El Ayuntamiento de València solicitará a las Cortes Españolas y al Gobierno “una reforma urgente en profundidad” de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la conocida como Ley de Mecenazgo.
El Pleno Municipal ha acordado este jueves dirigise al Parlamento y al Ejecutivo central para impulsar unas modificaciones “dirigidas a garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio”.
Así lo exigen tanto la Constitución Española en su artículo 14, y el Tratado Fundacional de la Unión Europea, en su artóculo 107, ha recordado el alcalde de València, Joan Ribó, durante la reunión del Pleno del mes de septiembre.
La propuesta de acuerdo ha salido adelante con los votos de los tres grupos políticos que integran el Govern de la Nau, y en contra de la postura del grupo popular, mientras que Ciudadanos se ha abstenido en la votación.
El Pleno ha aprobado así instar al Gobierno del Estado a “dejar a los ayuntamientos la disrecionalidad de aplicar o no las exenciones fiscales y, en el caso de mantener determinadas exenciones en virtud del amparo de la Ley, a compensar a las haciendas locales la pérdida de estos ingresos, como ya se hace con los centros de educación concertada”.
El alcalde ha defendido la necesidad de abordar esta reforma desde el convencimiento de la necesidad de gestionar con la base de los valores de la equidad y la igualdad fiscal, “principios fundamentales de una sociedad democrática”, ha afirmado.
Joan Ribó ha recordado, además, que la Declaración de València, documento firmado el pasado 2017 por la mayoría de alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades del territorio español, reunidos en nuestra ciudad, “ya recogía y subrayaba la necesidad de acometer esta reforma”.
“Las exenciones fiscales son claramente contrarias al derecho comunitario”, ha añadido.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, se ha mostrado de acuerdo con el principio de igualdad, pero ha matizado que la definición de una actividad como lucrativa o no “no deriva de la actividad en sí, sino de la asignación que dé al
beneficio obtenido“.
Giner ha acusado al alcalde de “actuar como un juez y decidir qué es correcto y qué no”. En parecidos términos se ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, Eugenio Monzó, quien ha asegurado que Joan Ribó actúa “desde su inquina personal a la iglesia católica”.
Monzó ha afirmado que “ninguna actuación administrativa respalda esta decisión del Pleno”, y ha añadido que el Ayuntamiento “no tiene competencias en este campo”.
El alcalde, Joan Ribó, ha aclarado que la necesidad de que todas las actividades lucrativas tributen en igualdad de condiciones no se opone al derecho de culto ni a los sentimientos religiosos, dado que la tributación en ningún caso afecta a los lugares de culto en sí, como iglesias, mezquitas, sinagogas o similares... sino a las actividades que sí suponen una acción con efectos lucrativos que se lleven a cabo en otros espacios, y ha puesto como ejemplos los centros sanitarios o educativos privados de los que se obtienen beneficios económicos.
Por ejemplo, la Universidad Católica o la Casa de la Salud no abonan 51.000 euros y 196.000 euros de IBI respectivamente, pese a hacer la competencia a otros centros privados que sí lo abonan.