Màxim Huerta nombra a Daniel Espín, mano derecha de Sinde, como jefe de Gabinete de Cultura
Màxim Huerta ha elegido al que ya fuera mano derecha de Ángeles González Sinde, Daniel Espín, para llevar la comunicación institucional del Ministerio de Cultura y Deporte.
Licenciado en filología inglesa, diplomado en Filología Hispánica y con un máster en Periodismo, Espín ha afianzado su trayectoria en varios medios, en la comunicación corporativa y en las relaciones institucionales. También ha impartido materias sobre comunicación y mass media en centros como la University of California o la Universidad Antonio de Nebrija.
Su actividad como director del Gabinete de prensa de González Sinde se desarrolló entre 2009 y 2011, pero anteriormente había sido jefe de comunicación en el portal digital del Ministerio de Turismo, Energía y Agenda digital, Red.es. Además, ha sido el consultor responsable en diversas empresas como Atresmedia u Omnicrom PR Group.
Con este movimiento, el ministro Màxim Huerta hace un guiño a su predecesora socialista y hace saltar las alarmas sobre su postura ante algunas de las medidas más polémicas de aquella etapa, como las relacionadas con las descargas digitales.
David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, fue uno de los más combativos con la ley antidescargas de Sinde. Tras la toma de posesión del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Bravo compartió una imagen en la que destacaba la presencia de la exministra de cultura Angeles González Sinde, responsable de dicha ley.
En un hilo de Twitter, Bravo recuerda alguno de los polémicos hitos antidescargas de la exministra socialista. Como, por ejemplo, la detención de varios administradores de webs acusados de “piratería” o la redacción de la ley que permitía al Ministerio de Cultura decidir qué páginas web infringían, según ellos, los derechos de autor.
La polémica Ley Sinde
El mandato como ministra de Cultura de Ángeles González-Sinde estuvo marcado por la ley antidescargas que acabó conocida popularmente como “Ley Sinde”. El texto, que buscaba regular las supuestas infracciones a la propiedad intelectual en la red, despertó una oleada de protestas de 2010 a 2011, periodo en el que se gestó la norma.
Numerosos internautas y expertos arremetieron contra la intención de regular la red, controlando los enlaces y los sitios de intercambio de archivos sin ningún tipo de garantía judicial. Mientras, las entidades de gestión de derechos, presionaban para que la Ley viera la luz y permitiera atajar el que consideraban su mayor problema.
El texto, que preveía el cierre de aquellas páginas web que permitieran las descargas sin permiso, se acabó aprobando, con el apoyo del PP, en febrero de 2011 tras la inclusión de una enmienda que introducía un proceso judicial para poder clausurar los sitios sospechosos.
Con el cambio de Gobierno, los 'populares' fueron los encargados de desarrollar el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano encargado de examinar las denuncias.
