El Gobierno aprueba una rebaja de impuestos de 1.800 millones para 800.000 agricultores y ganaderos

El Gobierno ha aprobado una rebaja en el IRPF para cerca de 800.000 agricultores y ganaderos, para hacer frente tanto al impacto de la sequía como de la guerra en Ucrania.

Esta rebaja fiscal supone una reducción de la base imponible estimada, en total, en 1.807 millones de euros, la de mayor alcance de la última década, según indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes una orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se reducen los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2022 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden fue solicitada por el Ministerio que encabeza Luis Planas para minorar esos índices y tener en cuenta el impacto de la sequía y “otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2022, como la guerra en Ucrania, que causó un encarecimiento de los costes de producción”, explica este Ministerio.

Sectores con más ayuda por ser más vulnerables

La reducción general en la tributación por el sistema de módulos es del 25%, pero hay situaciones diferentes, en segmentos de la agricultura que se consideran “más vulnerables”.

Por ejemplo, en el caso del olivar la reducción es del 50%. El mismo porcentaje que se aplica al almendro y la apicultura. Y esta se sitúa en el 30%, en los cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina, albaricoque, así como en los sectores ganaderos.

Agricultura también explica que la orden permite que los declarantes en la estimación objetiva agraria del IRPF puedan minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola, y un 15% por compra de fertilizantes, en el IRPF de 2023. Cabe recordar que carburantes y fertilizantes fueron dos de los productos que emplea el sector donde más se notó el impacto de la inflación.

Por último, Agricultura apunta que se mantienen las reducciones de los índices correctores que se establecieron el año pasado por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica.

Peticiones a la Comisión Europea

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Luis Planas ha asegurado que estas medidas fiscales eran “muy esperadas, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales”. “Estamos preocupados pero el sector sabe que estamos de su lado”. También, que se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para pedir medidas adicionales.

“Ayer escribí al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski” para realizar “dos solicitudes”. La primera es la “activación de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC), porque la situación que viven España y Portugal es excepcional”. La segunda pasa por la “posibilidad de utilizar por las comunidades autónomas las cantidades no ejecutadas de los fondos de desarrollo rural”. En paralelo, “hemos trasladado la voluntad de que las declaraciones de la PAC se eleven a la mayor cantidad posible para este 2023”, ha indicado Luis Planas.

Asimismo, ha indicado que el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de fondos por valor de 292 millones de euros, a ejecutar por las comunidades autónomas; y un incremento del presupuesto destinado a subvencionar los seguros agrarios que alcanza los 317,7 millones de euros en el ejercicio 2023, un 23 % más que en el convenio anterior.

La reacción del campo

Las asociaciones de agricultores y ganaderos ven con buenos ojos esta medida. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de “importante y positiva” la medida del Gobierno de establecer rebajas fiscales, pero considera que es “insuficiente”, debido a la “extraordinaria gravedad” de la sequía que está atravesando España y que está afectando a agricultores y ganaderos, según informa a través de un comunicado.

“Esta medida del Gobierno es una primera respuesta muy importante para muchos agricultores y ganaderos, porque les va a dar liquidez en sus explotaciones, ya que estos pagos los tendrían que hacer en los próximos días en una situación tan grave como la que se está viviendo”, asegura el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas.

Este martes, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) también ha reclamado medidas adicionales y un pacto de Estado ligado al agua. Entre ellas, un IVA reducido al 5% para el suministro de energía al regadío, agilizar los trámites para la apertura de pozos, apoyar el uso de aguas regeneradas y procedentes de desaladora “en condiciones económicas y de calidad adecuadas para el sector”, apuntan a través de un comunicado. También solicitan la exención del IBI, facilitar los ERTE o apoyar los contratos de cesión de derechos de uso del agua entre Comunidades de Regantes y entre regantes dentro de cada Comunidad Autónoma.