Puede ser porque sea que no hay nombres de primera línea de la política valenciana, o porque no se salpica a la estructura estatal del PP, el 'caso Emarsa' no es de los más conocidos en la actualidad estatal sobre corrupción. No obstante en este se investiga saqueo de cerca de 23.766.765,50 euros de las arcas públicas a través de una empresa pública de depuración de aguas residuales , y mancha nuevamente al PP en el área urbana de la ciudad de Valencia, contando con 25 imputados después de que este miércoles el juez concluyera la fase de instrucción.
El juez ha descrito el caso como una “trama organizada” que entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010 presuntamente habría cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo, provocando un agujero de 17 millones de euros. Entre los imputados destacan el exgerete de Emarsa, Esteban Cuesta; el exdirector financiero, Enrique Arnal; el presidente de la extinta empresa pública, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Espsar), José Juan Morenilla; y el exjefe de Explotaciones de esta entidad dependiente de la Generalitat, Ignacio Bernácer. Pero además el auto mantiene la orden de busca y captura respecto del imputado fugado Jorge Roca, propietario de cuatro sociedades que formaban parte de una estructura organizada de facturación irregular para Emarsa.
Este saqueo tiene diferentes apartados que van desde el pago de regalos y comilonas al pago de presuntas 'traductoras' rumanas, y por el medio un segundo premio de la Lotería de Navidad que regó de millones también a algún acusado en pleno proceso.
El grueso del desfalco tenía como modo de operación hinchar facturas por el tratamiento de los lodos, cantidad que ascendía a 13,05 millones y que se obtenía desviando fondos a firmas del empresario prófugo, el cual cobraba 42 euros por tonelada tratada (dinero pagado con el recibo del agua de todos los valencianos), mientras que él sólo pagaba 18 euros a un contratista. Pero esto además hay que enmarcarlo en que el tratamiento era de 18 municipios, incluido Valencia, y que diariamente eran 324.800 metros cúbicos de aguas residuales equivalentes al vertido de 800.000 habitantes
El dinero cobrado de más, según el juez, volvía a los imputados en cantidades en metálico y que repartiría Esteban Cuesta. Entre los dispendios el juez detalla que Crespo y Cuesta se gastaron 375.302 euros en restaurantes, con banquetes que ascendieron hasta cantidades de 5.125 euros. Por otro lado también se señalan el gasto de 261.202 euros en viajes y hoteles a distintos puntos de España sin estar justificados por la actividad de la empresa, pero hubo viajes que llegaron a París, Estocolmo, Moscú y Johanesburgo, entro otros.
Dentro de estas facturas destacan las de las polémicas 'traductoras' rumanas, ocho chicas jóvenes de alrededor de 20 años que tuvieron pagados sus vuelos desde Rumanía y sus hospedajes en hoteles de lujo en España y en el extranjero, traductoras de las que no han aparecido los contratos que afirmaban tener los dirigentes de la trama.
En otro apartado destacan los regalos de Navidad a costa de los fondos públicos para dirigentes políticos como el expresidente Francisco Camps o el presidente de la la Diputación de Valencia Alfonso Rus, empresarios, o hasta el fallecido actor Pepe Sancho, catalogados como VIP, No VIP y SUPER*. Entre los regalos: cajas de vinos y de Navidad hasta jamones 5 Jotas con su propio jamonero, pasando por iPods y objetos de la marca Montblanc así como décimos de lotería y obras en domicilios privados.
Finalmente está el fraude del mantenimiento de la informática a través de los proveedores, con un gasto de hasta 7,2 millones de euros. Además de este mantenimiento aparecieron facturas por suministros como “164 teclados, 66 DVD, 141 licencias antivirus, 79 monitores, etc”, cuando en Emarsa sólo hubo instalados 30 ordenadores.
Y tocó la lotería
Para colmo de la situación y en plena instrucción del caso la Lotería de Navidad de 2011 tocó en el PP de Manises, un segundo premio de 125.000 euros por décimo. La euforia se desató entre los agraciados, y entre ellos Enrique Crespo y Alfonso Rus, este último llego a enseñar en televisión que poseía 5 de estos décimos (625.000 euros), mientras Crespo, al ser preguntado por su premio aseguró tener “basantes más” que Rus.
El mismo día 22 el juez instructor dictó una providencia pidiendo a Crespo que aclarara cuantos décimos tenía, se trataba de una medida cautelar destinada a hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del entonces alcalde de Manises en el caso. Desde el momento de la imputación de Crespo el juez ya ordenó “practicar cuantas diligencias fueran necesarias para la averiguación de su patrimonio”.
Pero Crespo afirmó tener un sólo décimo, mientras que casualmente sus familiares directos (padres y hermano) tenían 99 décimos premiados. Ante esta situación el juez ordenó bloquear un total de 12,4 millones de euros de cuentas bancarias de los familiares de Crespo.
La conclusión, el lodo ha salpicado a todos: el hermano, Carlos Crespo, y sus padres, estan imputados por un delito de alzamiento de bienes, entendiendo que Enrique Crespo “se concertó” con sus padres y su hermano para cobrar los décimos eludiendo la justicia.