La policía consideró acreditada la financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc pero avisó de la prescripción del delito electoral
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional consideró acreditada la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc en su informe que presentó ante la jueza de Instrucción. La policía dio por buena la denuncia inicial presentada por el PP, pero avisó de que algunos de los delitos podrían estar prescritos y que necesitaba de autorización judicial para profundizar en las investigaciones sobre las actuaciones de los partidos con la empresa que les montó las campañas electorales de 2001 a 2008, en el caso del PSPV, y la de 2007 por lo que respecta al Bloc.
El caso de presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc ha nacido de una denuncia del Partido Popular a través de una información anónima. El diputado José Císcar entregó en noviembre de 2016 esa documentación facilitada por un anónimo ante la policía nacional y formuló la pertinente denuncia. Esta investigación fue asumida por la Unidad de Delincuencia Económica de Valencia que a su vez trasladó un informe al juzgado de número 21 de Valencia en diciembre de 2016.
Tras un año de pesquisas y tras confirmar que algunos presuntos delitos -como la financiación ilegal- estarían prescritos, la jueza dividió la causa en cuatro juzgados, dos de Madrid, uno de Benidorm y otro de Gandia. Todos han empezado a investigar y ya han citado a una treintena de personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El informe definitivo de la policía nacional al que ha tenido acceso eldiario.es se entregó en el juzgado de Instrucción 21 de Valencia y concluye que “diversas empresas con actividad comercial en Gandia y Benidorm pudieran haber asumido facturas de Crespo Gomar que deberían haber realizado PSPV y Bloc”.
Según la policía, la operativa presuntamente utilizada y que se inferiría en una lectura detenida de los correos electrónicos aportados por el PP, Crespo Gomar prestaba servicio a PSPV y Bloc en campañas electoras. Las facturas derivadas de estos actos no eran asumidas por los partidos sino por empresas “beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones”.
El jefe del grupo de Blanqueo de Capitales de Valencia concluyó en su informe que el procedimiento utilizado entre Crespo Gomar, los partidos y las contratistas es “idéntico” al de otras investigaciones de financiación irregular. “Sería la tercera empresa la que asumiría el importe de la factura (gasto electoral del partido) y la abonaría a la que realmente realizó el trabajo, en este caso a Crespo Gomar, obteniendo esta tercera empresa que paga los gastos del partido político, beneficios futuros en las contrataciones concedidas por los ayuntamientos que gestionan los partidos políticos, y las que compensan con creces el desembolso que realizaría esta tercera empresa”, argumenta la UDEF.
Este operativo descrito por la policía sería exactamente idéntico al realizado por la trama Gürtel, juicio que precisamente ha finalizado esta pasada semana y en la que tanto las empresas terceras como un miembro del PP han reconocido que se realizaba.
El PSPV ha defendido que no ha existido ninguna trama de corrupción en su partido mientras que el Bloc asegura que no tenían poder para adjudicar concursos públicos.
En estos momentos, las cuatro investigaciones abiertas apuntan al PSPV. Dos juzgados de Madrid han imputado a varias decenas de personas por sendos contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Crespo Gomar. En Gandia se indaga sobre un pelotazo inmobiliario gracias al ayuntamiento socialista del que se habría beneficiado la familia de Alberto Gomar, uno de los socios de Crespo Gomar. En Benidorm, las pesquisas apunta al exalcalde Agustín Navarro y a un contrato con una empresa de Gomar.
En los cuatro casos los delitos que se investigan son prevaricación y malversación de caudales públicos. Se confirma que el delito electoral por la presunta financiación irregular estaría prescrito.
