El Gobierno lanza un plan de ahorro energético de 73 medidas y obligará a que la factura aclare el efecto del tope al gas

El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo plan de ahorro energético de cara al próximo invierno que exige Bruselas, y que complementa al aprobado el pasado verano. El “Plan Más Seguridad Energética”, como lo ha definido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, incluye 73 medidas de seguridad energética con las que se busca alcanzar un ahorro de entre el 5% y el 13,5% en la demanda nacional de gas entre agosto y marzo, tomando como referencia la media de los últimos cinco años, tal y como fija la UE.

Esas 73 medidas se centran en el ahorro y eficiencia, el apoyo a la transición ecológica, la protección de los consumidores, la fiscalidad, la autonomía estratégica o la solidaridad europea. Esas medidas, que pueden cambiar en función de cómo se desarrolle la guerra en Ucrania, no parten de cero porque en los últimos meses ya se han puesto en marcha otras, como el mecanismo ibérico. “No es un trabajo que hayamos empezado ya”, ha señalado Ribera, que ha agradecido las 90 contribuciones recibidas en las últimas semanas de las Administraciones autonómicas y locales, empresas y otros agentes para diseñar este plan “preservando el confort de las familias” y el tejido productivo.

Ribera ha cifrado el ahorro obtenido con las medidas aprobadas en agosto en un 4,6% en luz y del 3,4% en gas. Ha defendido que España se ha convertido en una suerte de “batería” para suministrar electricidad a Portugal y a Francia, muy afectadas por la sequía y los problemas de sus reactores nucleares, respectivamente. Y esto “explica en gran medida el incremento del consumo de gas natural en el sistema eléctrico español”, que el think tank Bruegel cifra en el 2% desde enero. Descontando las exportaciones de electricidad, la caída de la demanda de gas en España ha sido “muy significativa”.

Ribera ha afirmado que en agosto de 2022, sin las medidas adoptadas (como el mecanismo ibérico, rebaja de impuestos y de cargos), la factura eléctrica habría sido un 33% más alta. Y en el caso de los vulnerables y vulnerables extremos “afortunadamente” han podido mantener el mismo precio en sus recibos, ha asegurado. La vicepresidenta ha cifrado en 2.800 millones el ahorro con el mecanismo ibérico, con precios inferiores a los de Francia, Italia o Alemania.

Junto con el impacto en precios, los Gobiernos europeos han tratado de acelerar el almacenamiento de gas para prepararse para el invierno de cara a un posible corte total del suministro de gas ruso. Con datos hasta el 3 de octubre, las reservas de España están al 90% y en el caso del gas natural licuado, al 79%.

Otra variable sobre la mesa es la necesidad de elevar la solidaridad con otros países europeos, que también abarca medidas incluidas en el plan. Francia mantiene actualmente el 50% de su parque nuclear parado, lo que le ha convertido en importador neto de energía cuando tradicionalmente era lo contrario, exportador neto. No solo está importando de España, también de otros países vecinos, como Alemania o Bélgica. A eso se suma que la sequía está golpeando con fuerza a Portugal, que no puede tirar de energía hidráulica como en otros años y también recurre a la producción de España.

En consecuencia, España está aportando el 35% de la demanda energética de Portugal y entre el 4% y el 5% de la francesa. Un papel de solidaridad con estos países que va a continuar en los próximos meses.

El plan no incluye ninguna referencia específica al alumbrado navideño. Sí establece que todas las Administraciones públicas tengan que analizar su consumo energético e identificar medidas para reducirlo si tienen margen para ello, conforme a lo acordado en la conferencia sectorial de septiembre con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el sector público, los edificios tendrán que presentar planes de ahorro antes del 1 de diciembre. Y tendrán que desplegarse planes de autoconsumo en inmuebles públicos.

El plan contempla otros 500 millones más en ayudas para autoconsumo. E incluye una vieja recomendación del sector fotovoltaico: ampliar los 500 metros de autoconsumo a través de red que se permiten en la actualidad. Podrán autoconsumir más de dos titulares en una cubierta, se va a trabajar en la figura del gestor de autoconsumo y se va a convocar una mesa nacional sobre esta materia.

Mientras Portugal acaba de lanzar en su proyecto de Presupuestos una exención fiscal en el IRPF de hasta 1.000 euros en los excedentes de pequeñas instalaciones de autoconsumo (hasta 1 MW), Transición Ecológica trabaja con el Ministerio de Hacienda para analizar la próxima puesta en marcha de desgravaciones fiscales para acelerar la transición energética, en línea con las que ya se lanzaron para incentivar la rehabilitación energética. Según Ribera, el paquete de acompañamiento fiscal, que no ha concretado, “está muy vinculado a consumos energéticos de familias” y a la eficiencia energética.

