Urbanismo, drogas y prostitución: arranca doce años después el juicio por el asesinato del alcalde de Polop

Alejandro Ponsoda, entonces alcalde del PP de Polop, una localidad de la Marina Baixa alicantina situada a 12 kilómetros de Benidorm, fue tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007.

Han pasado más de 12 años y el juicio de un caso que ha pasado casi desapercibido a nivel estatal se inicia este lunes, 13 de enero, con un jurado popular y siete imputados: el sucesor de Ponsoda en la alcaldía polopina, Juan Cano –también del PP–, como autor intelectual junto con un empresario del calzado de la localidad, Salvador Ros; los supuestos autores materiales Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, los dos últimos de nacionalidad checa, que habrían ejercido como sicarios de Cano; así como el propietario y el gerente de un club de alterne a la salida de Benidorm en dirección a Finestrat de nombre Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente.

La práctica totalidad del peso de la acusación recae en las tres declaraciones ante los agentes de la UCO y la jueza Mª Antonia Raedo –que llevó la mayor parte del peso de la instrucción del caso– de un testigo protegido (TP) quien casi dos años después del asesinato de Ponsoda se ofreció a desvelar que le brindaron a él la posibilidad de matar a Ponsoda por 35.000 euros, pero se negó y luego facilitó los nombres de quienes podrían ejecutarlo, que habrían cobrado 50.000 euros, según el auto de enjuiciamiento. Cuando declaró TP, en julio y agosto de 2009, el exalcalde llevaba casi dos años muerto, a pesar de lo cual se le facilitó una identidad nueva y se le ha mantenido protegido hasta ahora.

Una instrucción complicada

La instrucción del caso se convirtió en un calvario para el juzgado de la Vila Joiosa en el que recayó la causa, una más entre las casi 2.000 que tenía pendientes de resolver en 2007. Y también la investigación. No han aparecido las armas, nadie ha reconocido la participación en los hechos, no hay testigos directos y todo se basa en un testigo protegido que el verano de 2007, cuando dijo que le ofrecieron matar a Ponsoda, fue grabado traficando con drogas y anabolizantes en diferentes localidades de la Marina Alta y Benidorm en el curso de otra investigación que llevaba un juzgado de Dénia con pinchazos telefónicos, el llamado caso Músculos, y además trabajaba en una discoteca de Villena, aunque él dijo que estaba contratado en el Mesalina.

Para acabar de enredarlo más, la UCO atribuyó el móvil del crimen a razones urbanísticas, si bien la causa separada que se abrió en otro juzgado de la Vila se limitó a la investigación de la compra-venta de una parcela por parte de Juan Cano y otro exconcejal popular y encima se archivó porque, en cualquier caso, los hechos habían prescrito.

Sin embargo, la Guardia Civil abandonó muy pronto, a los cuatro meses de iniciar la investigación del caso, las indagaciones sobre la vida privada de Ponsoda, que aquel 19 de octubre, cuando fue asesinado, era portador y estaba tratándose en València de dos enfermedades de transmisión sexual, una de ellas durante más de una década.

En el auto de hecho justiciables de mayo de 2019 se acusa a Cano de haber intentado la creación de una gerencia de Urbanismo externa al Ayuntamiento entre 2003 y 2007, cuando fue apartado de las listas populares por Julio de España, entonces presidente provincial del PP, por una supuesta grabación en la que Cano y otro edil intentaban extorsionar a un empresario con intereses en Polop. Cano, no obstante, volvió como número 2 a la lista municipal en mayo de 2007 y recuperó la concejalía de Urbanismo, a pesar de lo cual habría decidido asesinar a Ponsoda, según la acusación, a quien sucedió en la alcaldía.

El caso se enjuicia con incógnitas por desvelar. TP declaró que en el reservado del prostíbulo donde le ofrecieron matar a Ponsoda el verano de 2007 estaban el dueño y el gerente del club, Cano y el empresario del calzado, pero también una mujer rubia acompañada de un hombre que nunca han sido identificados y de los cuáles nada se sabe.

Por otro lado, la jueza que llevó la instrucción llego a retirar la imputación a los acusados de la autoría material del crimen por falta de pruebas, pero luego le enmendó la plana la Audiencia de Alicante, que los volvió a imputar ante el eminente peligro de que todo el caso se desmoronara, ya que sin autores materiales era muy difícil sostener la acusación de la autoría intelectual.

La causa tiene todos los elementos de una novela negra. El asesinato de un alcalde por supuestas razones urbanísticas, que investiga un cuerpo policial de élite por prostíbulos y bajos fondos de l’Alfàs del Pi y Benidorm, drogas (dos de los acusados ya habían sido detenidos por traficar con cocaína), un testigo protegido que trabajó de sicario para gobiernos y guerrillas africanas, matones que habían trabajado como porteros de clubes nocturnos… Y hasta fútbol. Un imputado incluso había ejercido como intermediario de futbolistas mediocres con pasaporte falso italiano para que pudieran pasar como comunitarios y jugar en categorías inferiores.

Las sesiones del juicio tendrán lugar del 13 al 30 de enero en la Audiencia Provincial de Alicante. En el peor de los casos, los acusados ya cuentan con el atenuante de la dilación indebida. Serán juzgados más de 10 años después de ser detenidos y más de 12 después de un crimen que sigue acarreando al menos tantas incógnitas como certezas.