Los fondos de pensiones privados en el sector público son una herencia de las vacas gordas. Cientos de miles de empleados públicos tienen uno, aunque desde 2012 la mayoría tiene congeladas las aportaciones por parte del Estado. El más grande es el de la Administración General del Estado (AGE) que tiene más de 600.000 funcionarios como partícipes y es totalmente transparente. Uno de los más pequeños y oscuros es el que contrataron diputados y senadores.
El Congreso de los Diputados han rechazado dar cualquier información sobre su plan de pensiones a este medio. eldiario.es ha preguntado a una decena de diputados y ninguno ha sabido aclarar en qué invierte el fondo.
La renuncia de Willy Meyer a su escaño como eurodiputado a raíz de las informaciones que adelantó Infolibre ha puesto sobre la mesa el debate sobre los fondos de pensiones y su gestión. En el caso del Parlamento Europeo, el fondo estaba gestionado por una sicav en Luxemburgo (donde está la secretaría general de la Institución) y hay dudas sobre la limpieza en las contribuciones que hacían los partícipes, los eurodiputados.
Sin embargo, lo que es habitual es que el plan de pensiones esté financiado en parte por dinero público, ya que en España existen cientos de planes de pensiones privados que también ha alimentado el Estado de acuerdo con las reinvindicaciones de los sindicatos y en el marco de la negociación colectiva con los empleados públicos.
Uno de ellos es el que disfrutan los senadores y diputados en virtud del acuerdo de las Cortes Generales que en 2007 adjudicó a BBVA Seguros un plan de pensiones. eldiario.es se ha interesado por las condiciones y las inversiones que realiza este plan, pero el Congreso ha respondido con una negativa tajante a ofrecer cualquier dato, pese a que su contratación fue pública.
Los diputados de IU renunciaron voluntariamente a este plan en noviembre de 2011 al tomar posesión de sus cargos en esta legislatura. Posteriormente, el 30 de diciembre, entró en vigor un Real Decreto de medidas urgentes presupuestarias que suspendió las aportaciones del Estado a los planes de pensiones de los funcionarios. Aunque el plan de pensiones de los diputados y senadores no estaba afectado por esta norma, el Congreso decidió en enero adoptarla también y fue ese el último mes en que se hizo una aportación al plan.
Dicen que no saben nada
El pliego de la adjudicación es muy fácil de hallar, pero no el de la resolución del concurso que apareció en la prensa filtrado por fuentes parlamentarias. eldiario.es se ha puesto también en contacto con una docena de diputados de todas las formaciones políticas pero no ha conseguido que ninguno le explique la naturaleza del plan, ni las inversiones que realiza.
Una diputada supo decir que era en forma de seguro y que creía que estaba invertido en deuda pública (aunque no se sabe con seguridad si es así). Otro diputado solo acertaba a saber lo que había aportado el último mes que estuvo operativo el plan, en enero de 2012, cuando el Congreso ingresó 328,28 euros en su nombre. Uno de los diputados que estaba en la Mesa de Contratación que eligió el plan reconoció no tener “ni idea” de en qué consistía.
Finalmente, y tras consultar los informes que se les habían remitido en 2011, un diputado supo explicar a este diario que el tipo de interés del plan varía del 1,4% al 1,8% y que en su caso, el plan se cierra en 2022. Pero ni rastro de las inversiones.
Como es lógico, BBVA no da detalles de un producto de uno de sus clientes. Pero sorprende la negativa a facilitar esta información así como el aparente desconocimiento de los productos de inversión que tienen suscritos sus señorías y que en su mayoría reflejan en la declaración de bienes con sumas superiores a 9.000 euros (los que lo disfrutaron en la legislatura anterior). Los trabajadores de las Cortes tienen otro plan de pensiones contratado con Bankia totalmente separado y que cumple criterios de inversión ética.
Un plan completamente opaco
Una de las razones de este aparente desconocimiento sobre los productos de ahorro que están a nombre de estos políticos electos es la singularidad del plan contratado. La mesa optó por contratar un nuevo producto (se estrenaba en aquel 2007) que no responde a ninguna de las fórmulas habituales de planes de pensiones. Se trata de un “Plan de Previsión Social Empresarial”, que es en realidad un seguro de vida colectivo. Aunque las ventajas fiscales y las condiciones son las mismas que en un plan de pensiones, no está sometido a registro público, por lo que no se pueden conocer en qué invierte. En principio, y según aclara la patronal del seguro (Unespa), al ser una póliza de seguros invierte en lo que invierta el conjunto de la aseguradora (en este caso BBVA Seguros) ya que está en el balance de la aseguradora. Estas entidades suelen invertir sobre todo en renta fija (esto es, deuda pública). Tiene una rentabilidad garantizada y tiene menos riesgo que un plan de pensiones.
Este instrumento es, por encima de todo, opaco. Entre otras cuestiones, no tiene una comisión de control que vigile las inversiones, una de las razones por las que los sindicatos no lo han querido adoptar para el resto del sector público. Sin embargo, desde la patronal de las aseguradoras entienden que los diputados deberían poder saber en qué invierten siempre y cuando lo pregunten a su entidad financiera.
