Un 40% de las víctimas detectadas por SOS Racismo en España no denuncian por miedo a quedar desprotegidas
Buena parte de la discriminación xenófoba en España queda oculta, denuncia SOS Racismo. Los casos registrados por la organización reflejan que muchos de los incidentes racistas en nuestro país no entran en las estadísticas porque las víctimas deciden callar. Entre las causas de este silencio destacan el miedo a las represalias, la desprotección o la normalización del racismo. “A veces forma parte de la vida cotidiana de las víctimas, hasta tal punto que lo normalizan”, explican.
El último informe anual de la ONG recoge 247 incidentes xenófobos que llegaron a sus oficinas a lo largo del 2015 entre los que señalan que un 28% fueron conflictos y agresiones racistas, un 22% por racismo institucional y un 12% por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos.
“Esta cifra es únicamente una fotografía para dar cuenta de la persistencia de estas situaciones discriminatorias, pero en ningún caso representa la verdadera magnitud de esta lacra social, que es mucho mayor”, ha advertido el secretario general de la Federación, Mikel Mazkiaran. La organización cifra en un 40% las situaciones de racismo que detectan y que acaban sin ser denunciadas porque, en un determinado momento, la víctima decide no seguir adelante.
El principal motivo de que esto ocurra es, según apuntan, que la protección de las víctimas de racismo en España queda condicionada a su situación administrativa, lo que acaba por impedir que denuncien aquellas personas que están en situación irregular. “¿Cómo van a ir a denunciar a la Policía si saben que, en muchos casos, la Policía les va a detener?”, indica Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid.
Las consecuencias del racismo institucional
La ciudadanía de origen extranjero cada vez confía menos en el sistema judicial, según asegura el informe. Esto ocurre en mayor medida en los casos en los que las propias instituciones son acusadas de haber cometido algún delito racista, los cuales suponen un 20% del total de los incidentes que la ONG recogió el año pasdo.
SOS Racismo añade que en caso de denuncia, la justicia en España ampara casi en exclusiva los intereses de la policía, especialmente cuando la víctima es una persona joven de origen extranjero. “Hemos llegado al punto en el que acabamos considerando una victoria que a la víctima no se la juzgue por temas de desacato contra la autoridad de forma sistemática”, denuncia Alba Cuevas, portavoz de SOS Racisme Cataluña.
Entre las principales situaciones de racismo institucional que detecta la organización prevalecen las “excesivas trabas innecesarias” durante los trámites de extranjería que tienen que pasar las personas cuando intentan regularizar su situación administrativa, o cuando acuden a los organismos institucionales para gestionar determinados asuntos.
En uno de los ejemplos que recoge el informe, la Administración denegó la autorización para casarse a una pareja porque uno de los miembros, de origen gambiano y nacionalidad española, desconocía el idioma español.
La losa del racismo oculto
El número de incidentes racistas apenas ha variado en comparación con los datos de años anteriores, lo que no implica que no haya habido un verdadero aumento. “Lo que ocurre es que muchos permanecen invisibles porque el acto discriminatorio se ha normalizado”, advierte Mazkiarán.
Esa normalización tiene su origen en lo que la organización denomina el “racismo social oculto”. El mismo que sufrió “Z” cuando le denegaron el acceso a una discoteca a la que ya habían entrado el resto de sus amigos, sin darle ningún tipo de explicación. “En casos como ese es evidente. Nadie le dice 'no pasas porque eres negro', pero la discriminación racista está ahí”, explica Moha Gerehou.
No son casos aislados. Los resultados de varias investigaciones de un experimento realizado por la Federación sobre el acceso a la vivienda reflejan ejemplos de “discriminación oculta”, en los que diversas agencias inmobiliarias niegan la existencia de oferta de viviendas en alquiler cuando las personas que acuden a preguntar son negras, pero sí la ofrecen cuando son blancas. “Son comportamientos racistas muy preocupantes de nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial”, denuncia el informe.
Falta de voluntad política
A la dificultad para poder acceder a datos fiables sobre los índices de discriminación racista por la ausencia de denuncia, se suma también la “falta de transparencia” por parte del Ministerio del Interior, a quien la ONG reclama una “cuantificación más precisa” de los mismos y un “mayor seguimiento”.
“La reforma del Código Penal en su artículo 510 mejoró el panorama, pero sigue siendo necesaria una conceptualización del delito de odio mucho más amplia. El problema no se limita a insultos o amenazas”, denuncia SOS Racismo.
La solución, a su entender, pasa por la creación de una Ley Integral contra la discriminación que proteja eficientemente a las víctimas de los delitos del odio. Actualmente las políticas antidiscriminatorias de nuestro país siguen las pautas de una Estrategia Integral contra el Racismo aprobada a finales de 2011, de la cual en los últimos tres años se ha desarrollado únicamente un 35% de las medidas previstas, según el informe.
“Es una cuestión de voluntad política. De cara a la próxima legislatura, pedimos a los partidos políticos el compromiso de impulsar la Ley Integral contra la discriminación”, añade Mazkiaran. En 2011 fue la última vez que ese proyecto se inició, que finalmente quedó aparcado sin que la Ley llegara a ver la luz.
