El caso Villarejo ha golpeado a parte importante de la vieja guardia del Ibex 35 y se ha saldado hasta ahora con la imputación de más de treinta directivos y exdirectivos de cuatro de las grandes firmas del selectivo: BBVA, Iberdrola, Repsol y Caixabank.
La lista de investigados por este escándalo de corrupción policial incluye cuatro figuras clave del empresariado patrio (la última, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán), decenas de financieros, algún expolítico y funcionarios en excedencia reconvertidos en directivos del selectivo que aglutina a la élite empresarial española. Entre ellos hay dos abogados del Estado, otros tantos ex fiscales y antiguos miembros de la Policía Nacional y el Ejército al servicio del Ibex.
Iberdrola ha protagonizado la última tanda de imputados por los trabajos supuestamente ilícitos encargados entre 2004 y 2017 al ex comisario jubilado José Manuel Villarejo. El caso ya afecta de lleno a sus dos máximos responsables, el presidente ejecutivo de la multinacional energética y su consejero-director general, Francisco Martínez Córcoles.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón les investiga por delito continuado de cohecho activo y supuestos delitos contra la intimidad y falsedad en documento mercantil relacionados con la contratación de la trama por parte de la energética para espiar presuntamente a políticos, grupos ecologistas y rivales como el presidente de ACS, Florentino Pérez.
Los dos únicos imputados de empresas del Ibex en este caso con funciones ejecutivas son Galán y Martínez Córcoles. Otros directivos y exdirectivos de la eléctrica investigados en la macrocausa Tándem son su anterior número dos, el exconsejero ejecutivo José Luis San Pedro, y Fernando Becker, ex presidente de Iberdrola España.
Becker es una persona muy cercana al PP. En los 90 presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y fue consejero de la Junta de Castilla y León. Hoy es consejero independiente de El Corte Inglés junto a otra de las personas a las que presuntamente espió Villarejo para Iberdrola, el expresidente de Endesa Manuel Pizarro.
La imputación de la cúpula de la multinacional bilbaína se esperaba desde hace semanas, ha abierto un problema reputacional de primer orden para la eléctrica y ha empañado los 20 años de Galán como ejecutivo de Iberdrola. El salmantino, de 70 años, tiene pendiente el trámite de poner su cargo a disposición de un consejo de administración diseñado a su medida. No se plantea dimitir.
Mientras, la presión sobre la acción de la primera eléctrica española crece. Su cotización volvió a retroceder un 1,1% el viernes, tras desplomarse cerca de un 3,6% el miércoles, tras confirmarse la imputación de Galán. La investigación a su cúpula se ha sumado al recorte propuesto por el Gobierno a la energía nuclear e hidroeléctrica, que Iberdrola ha rechazado públicamente. En lo que va de junio, se ha dejado 6.000 millones en Bolsa.
“No es una situación agradable”, decía el jueves Galán, que en sus primeras declaraciones tras su imputación dijo estar “encantado” de comparecer ante el juez en una declaración prevista para el 7 de julio. Horas después, la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó el “deseo” del Gobierno de que “cuanto antes” la cotización de la empresa siga la “buena” senda que tenía. A principios de año, Iberdrola marcaba máximos históricos al liderar uno de los sectores que han salido fortalecidos por la pandemia.
El viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, aludía al “desgaste reputacional” que generan estas situaciones y recordaba la necesidad de que Iberdrola dé cumplida información de las medidas adoptadas ante esta circunstancia.
BBVA, la primera
La primera eléctrica española no está, de momento, imputada por su relación con Villarejo, aunque el juez podría adoptar en breve una decisión en ese sentido. Ya lo hizo en julio de 2019 con BBVA, por ahora, la única firma del Ibex que está imputada como persona jurídica. El banco fue la primera gran empresa que se vio arrastrada a los tribunales por los encargos presuntamente irregulares realizados a Cenyt, la sociedad que lideraba el excomisario, que en marzo abandonó la cárcel madrileña de Estremera tras tres años y medio en prisión provisional.
García-Castellón investiga los más de 10 millones de euros en pagos ilícitos que abonó BBVA durante 13 años (hasta 2017) a la trama de Villarejo por trabajos que incluyeron presuntamente el espionaje a políticos, empresarios y periodistas. El segundo banco español está imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, junto a entre otros su anterior presidente, Francisco González, el ex consejero delegado Ángel Cano y otra docena de directivos y exdirectivos.
González, de 77 años, dejó la presidencia a finales de 2018, meses después de publicarse los primeros pagos del banco a Villarejo para investigar a Luis Pineda, presidente de la falsa asociación de consumidores Ausbanc. Poco después salieron a la luz los pinchazos telefónicos a empresarios, políticos y periodistas para defenderse de la ofensiva sobre el capital del banco que protagonizó en 2004 Luis Del Rivero, entonces presidente de Sacyr. En marzo de 2019, González dimitió “temporalmente” de todos sus cargos en el banco, incluido el de presidente de honor.
Brufau y Fainé
Sí siguen en sus puestos el actual presidente no ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau (73 años), y el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, de 78. El 7 de mayo comparecieron ante el juez García-Castelllón para negar cualquier conocimiento directo de las gestiones que Villarejo realizó supuestamente para la primera petrolera española y Caixabank cuando esta era su accionista de referencia. Están imputados en la pieza que investiga las presuntas labores de espionaje de Cenit para neutralizar en 2011 el intento de Luis del Rivero (entonces todavía presidente de Sacyr) de tomar el control de Repsol (de la que la constructora es todavía accionista) en alianza con la estatal mexicana Pemex.
En este caso, además de Brufau y el expresidente de Caixabank (Fainé es máximo responsable de la fundación que controla esta entidad y vicepresidente de Telefónica), está imputado el actual consejero y secretario del consejo de Repsol, Luis Suárez de Lezo, mano derecha del presidente, y otros seis directivos y exdirectivos de Repsol y la entidad financiera. Más allá del Ibex, el caso Villarejo amenaza a otras grandes empresas que no pertenecen al selectivo y que también contrataron los servicios del ex comisario, como Mutua Madrileña, Planeta o Grupo San José, socio histórico de BBVA en la Operación Chamartín.