Esta semana salía desde Melilla hacia la España peninsular el segundo grupo de ciudadanos sirios que permanecían bloqueados en Melilla, algunos desde hace un año. Seis familias, un total de 57 personas, se suman a las otras 71 que ya han partido en barco, rumbo a Málaga, para ser acogidos en centros de ONG y asociaciones humanitarias que cooperan con la Secretaria General de Inmigración. Por su parte, los 30 sirios que esperan en Ceuta continúan bloqueados.
En Melilla estas personas son encerradas junto con los inmigrantes irregulares en centros que no tienen la infraestructura espacial ni administrativa para darles la protección internacional que merecen por derecho propio. Ahora, tras numerosas protestas ante la Delegación del Gobierno y después de permanecer acogidas varias semanas en la explanada de la mezquita del cementerio musulmán, abandonan esta ciudad como beneficiarios de un programa de acogida y tendrán un plazo de seis meses para tramitar el asilo en el punto del país que estimen oportuno.
Los sirios llegan a la península desde Melilla a través de un laissez-passer o salvoconducto, un documento de viaje que permite el movimiento a través de fronteras internacionales, generalmente por motivos humanitarios. De esta forma, además de no reconocerse la protección internacional a este colectivo, tampoco se reconoce a la ciudad autónoma como territorio Europeo de pleno derecho.
Estas familias, que lo han perdido todo en el conflicto activo más sangriento del planeta, no se han atrevido a pedir asilo por miedo a quedar bloqueados en Melilla durante meses o años mientras se estudia su situación. Esto es debido a una interpretación incorrecta de la nueva ley de asilo con la que se restringe el derecho de libre circulación a los demandantes de asilo en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Esta situación es conocida por el Centro de estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuyo director, Carlos Montero, asegura que están atados de pies y manos, ya que es el Ministerio del Interior el que malinterpreta la ley y no permite la salida de estas personas hasta que se resuelva el caso, algo que puede durar años: “Hemos hablado con ACNUR y con el Defensor del Pueblo para que presionen sobre este tema. Además, creemos que el CETI no es un lugar para que estén ellos. Existen centros de atención a los refugiados en la península donde deberían ser trasladados”.
Mientras en Melilla los sirios parten hacia la península con el salvoconducto humanitario, en Ceuta continúan protestando a la espera de que les den, al menos, la misma oportunidad que a sus compatriotas acogidos en la otra ciudad autónoma.
Interpretación errónea de la actual legislación
Interpretación errónea de la actual legislaciónDesde la entrada en vigor de la actual Ley de Asilo 12/2009, el 1 de enero de 2010, se restringió el acceso a la península de las personas solicitantes de asilo, cuya petición es admitida a trámite en Melilla y Ceuta, constituyendo una vulneración del artículo 19 de la Constitución Española, referente a la libertad de residencia y circulación.
Así lo expone Lourdes Navarro, coordinadora jurídica de la oficina de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Andalucía, quien insiste en que: “No existe ninguna limitación ni exclusión legal que avale esta práctica administrativa. No hablamos sólo de una cuestión burocrática, si no de una vulneración flagrante de derechos fundamentales recogidos en nuestra carta magna”.
Existen diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de juzgados de lo contencioso administrativo de Ceuta que ponen de manifiesto que no es posible hacer interpretaciones restrictivas de derechos esenciales como la protección internacional.
Pero la Administración central se aferra a Schengen, acuerdo por el que desde 1995 varios países de Europa, entre ellos España, suprimieron los controles en las fronteras interiores. Dicho pacto, deja fuera de este territorio común a Melilla y Ceuta y obliga a España a que siga aplicando “los controles actualmente existentes para mercancías y viajeros procedentes de las ciudades de Ceuta y Melilla previos a su introducción en el territorio aduanero de la Comunidad Económica Europea”.
“Las autoridades aluden al Tratado Schengen e invocan el Artículo 5, referido al control de mercancías y personas. En este caso hablamos de solicitantes de asilo que gozan de un trato preferente por su particular situación y de una autorización de residencia válida para todo el territorio español desde el momento en el que es admitida a trámite su solicitud”, explica Navarro.
Por tanto, esta cláusula no es aplicable a estas personas que temen pedir el asilo porque “en vez de acceder a la protección que piden se les deje en una situación de desamparo”, quedando bloqueados en territorios aislados sin libertad de movimiento.
Caso Manar, punto de inflexión: ¿Por qué solo los sirios?
Desde que se hiciera pública la situación de Manar –la joven siria que permanecía quemada en Melilla sin poder ser tratada-, el problema de la concesión del asilo en Melilla está siendo evidenciado y las autoridades empiezan a poner de su parte para arreglar este escenario discriminatorio para un colectivo tan vulnerable.
