El Gobierno se lava las manos y cambia las normas para descargar sobre el Puerto de Valencia la polémica ampliación

El Gobierno central integrado por el PSOE y Podemos, que declaró el pasado año la Emergencia Climática, se desentiende de la polémica ampliación norte del Puerto de Valencia, dejando a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la potestad de tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y de paso eximiéndose de posibles responsabilidades futuras derivadas de los recursos judiciales que estudian diversas entidades que se oponen a la construcción de la nueva terminal para grandes buques de contenedores. El Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, se lava las manos y el de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, ambos socialistas, deja en manos del Puerto de València, que preside Aurelio Martínez, las decisiones sobre el polémico proyecto.

Así se desprende del informe que hizo público este viernes Puertos del Estado, organismo que preside el valenciano Francisco Toledo y que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del también valenciano José Luis Ábalos, quien en 2007 se opuso a la ampliación portuaria cuando era concejal socialista del Ayuntamiento de València. Un informe que se ha ido retrasando en el tiempo desde finales del año pasado.

El documento, de forma indirecta, saca a la luz el motivo de los continuos retrasos. Según explicita, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ismael Aznar, emitió con fecha 30 de marzo de 2021 una Resolución de subsanación de resoluciones de evaluación ambiental de proyectos portuarios, por la cual se rectifica la atribución a Puertos del Estado de la condición de “órgano sustantivo” y se designa en su lugar a las autoridades portuarias como responsables. Afecta, en concreto, a la Resolución de 30 julio de 2007 correspondiente a la DIA del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia. Es decir, Puertos del Estado no ha remitido el informe hasta que se ha producido la modificación de las normas.

De esta forma, tal y como resalta el documento, será la Autoridad Portuaria de Valencia que preside el socialista Aurelio Martínez la que deba asumir la responsabilidad de determinar el sometimiento o no a evaluación ambiental de las actuaciones contempladas en el anteproyecto presentado, con lo que la nota técnica y el informe jurídico remitidos por Puertos del Estado no constituyen más que una respuesta de carácter informativo emitida ante una consulta realizada por la propia Autoridad Portuaria.

El informe jurídico considera que la DIA de 2007 sigue vigente ya que las obras de los diques comenzaron a ejecutarse antes de cumplirse un año desde la publicación de ésta, por lo que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las legislaciones en materia de evaluación ambiental, incluyendo la actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Sin embargo, a continuación, el documento técnico destaca tres aspectos del anteproyecto presentado que podrían chocar con la DIA de 2007, por los cuales Puertos del Estado recomienda que se hagan nuevos informes ambientales.

En concreto, se recomienda que, en caso de que la APV tome la decisión de considerar las actuaciones que constituyen la versión final del anteproyecto exentas de evaluación ambiental simplificada, se acredite previamente a la aprobación de los correspondientes proyectos que la intensificación de la actividad de dragado en la dársena interior del Puerto de Valencia no conduce a un incremento significativo de vertidos al litoral con respecto al proyecto original sometido a Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo, que el material sobrante procedente de las demoliciones o de la retirada prevista de instalaciones portuarias ya ejecutadas, y que figuran sin destino concreto, será reutilizado para relleno de explanadas o para otras infraestructuras del puerto, de forma tal que no suponga un incremento significativo de la generación de residuos con respecto al citado proyecto original. Por último, recomienda que se constate la inexistencia de nuevos yacimientos no inventariados en los estudios arqueológicos más detallados establecidos en la DIA como medida correctora.

La ampliación ha levantado una fuerte polémica. La Comissió Ciutat-Port, que agrupa a asociaciones vecinales y ecologistas, ya ha advertido de que recurrirá a los tribunales para frenar el proyecto por su impacto sobre las playas, el medio ambiente y la ciudad de València. La gigantesca obra supone la construcción de una dársena de 130 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de transporte de contenedores que gestionará con una concesión a 50 años la naviera MSC, una de las grandes empresas de transporte marítimo del mundo.