Goirigolzarri señala que Francisco González decidió la contratación del excomisiario Villarejo en BBVA

El que fuera consejero delegado de BBVA y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha testificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no intervino en modo alguno en la contratación de CENYT, el grupo empresarial de José Manuel Villarejo, al tiempo que ha asumido que fue el entonces presidente de BBVA, Francisco González, quien adoptó la decisión de acudir al ahora comisario jubilado, según informa Europa Press.

Goirigolzarri ha declarado en calidad de testigo cerca de una hora y media por el informe 'Trampa', uno de los primeros presuntos trabajos ilegales que Villarejo y sus empresas habrían hecho para BBVA, y que habría consistido en obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el banco entre los años 2004 y 2005.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, consideró necesario escuchar a Goirigolzarri, que fue consejero delegado de BBVA precisamente en esos años, “al existir indicios de que tuvo acceso al informe 'Trampa II', así como posteriormente al 'Trampa I', y que, aunque le pareció que podía ser delictivo, no se atrevió a comentarlo con Francisco González”.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el ex CEO ha afirmado que se enteró de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano, también ex consejero delegado del banco pero que en ese momento tenía otras responsabilidades internas, situándose jerárquicamente por debajo de Goirigolzarri.

El ahora presidente de Caixabank ha contado que Cano le explicó que se había contratado a una agencia de inteligencia, aunque no recuerda que le mencionara los nombres de CENYT o Villarejo, en relación con la problemática con Sacyr.

De acuerdo con su testimonio, entró en cólera porque se había estado ocupando de la supuesta ofensiva de Sacyr y vio como una deslealtad hacia él que se enterara 'a posteriori' de que se habían contratado los servicios de una agencia de inteligencia para este asunto.

Al ser interrogado por las partes sobre quién pudo dar la orden de contratar a esa agencia de inteligencia, ha contestado que no siendo él, que en esa época era el 'número 2', la única persona con capacidad para adoptar tal decisión sin contar con el CEO era el 'número 1', señalando de este modo a González.

Otras fuentes matizan que Goirigolzarri ha expuesto que asume que la decisión de acudir a CENYT debió partir de González, pero que desconoce que fuese el entonces presidente quien los eligiese.

Las partes han incidido en la conversación con Cano, si bien Goirigolzarri ha subrayado que no le dio detalles de la contratación por parte de BBVA de esos servicios de inteligencia, limitándose a garantizarle que todo era legal. A partir de ese momento, no volvió a saber más, ha sostenido.

Acusaciones como venganza

Este lunes, el juez instructor también ha tomado declaración como testigo al que fuera director de Comunicación de BBVA Javier Ayuso, que ha negado que los informes que CENYT elaboró para la entidad financiera llegasen hasta su departamento.

Conforme a las citadas fuentes, Ayuso ha denunciado que tanto Villarejo como el jefe de Seguridad de BBVA en esa época, Julio Corrochano, trataron de implicarle en la contratación a modo de venganza, después de que revelase en los medios de comunicación la relación del banco con el comisario.

Así, ha negado que se reuniera con Corrochano para tratar asuntos relativos a Villarejo, al tiempo que ha querido puntualizar que BBVA no tenía que defenderse en modo alguno de Sacyr porque las supuestas maniobras de la constructora para desembarcar en el banco estaban abocadas al fracaso desde sus inicios.

Estas dos testificales suponen el último movimiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa 'Tándem', donde se investigan los presuntos servicios contratados por BBVA a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que se habrían pagado más de 10 millones de euros.