La investigación penal de la quiebra de Bankia ha movilizado en las dos últimas semanas a gigantes que parecían dormidos durante los dos años y medio que dura ya la instrucción del juez Fernando Andreu. En un hecho insólito, una de las acusaciones, el FROB, ha presentado un escrito en el que ataca sin medianías el informe que sustenta el caso y que certifica que Rodrigo Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a bolsa. Lo que ocurrió después es la historia de la quiebra de la entidad, del sistema financiero español y de la crisis económica que ha marcado la vida de los españoles en el último lustro.
Como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por decreto ley en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En el caso Bankia, el FROB está personado como perjudicado por la quiebra de la entidad, rescatada con 23.500 millones de dinero público. Pero en los dos años y medio de instrucción, el resto de las acusaciones no recuerdan que su letrado particular –y no un abogado del Estado– haya pedido una sola diligencia para esclarecer lo que ocurrió. La semana pasada salió de ese letargo para entregar al juez un informe de 77 páginas.
En su confección han colaborado nada menos que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin que el juez lo reclamara, el aparato financiero del Estado se moviliza para hacer lo contrario de lo que se pudiera esperar: intentar tumbar la prueba en la que se sustenta el caso, el informe de los peritos, que ha servido a Andreu para imponer una fianza de 800 millones de euros a Bankia, su matriz, BFA, Rodrigo Rato y el resto del puente de mando que condujo a la entidad al naufragio.
En su contrainforme, el FROB dice que los dos peritos que designó el propio Banco de España y que trabajaron con independencia del supervisor utilizaron una “metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades” cuando no directamente “errores”.
De prosperar la tesis del FROB, el caso no llegaría a juicio. Las partes reconocen que los dos informes de los peritos constituyen el auténtico material de acusación, después de una instrucción marcada por declaraciones autoexculpatorias y de delegación de la responsabilidad de unos en otros.
Pero ¿por qué una acusación rebate la prueba principal de un caso? Las fuentes consultadas coinciden en que una sentencia condenatoria abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, lo que devolvería otra vez a la entidad a la UVI y acabaría con las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión.
De paso, el Banco de España podría tapar sus vergüenzas en la quiebra de Bankia, que ocurrió sin que el supervisor interviniera. Por último, el exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, escaparía a cualquier responsabilidad penal en el desastre. Según las conclusiones del FROB, las cuentas de Rato recogían “la imagen fiel” de la entidad. La conclusión implícita es que ni Rato ni los organismos supervisores pudieron hacer nada. La quiebra, por tanto, como el resto de la crisis, habría resultado inevitable.
Coincidencias textuales
El informe del FROB llega apenas una semana después de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, rebatiera igualmente a los peritos. Luzón recurrió la fianza de 800 millones impuesta por el juez con otro ataque a las conclusiones de los funcionarios. En su escrito, el fiscal valora un contrainforme de parte presentado por Bankia y se apunta a la tesis expuesta ante el juez por Francisco González, presidente del BBVA, de que la contabilidad de los bancos “es un chicle”.
Así, el maquillaje que denunciaron los expertos no sería más que el desajuste propio de un cálculo realizado con un método flexible y con una situación macroeconómica muy adversa, que hizo errar en sus previsiones hasta a los organismos internacionales, según el FROB. El equipo de Rato presentó un beneficio de 309 millones de euros. Para sus sustitutos, en realidad se trataba de pérdidas por valor de 2.979 millones.
Luzón consignó que las conclusiones de los peritos son “cuando menos discutibles” y solicita que el juez recabe el criterio del Banco de España y la CNMV. El escrito del fiscal está firmado el 25 de febrero y el informe del FROB, incluyendo las conclusiones del supervisor y el regulador, fue entregado la semana pasada. A pesar de ello, el fiscal incluyó en su informe párrafos calcados del entonces desconocido informe del FROB, como cuando aborda los motivos por los que los inversores pudieron confiar en Bankia. “Los inversores son libres para tomar decisiones de venta”, recogen textualmente ambos escritos.
También ocurre cuando el fiscal y la CNMV –a través del FROB– afirman: “La legislación de la UE permite que los bancos coordinadores de la operación realicen operaciones de estabilización en mercado para evitar que caiga el precio de la acción (como consecuencia de la acción vendedora), sin que dichas compras constituyan manipulación del precio”. En este último párrafo solo difieren en que el fiscal Luzón añade las palabras entre paréntesis.
Cabe recordar que el papel del Banco de España y la CNMV en el caso todavía puede dar un giro más, ya que algunas acusaciones particulares solicitaron en su momento al juez que imputara a sus responsables durante la salida a bolsa. El juez siempre contestó que había que aguardar a las conclusiones de los peritos. En estos momentos, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, es el presidente de la comisión rectora del FROB.
La acusación popular en el caso Bankia, que ejerce UPyD, va a solicitar al juez que no incorpore al caso el escrito del FROB. “Es un fraude, un abuso. No es más que un intento por salvar la cara de todas las instituciones del Estado implicadas. Indirectamente, también defiende a Rato y a todos lo que llevaron a la entidad al desastre”, asegura Andrés Herzog, responsable de la estrategia jurídica del partido.
Herzog lamenta que si el Gobierno, a través del FROB, el Banco de España, la CNMV y la Fiscalía, pretende evitar un mal mayor con una eventual condena a Bankia, “lo mínimo que podía hacer era justificarlo con un informe económico, pero no lo hace”. “Lo que está haciendo el FROB es defender el archivo del procedimiento”, añade.
Además, señala el abogado, Bankia ha obtenido este año más de 700 millones y, en lugar de dedicarse a indemnizar a los inversores de la salida a bolsa, los ha destinado a repartir beneficios.
Herzog considera esta andanada del Estado el último episodio de una “operación política” que fue la salida a bolsa de Bankia, en un intento de huir hacia adelante por los problemas que presentaba la entidad. En este sentido, recuerda cómo accionistas mayoritarios (Mapfre, Iberdrola, ACS, Telefónica...) a los que se llamaba por teléfono para que invirtieran, ni siquiera se han personado en el proceso como perjudicados. “Si reclamas, te lo cobran por otro lado. Es una muestra más del capitalismo de amiguetes español”, asegura.
Pero Herzog es optimista y cree que Andreu llevará el caso a juicio. El juez estudió los dos informes de los peritos y los citó para que ratificaran sus conclusiones en cuatro interminables jornadas en las que los abogados de la defensa y el fiscal intentaron hacer tambalear sus afirmaciones. Una vez escuchados, el juez consideró que hay indicios suficientes contra los imputados como para imponer los 800 millones de fianza civil, destinada a asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena.
Expulsar al FROB, como Ruz hizo con el PP
UPyD ya ha pedido al juez que expulse al FROB por boicotear la actuación del resto de las acusaciones y pervertir su papel para actuar como defensor de los imputados. “Por mucho menos que esto Ruz expulsó al PP de Gürtel”, asegura Herzog, en referencia a la decisión del compañero de Andreu, ratificada después por la Sala, de expulsar al Partido Popular de los casos Gürtel y ‘papeles de Bárcenas’ por erigirse entonces en una suerte de segundo abogado defensor del extesorero.
Este lunes, el juez Andreu retomará las declaraciones de imputados por el uso de las tarjetas 'black', una pieza separada del caso Bankia. A diferencia de lo que ocurre en la pieza principal por la salida a bolsa, el fiscal está pidiendo fianza para la mayoría de los beneficiarios del plástico. Frente a los más de 3.000 millones en juego con una posible condena, el caso de las tarjetas, a pesar del enorme escándalo que ha provocado, supera en poco los 15 millones.