Los técnicos alertaron en 2014 de que un desbordamiento del barranco del Poyo provocaría daños por 4.500 millones

La peligrosidad del barranco del Poyo era algo que no podía pillar por sorpresa al Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón. Y es que, desde el año 2014, con Mariano Rajoy en el Ejecutivo central, está incluido en los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de toda España.

Los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación constituyen la información fundamental en que se basan los planes de gestión del riesgo de inundación de cada región y municipio. En el año 2014 se culminaron los trabajos de elaboración de los mapas, que posteriormente fueron revisados y actualizados en 2020.

Según la información que figura en la ficha de áreas de riesgo potencial significativo, este barranco quedaría encuadrado en la zona del bajo Turia, junto a los cauces del Río Turia, barranco Salto del Agua, barrancos de Porchinos, Grande, Gayo, Pelos, del Gallego, dels Cavalls, la Horteta, la Saleta, la Canyada de Siscar, Garroferar, Realon, Picassent y Torrent.

Los municipios afectados en caso de inundación serían Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benaguasil, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Llocnou de la Corona, Loriguilla, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Pedralba, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Riba-roja de Turia, Sedaví, Silla, Sollana, Torrent, Valencia, Vilamarxant y Xirivella.

El estudio se ha realizado a partir de información sobre 68 inundaciones históricas en la zona y se estima una población potencialmente afectada en caso de inundación de 159.352 personas con un impacto económico de 4.488 millones de euros, tal y como avanzó Las Provincias. Entre las infraestructuras que se verían afectadas figuran carreteras, depuradoras o elementos patrimoniales.

Pese a que todo estaba documentado y a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la DANA pilló desprevenido al Gobierno de Mazón, que fue incapaz de mandar una alerta a la población hasta las 20.12 horas de aquel fatídico 29 de octubre, 12 horas y media después del aviso de nivel rojo que lanzó Aemet y tras otros tantos remitidos en diferentes correos por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Cuando los ciudadanos recibieron el mensaje, miles estaban ya atrapados. Hasta el momento hay 216 fallecidos y 16 desaparecidos.

Un proyecto atascado desde 2006 para mejorar el barranco

Según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica a elDiario.es, en noviembre de 2006 la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente publicó el pliego de bases de la “Asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera”. En el marco de esta asistencia técnica se redactó un proyecto informativo (no es un proyecto constructivo), dando así continuidad a la tramitación ambiental del conjunto de actuaciones propuestas y a fin de obtener una declaración de impacto ambiental global.

Este estudio informativo da lugar a la redacción de seis proyectos. En noviembre de 2010 se finalizaron los proyectos constructivos que desarrollan el proyecto informativo de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, entre los que se encuentran la vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y la adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta, junto al drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet.

El 16 de diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático Teresa Ribera (actual ministra) formula declaración de impacto ambiental favorable al proyecto informativo de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera con una serie de condiciones (publicación en el BOE de 5 enero de 2012).

El 5 enero 2018, la declaración de impacto ambiental caduca al no haberse iniciado el proyecto a causa, según las mismas fuentes, de los recortes del PP que dejaron entre un 25% y un 30% de la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua.

Por este motivo, ese mismo año se vuelve a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto. Actualmente, a requerimiento de la Generalitat Valenciana, está en tramitación la redacción de un estudio de Integración Paisajística que una vez informado favorablemente por la administración autonómica dará lugar al pronunciamiento favorable de impacto ambiental, aprobación del proyecto y licitación de las obras.