El ahorro estimado con este plan no tiene en cuenta la demanda extra de gas en la que está incurriendo España en los últimos meses para cubrir las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal. El Gobierno defiende que España está actuando en solidaridad con sus vecinos y que, ya solo con la reducción de la demanda que se ha producido hasta ahora, excluyendo las exportaciones de gas, España ya está cumpliendo con el objetivo de reducción del 7% prometido a Bruselas. A pesar de eso, el Ejecutivo entiende que España tiene que seguir contribuyendo.

Según el Ejecutivo, el aumento registrado hasta septiembre en el consumo de gas de España (del 2%, según los últimos datos del think tank Bruegel), se debe no al mayor uso de las centrales de ciclo combinado por la entrada en vigor del tope al gas, sino a las exportaciones de luz a Francia y Portugal.

El Ejecutivo subraya que, descontando las exportaciones, se ha producido ya una bajada del 10-14% en el consumo de gas que se explica por la menor actividad de la industria, aunque esta se está recuperando por la reciente entrada de la cogeneración en el mecanismo ibérico, del que había quedado inicialmente excluida. El Gobierno defiende que se ha invertido la balanza y España tiene ya una electricidad más competitiva que otros países europeos como Francia. Y sostiene que esa tendencia ha venido para quedarse, por el enorme potencial de España como productos renovable.

Factura más clara

El plan incluye novedades para la factura. Tanto para consumidores en mercado regulado como libre, el recibo incluirá un comparador de consumidores en el mismo código postal. La idea es saber cuánto consume tu vecino para detectar si hay margen de ahorro. El cambio queda a expensas de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) regule cómo deben pasar esa información las distribuidoras a las comercializadoras debidamente anonimizada.

Además, el Gobierno quiere introducir transparencia sobre cómo se está aplicando el mecanismo ibérico, para que no se traslade una información confusa de cuál es su impacto sobre los consumidores. Se trata de una petición que les trasladó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con la que el ministerio está trabajando para definir la mejor forma de hacer llegar la información, de forma que el consumidor sepa cuál es el objetivo de la medida y que nadie lo llame un impuesto. El detalle está por definir.

En el apartado de medidas de solidaridad con Europa está la apertura de la regasificadora de El Musel (Gijón), que permitirá añadir un 4% a la capacidad de almacenamiento de gas de los Estados Miembros (excluyendo España y Portugal); maximizar la capacidad exportadora de gas a Francia en un 18% mediante refuerzos técnicos de la infraestructura existente; y la adaptación de los puertos de Barcelona y Cartagena para poner a disposición de Italia una capacidad exportadora equivalente al 3% del consumo de gas de ese país.

El Gobierno prepara una solución para las calderas comunitarias que no pueden acogerse a la tarifa de último recurso de gas (TUR), que tiene las subidas topadas por ley, lo que obliga a las comunidades de vecinos a contratar el suministro en el mercado libre, lo que les deja expuestos a subidas astronómicas este invierno: “Si se crea una nueva tarifa” o se crea “un nuevo bono” a este colectivo. La medida se está “ultimando”, ha dicho Ribera, sin dar más detalles.

Además, se va a lanzar un plan de sustitución de contadores de gas: el coste adicional de los nuevos dispositivos digitales se cubrirá con presupuesto del ministerio para que el cliente pague exactamente lo mismo que con el contador analógico. La dotación será de unos 40 millones de euros en 2023 y 2024.

El plan, que recoge una ampliación de la protección de los vulnerables, incluye una campaña específica de divulgación que tendrán que complementar las comunidades autónomas y entidades locales, y la publicación de recomendaciones a los usuarios: administraciones públicas, empresas y hogares. En el caso de los hogares, son muy similares a las ya realizadas en el pasado, referentes a aspectos como la climatización, el aprovechamiento de luz solar en invierno y la limitación en verano, así como consejos relativos al uso de electrodomésticos.

Ribera ha subrayado que “si en enero de 2021 el gas ruso suponía el 40% de la demanda de la UE, hoy apenas supone el 7,5%”. El Ejecutivo está monitorizando el aumento de importaciones de gas de Rusia de los últimos meses, aunque sostiene que desde enero estamos en cifras similares a las medias históricas. Desde antes del verano, ha habido importaciones mayores a las de otros años que el ministerio atribuye al parón durante los primeros meses de la invasión.