Las Cortes decidieron al optar por este plan no adherirse al del resto de los funcionarios, que sí fue negociado con los sindicatos. El plan de pensiones de la Administración General del Estado tenía a 31 de diciembre de 2013 algo más de 610 millones de euros de patrimonio con cerca de 600.000 funcionarios como partícipes, lo que le convierte en uno de los más grandes de España. La historia del plan se remonta a 2002, cuando los sindicatos de la Función Pública se sentaron con el Gobierno para concretar sus demandas salariales. El acuerdo para crear el plan de pensiones llegó en 2004 como una de las formas más económicas para que el Estado aumentara las retribuciones de los funcionarios.
¿Cómo se explica que los sindicatos pidieran y firmaran un fondo privado de pensiones como complemento para su nómina y su pensión pública? Miguel Ángel Crespo, de CCOO y actualmente en la mesa de control de este plan, niega desde el principio que la existencia de uno de estos planes complementarios perjudique en nada a las pensiones públicas. La fórmula permitía al Estado aumentar de forma más barata las nóminas. ¿Cómo? El Estado contribuía inicialmente con un 0,5% de la masa salarial al fondo de pensiones, pero es la rentabilidad de las inversiones la que hace que crezca, sin que el erario público intervenga en ningún caso. Si esta misma aportación se hiciera en la nómina, al actualizar las pagas cada año (por efecto del IPC, por ejemplo), la factura se hubiera ido incrementando hasta formar una bola inasumible por las arcas públicas. Por así decirlo, se externalizó la subida y estas aportaciones no se consolidan en las nóminas.
Con todo, los sindicatos minoritarios, especialmente la CGT y la CNT se han mostrado contrarios a este tipo de fondos en el sector público y son muy críticos.
Cabe recordar que los funcionarios tienen unas nóminas muy ajustadas y, según los cálculos de los sindicatos, desde que se inició la crisis la pérdida media del poder adquisitivo ha sido del 25%. Como recuerda Crespo, es precisamente la parte que tienen en este plan de pensiones la que no ha sufrido deterioro ninguno. Es más, el acierto en la inversión ha logrado que la rentabilidad acumulada en los últimos cinco años sea del 6,18%.
Con todo, y en el marco de las restricciones presupuestarias, desde 2012 se han suspendido temporalmente las aportaciones por parte del Estado aunque los funcionarios que lo deseen pueden seguir metiendo dinero y pueden beneficiarse de las desgravaciones que supone este producto en la declaración de la renta.
Cómo invierten los funcionarios
A este plan se adhirieron muchos organismos del Estado, como se puede comprobar en su página web y en el listado de promotores del Fondo. Desde la Casa Real a la Guardia Civil, pasando por el Museo Thyssen todos se incluyeron en el plan de pensiones de la AGE que está gestionado por Gestión de Previsión y Pensiones, una entidad de BBVA participada en un 30% por CCOO y UGT (herencia de cuando Argentaria era pública). La entidad asegura que se ha dado de alta en los principios de inversión responsable que propugna Naciones Unidas.
El plan es totalmente transparente, tiene su propia página web en la que se informa puntualmente a los partícipes y se publican trimestralmente los informes de inversión. Un 30% está en bolsa, un 67% en índices que siguen títulos de renta fija y el resto (un 2,5%) en lo que se califican nuevos activos. Aunque Crespo reconoce que cuando se invierte en otros fondos o índices compuestos se pierde en parte el control (varios de ellos son de la gestora Merrill Lynch y otros de JP Morgan), el fondo se invierte con criterios de Responsabilidad Social Corporativa.
El resto de las Administraciones Públicas ha optado también por contratar fondos privados de pensiones cuando así lo han acordado con los sindicatos. Uno de los que tuvo más solera, el de RTVE, era también uno de los más genenoros ya que la aportación se decide también en negociación colectiva. Ayuntamientos, universidades, diputaciones y parlamentos regionales tienen también estos complementos para sus empleados públicos que nutren con el erario público. Como han optado por la fórmula tradicional de los planes de pensiones, sí están en registros públicos y se puede comprobar el tipo de plan que tienen.
Algunas han optado también por contratar con BBVA que tiene un plan se llama “Sector Público” al que se han adherido algunos ayuntamientos. En el informe de inversión del primer trimestre de 2014, se puede ver cómo el fondo invierte sobre todo en renta fija, pero también en tres fondos de renta variable que son sicav de Luxemburgo y que suponen algo más de un 15% de la inversión de la cartera. El Ayuntamiento de Palencia tiene contratado este fondo.
También el Parlamento de Galicia tiene un fondo, en este caso con Aviva, las Cortes de Aragón con Ibercaja, la Universidad de Jaén con el Santander, la Diputación de Pontevedra con Caser y la de Barcelona con Vidacaixa, y el Ayuntamiento de Madrid con Bankia, solo por citar algunos ejemplos.
Todos están a mucha distancia en partícipes del Estado, pero la Genenalitat de Catalunya (gestionado por VidaCaixa) suma a casi 220.000 partícipes a su plan. Hace apenas dos años, el plan de pensiones de los funcionares catalanes compró un edificio que a su vez realquila a la Generalitat. Murcia 57.000 y Canarias 62.000 por citar los más grandes. La mayoría tienen suspendidas las aportaciones desde 2012.
Los funcionarios deben leer con atención el informe trimestral que se les remite a su domicilio para conocer las inversiones que realizan (suscribir el fondo es voluntario) pero en todos estos casos en la comisión de control del plan hay una representación de los trabajadores que pone los límites. En todos estos casos, menos en el de las Cortes del Reino de España.