Convertir edificios históricos en apartamentos turísticos, el último atentado contra el patrimonio

La zorra al cuidado del gallinero. El popular dicho, que puede aplicarse a multitud de situaciones reales en la sociedad del siglo XXI, también vale para ilustrar con precisión lo que ocurre desde hace décadas en ciudades monumentales y con un innegable tirón turístico, como Salamanca. Esto es: dejar que el sector turístico se encargue de recuperar maltrechos edificios históricos (habitualmente en manos de la Iglesia, que no sabe qué hacer con ellos) para convertirlos, no en reclamo para visitantes, sino en destino final, en alojamiento.

Sobre el papel, la idea puede parecer brillante. En la práctica, las ciudades pierden oportunidades de generar nuevos atractivos públicos, abriendo la mano a la progresiva destrucción del patrimonio. Lo que sucede en Salamanca —en particular, desde hace una década— sigue un modelo cada vez más frecuente en el conjunto del país, cuyo máximo exponente se encuentra en decenas de castillos españoles que han liquidado su historia interior al completo para abrir las puertas a un bonito hotel. Quizá porque un edificio defensivo de la Edad Media nunca puede ser un cómodo lugar de descanso en el siglo XXI sin sacrificar sus tripas, es decir, sin eliminar su pasado.

La reflexión nace de un pormenorizado, extenso y detallado estudio de la asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio sobre un caso concreto, al que ha seguido la pista desde hace dos décadas y media. Se trata de una antigua capilla del siglo XIV situada en el centro de Salamanca que ha ido desarrollando los más variopintos usos (de hospital a cine o imprenta) a lo largo de su longeva existencia y que hoy, en franco deterioro, se convertirá en un moderno alojamiento turístico con ocho apartamentos, con capacidad para un máximo de 32 personas.

En teoría la cosa pinta bien: el edificio abandonará su aspecto triste y ruinoso, y por fin tendrá un uso que garantice su supervivencia. Si examinamos la letra pequeña, como hace el colectivo salmantino, pueden pesar más los efectos secundarios: “Se perderá la oportunidad de dotar a la ciudad de más patrimonio que mostrar y disfrutar por todos, así como la posibilidad de unir, de nuevo, la espadaña con la portada”.

Porque los distintos usos de la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia y quizá también la falta de interés en el edificio por parte de su propietario, el obispado de Salamanca, han ido desposeyéndolo de sus señas de identidad. El inmueble nació en 1389 para cumplir la función de hospital por un corto periodo de tiempo, también fue la sede de una cofradía que velaba por “socorrer a las personas condenadas a muerte con cuantos auxilios temporales necesiten” hasta que alcanzó, visiblemente maltrecha, el siglo XX.

El artesonado original ya no existía, las obras de arte fueron trasladadas a una iglesia vecina y, en 1910, dejó de celebrarse culto en su interior. En noviembre de 1914 se consumó su declive, al venirse abajo la techumbre. Abandonado a su suerte por la Iglesia, la ermita inició una larga peripecia por el siglo pasado cumpliendo las más diversas funciones. Primero, como sede para las actividades culturales de la organización sindical Unión Ferroviaria y Obrera; después, como escuela y cine (el Cine San José se convirtió en la sala de proyecciones más popular para varias generaciones de salmantinos) y, finalmente, como local para una imprenta que desarrolló en el interior casi medio siglo de actividad.

Pérdida patrimonial

La intensa y dispar actividad durante un siglo se cobró algunos de sus elementos más característicos. En 1916, la ermita de Nuestra Señora de la Misericordia perdió una de las más claras señas de identidad: la reconocible espadaña que coronaba la portada barroca fue desmontada y trasladada a la nueva iglesia que se levantaba en otro barrio de la ciudad. Herida, conservando únicamente elementos y estilos de los siglos XVI y XVIII, la capilla llegó a duras penas al XXI. Pero no lo hizo sola. El movimiento Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, que nació como asociación en 1999, estableció la denuncia de la situación de la antigua ermita como una de sus primeras reivindicaciones.

El inmueble “nunca ha recibido la más mínima actuación de conservación o consolidación, ni siquiera para aliviar los daños provocados por la urbanización de su entorno”, precisan sus responsables. El agua —en forma de lluvia o mediante las canalizaciones subterráneas, a falta de la protección y de los cuidados precisos— se ha convertido en su principal enemigo, como agente causante del deterioro de sus frágiles muros de piedra arenisca.

