El Gobierno da por hecho que las comunidades gobernadas por el PP recurrirán la Ley de Vivienda

El Gobierno percibe que a la Ley estatal por el derecho a la vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros le queda mucho camino por recorrer. No solo la tramitación parlamentaria, sino por la judicialización que ya han dejado caer las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Este martes, casi al mismo tiempo que el Proyecto de Ley salía de Moncloa, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, reconocía por dónde van a ir sus movimientos. “Tengan por seguro que si invade competencias autonómicas, presentaremos el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido por su parte la solvencia de la norma. “El Gobierno ha sido diligente en su tramitación y estamos convencidos de la solvencia jurídica, técnica y, desde luego, del respeto competencial de este proyecto de ley”, ha remarcado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, después de que la senadora de EAJ-PNV, María Isabel Vaquero, haya denunciado ante el Pleno la grave “invasión competencial” del proyecto de ley, recordando que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. “Esta ley se edifica en terreno pantanoso [...] nace con una grieta que usurpa parte de competencias que no le son propias”, ha alertado la senadora nacionalista.

A las críticas del gobierno andaluz se suman las de la Comunidad de Madrid, que en octubre, cuando se aprobó en primera vuelta el anteproyecto en el Consejo de Ministros, aseguró que iría al Constitucional. En este caso, no solo porque invadiera competencias, sino porque veía la ley como un “ataque directo a las huchas de las familias”, en palabras de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que aseguró que la normativa es un golpe a la propiedad privada que “ahuyenta a los inversores”. 

Tras estos pasos, fuentes del Ministerio de Transportes prevén la judicialización. En cambio, señalan su “tranquilidad” porque la redacción del Proyecto de Ley ha supuesto “un trabajo escrupuloso, en defensa de los intereses de las comunidades autónomas y del Estado”. 

Respuesta al CGPJ

En el caso de la Junta de Andalucía, la explicación de por qué irían al Constitucional se ampara en el informe que hace una semana publicó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, con mandato vencido, ha retrasado la aprobación del Proyecto de Ley al requerir un segundo informe sobre el texto que ha elaborado el Gobierno de coalición. El informe ha sido redactado por vocales propuestos por PP y PNV. Precisamente, la Junta de Andalucía se ampara en ese dictamen por ser “un varapalo a esta Ley” que “debería hacer reflexionar también al Gobierno de España”.

La norma, que lleva la firma de la ministra de Transportes y de la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, sí ha tenido en cuenta el informe del órgano de gobierno de los jueces, pero sólo para cuestiones formales y para reforzar la separación de competencias entre Estado y comunidades autónomas.

El texto que sale de Moncloa recoge, por ejemplo, que el “Estado, en ejercicio de sus competencias para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho a la vivienda y en aplicación del principio de cooperación, podrá colaborar en el diseño y la financiación de los planes que se aprueben por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana”.

De esta forma, las competencias sobre vivienda las tienen las comunidades que son las que, entre otras cuestiones, tienen que solicitar la declaración de áreas tensionadas. Pero la Ley refleja que “las administraciones públicas, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes desarrollarán los principios de colaboración, cooperación y coordinación en materia de vivienda”.

Además, según refuerzan desde el Ministerio de Transportes, el Proyecto de Ley incluye una disposición final, la sexta, que “detalla los títulos competenciales que habilitan a la legislación estatal para asumir los contenidos diversos que conforman aquella, habilitando la disposición final séptima el desarrollo reglamentario y estableciendo la disposición final octava la entrada en vigor de la norma”.

En esa disposición, destacan, se aclara que “la Constitución atribuye al Estado las competencias para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente”.

Tramitación por vía de urgencia

A partir de ahora, el Proyecto de Ley inicia su tramitación parlamentaria por vía de urgencia con la intención de que esté aprobado antes de que acabe el año. Fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recuerdan que contar con una Ley de Vivienda está entre los compromisos del Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De momento, el Ejecutivo no habla de líneas rojas y abre las puertas a cambios en el texto para lograr que se apruebe en las Cortes.

Al margen, el índice de precios que limitará las subidas en zonas tensionadas, de las viviendas en manos de grandes tenedores (solo si son personas jurídicas) tendrá que elaborarse en hasta 18 meses después de la aprobación de la Ley,. Pero el Gobierno también insiste en que ese es el plazo máximo y que puede estar listo en menos tiempo.