El Gobierno quiere aprovechar el parque de viviendas de Sareb -el banco malo- para aumentar la oferta de viviendas en alquiler social, a precios asequibles, una de las asignaturas pendientes que alejan a España de otros países europeos. De hecho, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró este martes al presentar la nueva Ley de Vivienda que España es “una anomalía”. “Francia tiene siete veces más vivienda social que España”, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con un parque de vivienda social de titularidad pública que no llega a los 300.000 inmuebles, el Gobierno de coalición persigue aumentarlo en otros 100.000 más. En parte, a través de los pisos que Sareb tiene vacíos y que podrían ser cerca de 15.000 casas.
Para lograrlo, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 que el Gobierno aprobó hace unas semanas junto al bono de alquiler joven, persigue “acelerar la suscripción de convenios de la Sareb con las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla y las administraciones locales”. Para ello, Sareb cedería el usufructo de esas viviendas con la condición de que se destinen al alquiler social.
A cambio, las comunidades y los ayuntamientos recibían ingresos por dos vías. Una, por parte del Estado. Otra, por el alquiler -a precios asequibles- que cobrarían a los inquilinos; pero también tienen que contribuir económicamente a que esos inmuebles estén en condiciones adecuadas para quienes los habiten.
Ayuda mensual para comunidades y ayuntamientos
El Plan Estatal de Vivienda recoge que, tanto las comunidades autónomas, como los ayuntamientos (así como sus entidades dependientes dedicadas a la gestión de vivienda protegida) “podrán recibir una ayuda de entre 150 euros y 175 euros al mes por vivienda para hacer frente al precio acordado en la cesión del usufructo realizada por Sareb”. Ayuda que durará tanto tiempo como se prolongue la cesión del inmueble y que irá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Esas ayudas tienen como finalidad, según explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mejorar la habitabilidad de esos inmuebles. En ese sentido, recalcan que “las comunidades autónomas tienen que contribuir económicamente en los gastos de habitabilidad, accesibilidad o adecuación que con carácter general requieren todo este tipo de viviendas antes de estar listas para que entren personas a vivir”.
Al mismo tiempo, añaden, “las comunidades autónomas asumen la gestión de estas viviendas con el consiguiente coste. Son horquillas que se establecen para fomentar la puesta a disposición de las viviendas a un precio limitado de alquiler y ayudar a quienes más lo necesitan” y que el objetivo final “es poner a disposición de la ciudadanía el mayor número de viviendas posibles para ser destinadas al alquiler social o asequible, con precios tasados”.
De hecho, el propio Plan de Vivienda ya establece que las viviendas que Sareb ponga a disposición de ese parque de alquiler social “deberán ser accesibles y estar en condiciones de ser habitadas”. Pero asume que esa condición no la cumplen todos los inmuebles. “En caso de no estar en condiciones de ser habitadas podrán financiarse las obras de habitabilidad, adecuación o accesibilidad con ayudas de este programa conforme a las limitaciones establecidas”.
Entre esas limitaciones está esa ayuda mensual de entre 150 y 175 euros al mes. También refleja que “adicionalmente y en el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación” las comunidades o entidades locales podrán “recibir una ayuda de hasta 8.000 euros por vivienda para dichas obras con la que podrán sufragar hasta el 75% de las mismas, incluidos gastos profesionales y tributos siempre que consten debidamente acreditados”. Subvenciones que “son compatibles con cualquiera otra subvención concedida por otras administraciones para el mismo objeto”.
Precios limitados
Esa cartera de 15.000 inmuebles de Sareb que se pongan a disposición de las comunidades para que los saquen al mercado, en forma de alquileres asequibles, tienen que comercializarse a precios limitados.
Podrán arrendarse a un precio de entre 150 y 350 euros al mes, según se exige en el Plan Estatal de Vivienda para los tres próximos años.
Las personas que accedan a estas viviendas tienen que cumplir el requisito de tener una renta, incluyendo a todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, que no supere tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, alrededor de 24.000 euros anuales.
Inmuebles para personas en situación de vulnerabilidad
Estos inmuebles de Sareb están destinados, prioritariamente, a personas en situación de vulnerabilidad. Deberán satisfacer soluciones habitacionales a las víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar, enumera el Real Decreto.
Este enfoque de Sareb hacia el alquiler social tendrá que acordarse con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de viviendas, y con los ayuntamientos.
El pasado miércoles se celebró la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, en la que están presentes tanto las comunidades, como las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En la reunión se pactaron los criterios de distribución territorial tanto del Bono Alquiler Joven, como del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. En ese futuro reparto de fondos, la comunidad a la que corresponde un mayor porcentaje es Andalucía (17,1%), por delante de Madrid (15,9%) y de Cataluña (14,1%). Las que menos recibirán serán Ceuta y Melilla, con el 0,10% de los fondos contemplados.