Los auditores de Hacienda advierten de graves irregularidades en las cuentas de la Dirección General de Tráfico
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que audita al sector público estatal, se ha negado a validar por segundo año consecutivo las cuentas anuales de la Dirección General de Tráfico (DGT) tras detectar graves irregularidades en el tratamiento contable de varias partidas.
Como ya ocurrió con las cuentas de 2016, los auditores de Hacienda han denegado su opinión en su preceptivo examen de los estados financieros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, adscrito al Ministerio del Interior, al no haber “podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión”. Así lo reflejan las cuentas de 2017 publicadas este martes en el BOE.
La negativa de los auditores se explica por la incorrecta contabilización del inmovilizado no financiero del organismo; inconsistencias en los datos sobre ingresos por tasas derivadas de la inspección técnica de vehículos (ITV); y por el tratamiento contable de las multas que impone la DGT pero no logra ingresar y envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para su cobro por vía ejecutiva, un aspecto que la IGAE lleva años cuestionando.
Respecto al inmovilizado no financiero (que incluye, entre otros, terrenos, edificios, bienes muebles y bienes intangibles), la IGAE advierte de que un 92,62% del que figura contabilizado en el balance de la DGT “no está respaldado por un inventario en el que los distintos elementos estén debidamente individualizados y valorados” o, en el caso de los bienes inventariados, “no hemos podido conseguir toda la documentación acreditativa de la valoración que tienen asignada”.
Esa falta de información implica que la IGAE no pueda “opinar sobre el 63,02% del activo” de la DGT. Tampoco se pronuncia sobre el gasto en amortizaciones relacionado con ese inmovilizado, lo que a su vez le obliga a denegar su opinión sobre los resultados. “La imposibilidad de confirmar el verdadero valor del inmovilizado ni de los resultados de la Entidad hace que tampoco podamos opinar sobre el valor del Patrimonio Neto que figura en el Balance”, concluye.
Los auditores de Hacienda subrayan que Tráfico reconoce esta situación y “ha establecido un plan de acción para resolverla”. Como ya hizo en sus cuentas de 2016, la DGT señala que, al no contar “con los medios necesarios para la elaboración y mantenimiento de un inventario de bienes muebles”, ha establecido “un plan de acción que incluye la externalización de la elaboración del mismo” que está “en desarrollo”.
En cuanto a los ingresos por las ITV, señala la IGAE: “No nos ha sido posible verificar que la recaudación de 77.615.009,31 euros en concepto de tasa por Inspección Técnica de Vehículos, ingresada por las entidades concesionarias de este servicio, sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio. Dicho importe es contradictorio con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo”.
Multas pendientes de cobro
Respecto a las multas, como viene sucediendo desde hace años, “el Organismo no nos ha podido proporcionar información sobre el importe de las sanciones vivas (deducidas las prescritas y las bajas por insolvencia y otras causas) que al cierre del ejercicio tenía enviadas a la AEAT para su cobro por procedimiento de apremio, por lo que no estamos en condiciones de opinar sobre el importe de deudores por sanciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio”.
La IGAE explica que en 2017 Tráfico remitió a la AEAT liquidaciones de sanciones para su cobro en vía ejecutiva por importe de 268,92 millones, pero la Agencia Tributaria solo recaudó en el ejercicio el 40,5%, unos 108,9 millones, que además de sanciones de 2017 incluían otras de ejercicios anteriores.
Tráfico ha comunicado a la IGAE que “reconoce la situación existente respecto a la contabilidad de derechos pendientes de cobro e informa de que ha implementado un plan de acción para resolverla”. Así, la DGT reconoce en sus cuentas que “no dispone de los medios necesarios para el tratamiento y gestión de la información de derechos pendientes de cobro” por sanciones, “imprescindible para su contabilización”, pero está desarrollando “la externalización e implantación de un nuevo sistema de gestión de la información de ingresos que permita, entre otras cosas, el tratamiento y contabilización de los derechos pendientes de cobro”.
La IGAE subraya que las cuentas de la DGT “no reflejan los verdaderos ingresos que el Organismo ha tenido en el ejercicio ni las pérdidas incurridas en concepto de insolvencias y prescripciones”, un incumplimiento que, recuerda, “ha venido produciéndose de manera reiterada” en años anteriores.
Las cuentas las formuló “inicialmente” el pasado 13 de abril Gregorio Serrano director de la DGT desde noviembre de 2016 hasta julio, pero fueron “modificadas” por su sustituto, Pere Navarro, el 20 de julio, dos semanas después de su nombramiento por el nuevo Gobierno. Preguntada por este asunto, la DGT asegura que “no existen irregularidades” sino “carencias históricas del organismo” que atribuye a la “insuficiencia de recursos humanos”.
Los incumplimientos de la DGT en relación a las sanciones y las tasas de la ITV ya fueron advertidos por el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización publicado el pasado verano que detectó posibles irregularidades en la gestión de los ingresos en 2015 en concepto de tasas y multas.
El órgano fiscalizador cuestionó que los más de 914 millones de euros recaudados (507 millones por tasas derivadas de la prestación de servicios y actividades del organismo y otros 408 millones por multas) se destinaran a los fines que marca la ley, que establece que lo que la DGT recaude por sanciones “se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas”.