De hecho, hace una década, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio promovió el ingreso de la capilla en la Lista Roja que gestiona la organización Hispania Nostra para dar visibilidad a elementos patrimoniales en peligro de desaparición. Por el camino, el colectivo salmantino había enviado (sin éxito) sucesivas alegaciones al Ayuntamiento de Salamanca para que introdujera en el plan de ordenación urbana diferentes medidas para frenar el deterioro del bien: eliminar el actual tejado de uralita, colocar una puerta acorde a la dignidad de un edificio del siglo XIV y, sobre todo, restituir la antigua espadaña. Sin embargo, la administración denegó las repetidas demandas de la asociación, mientras el obispado de Salamanca ni intervenía en el edificio ni sabía (según apuntan desde la asociación) muy bien qué hacer con la desfigurada capilla.

Hasta que se hizo la luz. Este mismo año, la institución propietaria —sin ideas sobre cómo preservar la capilla, ni intención de destinar partida económica alguna para recobrar el sentido del inmueble— presentó un proyecto de cesión del edificio a una promotora inmobiliaria bajo ese mantra tan de nuestro tiempo: “generar riqueza”. ¿Cómo? Destinándolo a la construcción de apartamentos turísticos.

Aunque pueda parecer sorprendente, la transformación que promueve la empresa madrileña Ingesurb, con una inversión prevista de más de 325.000 euros para la construcción de ocho apartamentos turísticos, no lo es tanto. La misma firma había llevado a cabo ya otros proyectos similares en terrenos o inmuebles de la Iglesia con ese mismo fin. Desde Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio no dan crédito a las facilidades ofrecidas al Obispado por parte del Ayuntamiento de Salamanca para hacer realidad esta propuesta, pues la institución municipal “no ha establecido limitaciones a este tipo de establecimientos”.

Casi una treintena de casos 

Aunque, sin duda, lo más interesante de la denuncia pública de Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio es la reflexión que hace sobre la conversión de la antigua ermita de Nuestra Señora de la Misericordia en apartamentos, extensible a otras ciudades de proyección turística, en medio de la gran crisis de la vivienda que afecta hoy a cientos de miles de españoles. El caso “es un ejemplo más del declive de las ciudades volcadas en el turismo como forma de situarse en el mundo, sin que necesariamente esa actividad genere riqueza, nuevos puestos de trabajo, recupere edificios o lugares para el disfrute público y colectivo o habilite nuevos espacios para la cultura y la participación de la sociedad”, sostiene su secretario, Jesús Delgado.

La asociación asegura que, en los ochenta y noventa, la política estaba en las antípodas: acuerdos con los propietarios permitían a ciudades como Salamanca sumar más patrimonio histórico y ponerlo a disposición de los ciudadanos. “Desde hace más de una década, la política municipal (de Salamanca) no contempla incorporar más bienes de interés patrimonial a su gestión, pese a la lógica necesidad por incrementar periódicamente la oferta turística y cultural, para disfrute de habitantes y visitantes, habilitando nuevos espacios a los que dotar de contenido y suplir carencias”, añade.

Por otro lado, en cuanto al uso en sí, esta asociación —que cumple este año un cuarto de siglo de actividad— censura su vertiente turística en el actual contexto en el que la vivienda escasea, su precio es inaccesible para una parte de la sociedad y las plazas turísticas contribuyen a elevar aún más el coste del alojamiento en el mercado. “Sorprende que, pese a que el uso propuesto está claramente cuestionado en nuestra sociedad por los efectos perversos que tiene para el mercado inmobiliario, el Ayuntamiento de Salamanca se preste con tanta facilidad”, argumenta Jesús Delgado, en referencia a las livianas exigencias establecidas en el proceso de transformación de la antigua ermita en pisos turísticos. Lo hace, en opinión del colectivo, porque la reforma que plantea el Obispado “terminará con la mala imagen que el estado de ese edificio reportaba a la ciudad” y “porque no quiere hacerse cargo de la gestión de más espacios y dotarse de más equipamientos”.

Lo más significativo de la queja pública de Ciudadanos en Defensa del Patrimonio es que la situación del antiguo hospital del siglo XIV —es decir, destinar un edificio catalogado a apartamentos turísticos— “no es nueva ni casual”. La asociación ha contabilizado una treintena de casos similares en Salamanca, amén de nuevos proyectos en marcha, como la transformación con fines económicos de conventos y espacios propiedad de la Iglesia que carecían de un uso definido.

Aun así, esta política ni siquiera es exclusiva de Salamanca y el panorama es fácilmente identificable en otras ciudades y municipios con tirón para el sector turístico. “Las administraciones están consintiendo la pérdida de edificios históricos al aceptar su conversión en alojamiento para más turistas, que cada vez tienen menos novedades por las que visitar la ciudad en cuestión, más cuando los visitantes no necesitan hacerlo entre muros medievales”, lamenta Jesús Delgado en nombre del colectivo salmantino. En suma, una deriva por la que el patrimonio dejará de ser objeto de visita para convertirse, directamente, en hotel, apartamento, restaurante o cafetería. Pero, ¿para visitar qué a continuación?