La Audiencia de Madrid avala ampliar la investigación contra la pareja de Ayuso por su relación con Quirón

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido avalar que la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. Los jueces han rechazado el recurso de Alberto González Amador contra la apertura de una pieza separada: “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explican.

El pasado octubre, la jueza Inmaculada Iglesias abrió una pieza separada para investigar los posibles nuevos delitos cometidos por Alberto González Amador, que estarían recogidos en la inspección fiscal que se le realizó durante dos años. Justo a tiempo para evitar un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, presentó el 24 de junio un escrito solicitando la ampliación de la investigación. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.

Contra esa decisión de ampliar la investigación a una pieza separada recurrió la defensa de González Amador ante la Sala de lo Penal. Y ha sido su Sección Tercera la encargada de resolver. La Fiscalía, que hasta el mes pasado apoyaba un acuerdo con González Amador, propuesto por este, para ser condenado a ocho meses de cárcel y una multa que le evitaran el ingreso en prisión, cambió de opinión al tener que pronunciarse obligatoriamente sobre el recurso del investigado contra la ampliación de la investigación. La Fiscalía aprecia ahora un posible delito de corrupción en los negocios y pide que se investigue este y una ampliación del delito fiscal.

La pieza separada permitiría entrar de lleno en la relación entre González Amador y el Grupo Quirón, el mayor contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.

“La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente en los últimos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales, según desveló este periódico en marzo de 2024.

Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.

A finales de 2020, la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”.

Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según concluyó Hacienda y la Fiscalía. La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”. 

La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”. 

El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. Hasta aquí parte del delito fiscal del que se acusa formalmente a González Amador.

El resultado de la operativa fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanjó la administración.

La acusación popular presentó el 24 de junio, en la misma jornada en la que González Amador pretendía cerrar un acuerdo de conformidad y reconocer los dos delitos fiscales y la falsificación de documentos, un escrito en el que solicitaba ampliar la investigación.