Glovo, una empresa asentada en centenares de irregularidades y que sigue retando a Trabajo con sus autónomos

Trabajadores de Glovo esperan su turno para recoger sus pedidos en Barcelona. Fotografía de archivo.

Laura Olías


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Nuevas multas muy elevadas, de casi 79 millones de euros, se suman a la larga lista de sanciones impuestas a Glovo por utilizar falsos autónomos. Las irregularidades se amontonan por centenares, dentro y fuera de España, sin que la compañía cambie su modelo de negocio, basado en mensajeros a los que no contrata y a los que exige repartir como autónomos. Tampoco pese a que el Gobierno aprobó una nueva legislación específica para impedirlo, la llamada 'Ley Rider', contra el abuso de los falsos autónomos y que Glovo sigue desafiando desde su puesto como una de las empresas más potentes del sector. Además, se le ha sumado a una nueva compañía 'insumisa', Uber Eats.

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Las nuevas sanciones en Barcelona y Valencia son relevantes por su abultada cuantía. Han elevado el total reclamado por la Inspección de Trabajo a Glovo a lo largo de toda su historia hasta los 148 millones de euros desde que se implantó en España, según ha podido saber este medio. Por un lado, 87 millones de euros en actas de infracción por ocultar la relación laboral de sus mensajeros, considerados falsos autónomos, y por otro, 61 millones en actas de liquidación, por las cotizaciones sociales impagadas a la Seguridad Social por los repartidores.

En Glovo, en cambio, aseguran que las últimas multas no van a suponer un cambio en su modelo de autónomos, a preguntas de este medio. El motivo radica en que el periodo analizado por la autoridad laboral sigue siendo previo a la entrada en vigor de la Ley Rider, cuando la compañía actualizó sus condiciones. “Se refiere al año 2018 hasta el 11 de agosto de 2021”, responden desde Glovo a elDiario.es.

Por ello, como ha hecho hasta la fecha y sin que la Inspección de Trabajo se haya pronunciado sobre el nuevo modelo de autónomos de Glovo implementado hace más de un año, la empresa insiste en que cumple la Ley Rider y en que seguirá funcionando sin novedades. Además, Glovo ha anunciado que va a recurrir las nuevas resoluciones de Trabajo, lo que inicia, como es habitual, una nueva etapa de impugnaciones que demoran estos procesos en el tiempo.

Una multa más en un amplio historial

Pese a la trascendencia de las sanciones, la cuestión es que Glovo está habituada a estas multas y ha seguido creciendo y consolidándose en el mercado a pesar de estas. Su historial de denuncias y casos abiertos por irregularidades es alargado. Sobre todo por abusos laborales, como reconocía en sus últimas cuentas su nueva propietaria, la alemana Delivery Hero, que advertía de varias causas pendientes que podrían dar lugar a una “salida de recursos” de la empresa.

En el acuerdo de compraventa con la compañía alemana, conocido en Nochevieja del año pasado, se apuntaba que Glovo acumulaba más de 300 causas en el mundo, según informó La Vanguardia. En España, los litigios por su modelo laboral llegaron incluso hasta el Supremo, que dictó una relevante sentencia en la que el alto tribunal concluyó que utilizaba falsos autónomos.

Aunque el grueso de las irregularidades denunciadas o sancionadas tienen que ver con el modelo laboral de los riders, también hay causas abiertas en materia de protección de datos y por prácticas mercantiles de Glovo. Este verano se conoció que los reguladores antimonopolio de la Comisión Europea están investigando a la empresa y a Delivery Hero.

Más de un año retando la Ley Rider

Aun con este currículum infractor, muchos pensaron que la nueva Ley Rider acabaría con la insumisión de Glovo. Se trataba de una nueva ley hecha a medida por el Ministerio de Trabajo para evitar el abuso de falsos autónomos en el sector de las plataformas digitales de reparto. La normativa entró en vigor el 12 de agosto de 2021, tras un plazo de tres meses para que las empresas se adaptaran a la obligación de contratar laboralmente. Pero no lo consiguió: Glovo desafió la presunción de laboralidad de la norma con un nuevo modelo de autónomos, que sigue funcionando más de un año después.

Funcionando y sin ser invalidado aún por la Inspección de Trabajo, recuerdan en la empresa. Las inspecciones conocidas hasta la fecha abarcan periodos de tiempo previos a la Ley Rider, por lo que la compañía reitera que sus autónomos son legales.

Glovo se ampara así en uno de los puntos débiles que destacaron colectivos como RidersxDerechos cuando la norma fue aprobada: lo prolongadas que son las investigaciones de la Inspección de Trabajo. Pueden extenderse durante meses e incluso más de un año, y además pueden demorarse más aún si los casos se judicializan. El los próximos meses, por ejemplo, se juzga en Madrid a Glovo por un acta de Inspección de mayo de 2019. Y, mientras, Glovo sigue funcionando con autónomos.

Desde el Ministerio que lidera Yolanda Díaz han reiterado que serán implacables con el cumplimiento de la norma. “No vamos a parar, van a cumplir la ley”, insistía este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno a propósito de las últimas sanciones a Glovo. La cuestión es cuándo y qué efectos tiene esto sobre el conjunto del sector y sus trabajadores.

Porque ya va más de un año de pulso lanzado por Glovo al Ministerio de Trabajo y, en lugar de imponerse la regulación, la Ley Rider suma una nueva empresa en rebeldía: Uber Eats, de las más potentes en número de clientes. La compañía ha retomado este septiembre a sus riders autónomos después de haber prescindido de ellos para cumplir con la Ley Rider. Entre sus argumentos, que no podía competir con Glovo.

Este mismo argumento es el que está denunciando Just Eat, que ya tenía un modelo laboral (sobre todo basado en la subcontratación) y que con el debate en favor de la Ley Rider empezó a contratar a mensajeros directamente en su plantilla. La compañía ha asegurado que el sector se resiente por la competencia desleal con falsos autónomos, que provoca que otras compañías no asuman costes laborales que ellos sí soportan.

Por ello, desde los sindicatos y algunas voces del mundo académico exigen más mano dura al Gobierno. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, llegó a abrir la posibilidad de exigir responsabilidades penales a las empresas infractoras pero, por el momento, no hay novedades en este sentido. “La paradoja es que hay una empresa que está reventando el sector, compitiendo a la baja y que pese a haber aprobado una ley para evitarlo, sigue ocurriendo”, critica una fuente sindical.

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