El delegado del Gobierno en Melilla ha manifestado estos días que los sirios “son merecedores de la protección internacional” y que a todos los que huyen de un conflicto armado se les debe tratar de una manera especial debido a su vulnerabilidad y sus necesidades especiales.
Un discurso más conciliador que el que tuvo en septiembre de 2012, cuando Amine, un sirio que, tras permanecer año y medio encerrado en el CETI y después de cuatro meses de protestas ante la Delegación en Melilla, amenazó con suicidarse. Entonces, Abdelmalik El Barkani aseguró que los problemas de este chico eran iguales que los de los otros 742 internos del centro de inmigrantes y que con él no se iba a hacer una excepción, ya que: “No se nos puede olvidar que un inmigrante que entra de forma clandestina, inmediatamente es identificado y se procede a firmar su expulsión que se tendrá que llevar a la práctica”. ¿Enlace?
ACNUR, tras su visita a Melilla el pasado mes de diciembre, aboga por el acceso a un territorio seguro de quienes necesitan protección internacional y a procedimientos de asilo justos y eficaces, con las debidas garantías. La Agencia de la ONU para los Refugiados considera también esencial que se lleve a cabo una buena identificación de las personas que puedan necesitar protección internacional y que dispongan de unas condiciones de acogida y asistencia adecuadas a sus necesidades específicas, pues se trata a menudo de personas que han sufrido traumas y graves violaciones de derechos humanos tanto en el país de origen como durante su huida en busca de lugares seguros.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado una recomendación a la Secretaría General de Inmigración y Emigración y a la Dirección General de la Policía para facilitar el traslado a la península de aquellos solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta y Melilla en situación de especial vulnerabilidad, por proceder de países en guerra, algunos con menores de edad a su cargo.
Naciones Unidas ya ha dado un tirón de orejas a España
Tras la visita hace un año del Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, Mutuma Ruteere, leía ante la Asamblea General de Naciones Unidas su informe relativo a España, en el que dedicaba más de dos páginas a la situación de los solicitantes de asilo en Melilla y Ceuta, la cual le merecía “una especial atención”. Naciones Unidas observaba con preocupación que en estas ciudades “se debilita la protección internacional” y que la solicitud de asilo pone “a las personas en una situación de discriminación y desigualdad”.
El informe denunciaba la inadecuada situación de los solicitantes de asilo que permanecen alojados junto a inmigrantes en situación irregular en centros faltos de espacio. El Relator Especial lamentaba que en la península se aplique al asilo un planteamiento diferente del aplicado en las ciudades autónomas, lo cual ha llevado a que quienes allí se encuentran no siempre soliciten asilo, o incluso a que retiren sus solicitudes para cursarlas en la península, a veces arriesgando su vida al cruzar de forma clandestina el estrecho de Gibraltar.
En Ceuta y Melilla existen medidas administrativas según las cuales los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son admitidas no pueden desplazarse a la España peninsular, si bien no hay impedimentos legales para que abandonen las ciudades autónomas. De resultas de ello, sufren discriminación en comparación con los solicitantes de asilo en la península, que sí gozan de libertad de circulación. De hecho, no solo no pueden desplazarse a la España peninsular, sino que tampoco se les permite participar en los traslados periódicos a la península organizados por la administración a través de las actuaciones de atención humanitaria hasta que se haya tramitado su solicitud de asilo.
En consecuencia, Ruteere apuntaba que algunas solicitudes se han retirado al ser consideradas un obstáculo para la salida de estas ciudades y que el número de solicitudes se ha reducido drásticamente en los últimos tres años.
Hasta siete años para estudiar una solicitud
Hasta siete años para estudiar una solicitudAdemás, los solicitantes de asilo en Melilla y Ceuta también sufren largas demoras cuando la tramitación de su solicitud sigue el procedimiento ordinario. Durante la visita del Relator Especial, el Gobierno reconoció que no era fácil cumplir los plazos establecidos y que las decisiones sobre las solicitudes de asilo pueden demorarse a veces de dos a cinco años, mientras que según la ley el plazo máximo debería ser de seis meses.
Esto supone que los solicitantes de asilo se ven obligados a permanecer allí hasta que se hayan tramitado sus solicitudes, lo cual es motivo de preocupación, ya que se supone que los CETI son temporales y no son adecuados para estancias largas. En concreto, en Melilla, de los 98 casos de asilo resueltos en 2012, el 57% se prolongó más de siete años. Además, los solicitantes no siempre son informados de los motivos de las largas demoras ni de cuándo se les comunicará una decisión.
Durante los años 2010 y 2011, varios solicitantes de asilo en Melilla y Ceuta se vieron obligados a huir hacia el continente europeo de forma clandestina. Uno de ellos, el joven marfileño Abdoulaye Koné, moría en Málaga, en los bajos de un camión, tras permanecer dos años encerrado en el CETI de Ceuta esperando que le concedieran el estatus de refugiado. Había huido de su país para no ser reclutado como niño soldado.