Además, “muchas familias ya han avisado de que si hoy no se resuelve su caso presentarán nuevas reclamaciones”.

Por todo ello, exigen a la conselleria “solucionar todos estos problemas con la mayor celeridad posible, ya que mañana finaliza el plazo de la votación”. “En caso de que no lo hagan, se valorarán todas las posibilidades legales para impugnar el procedimiento por la falta de garantías democráticas tanto a las familias que no han podido ejercer su voto como para aquellas que están teniendo muchos problemas para poder hacerlo”, advierten.