La realidad sobre el crecimiento y los peajes desarbola toda la crítica económica de la derecha al Gobierno

“Estamos en un momento de estancamiento, y los más pesimistas creen que estamos en declive económico porque aún no hemos recuperado el PIB de 2019”. La primera parte de la afirmación del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ya era falsa cuando la pronunció a principios de junio. La segunda, muy matizable, ya que ignoraba los positivos datos del mercado laboral o las buenas estimaciones para 2023 y 2024 de todas las instituciones. Eso no evitó que la convirtiera en un eje de su campaña electoral. Sobre todo, durante semanas, no cesó de repetir que España estaba a la cola de la reconstrucción del histórico shock de la pandemia. Pues ahora, tras los datos de crecimiento conocidos esta semana y las últimas previsiones, su catastrofismo contra el Gobierno de coalición se ha quedado desnudo. Ni estancamiento, ni mucho menos declive, ni tampoco a la cola.

Las revisiones al alza del INE (Instituto Nacional de Estadística) del PIB (Producto Interior Bruto), desde 2020 hasta el segundo trimestre de este 2023, y las últimas expectativas (del Banco de España, de la OCDE y de la Comisión Europea) confirman que España lidera el crecimiento entre los grandes países de la eurozona. Con las nuevas cifras, la actividad económica que mide el PIB supera ya en un 2% el nivel previo a la pandemia. Y se espera que siga incrementándose a un ritmo cercano al 2% en los próximos años.

Mientras (como se observa en el gráfico anterior), Alemania, Francia o Italia se quedan ligeramente por detrás por el frenazo que han sufrido desde finales de 2022. Principalmente, por la inflación más elevada que sufren. Pero también porque nuestro país se ha visto impulsado por el tirón del turismo –el último sector en desperezarse de la hibernación por la pandemia–, por la potencia del resto del sector exterior y por el despliegue más rápido del Plan de Recuperación.

Además, ahora se sabe (tras las revisiones del INE) que nuestro país completó la recuperación en el verano de 2022, en línea con la media de los socios de la Unión Europea (UE) y de los principales socios. Y eso que España recibió un golpe mayor de la COVID precisamente por el mayor peso del turismo en el conjunto de la economía.

La descomposición del PIB desvela las claves de la histórica recuperación que ha protagonizado la economía desde el verano de 2020. Una reconstrucción radicalmente diferente a la tortuosa y lenta salida de la gran crisis financiera de 2008, marcada por las políticas de austeridad (los recortes en el gasto público para servir a la deuda) tras los rescates bancarios, los desahucios y la escalada del paro hasta el extremo de que, durante meses, 1 de cada 4 personas que querían trabajar no podía.

Las revisiones al alza del nivel de actividad que ha realizado el INE esta última semana han confirmado lo que ya clamaba la brecha que se había abierto entre el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social (con el récord de 21 millones de trabajadores) o de la recaudación general de impuestos con el avance del PIB. Un diferencial que se ha reducido tras las correcciones de Estadística [que las justifica por los dificultades de contabilizar las consecuencias de un shock inédito y brutal], pero que todavía existe, por lo que los expertos no descartan más revisiones en el futuro.

De momento, el PIB ahora cuenta una historia más coherente con el resto de datos económicos. Por ejemplo, relata que algunos sectores relacionados con los servicios y de alto valor añadido han salido muy reforzados en esta recuperación económica. A cierre de junio de este 2023, la actividad en la “información y las comunicaciones” supera en 17 puntos porcentuales el nivel previo a la COVID, el del último trimestre de 2019 por un cóctel de sumandos: el Plan de Recuperación y su empujón a la digitalización, la protección de las estructuras empresariales que supuso la financiación pública de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo)...

Por su parte, “las actividades financieras y de seguros” lo hacen en 14,4 enteros, propulsadas concretamente por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación. Las “actividades profesionales, científicas y técnicas” rebasan en casi 9 puntos su nivel anterior a la pandemia. En este caso por la demanda exterior gracias a la competitividad de nuestros salarios, más bajos que en otros países comparables.

Muy favorecidos por los ERTE, por las distintas reformas y por otras ayudas aprobadas por el Gobierno de coalición se vieron también el “comercio, transporte y hostelería”, cuyo comportamiento destaca del mismo modo en esta crisis, como se presenta en el gráfico que está encima de este párrafo. Además, estos sectores han agradecido especialmente las medidas posteriores para mitigar el daño de las subidas de precios, como las rebajas de los impuestos de la electricidad, el propio tope al gas o el descuento de los carburantes, tanto como empresas como por su efecto en el consumo (por el alivio que han supuesto para las familias).

El esfuerzo del Gobierno de coalición para sostener el consumo pese a la inflación y a las subidas de los tipos de interés tiene dos hitos. Por una parte, la reforma laboral, que ha llevado a máximos la contratación indefinida garantizando más estabilidad a los trabajadores, lo que repercute directamente en las decisiones de un gasto mayor. Por otro lado, las políticas de subida del SMI (Salario mínimo interprofesional), de las pensiones o el diseño y el refuerzo del IMV (Ingreso mínimo vital), que han tenido el mismo efecto.

Asimismo, la voluntad de estimular la actividad económica se percibe en el crecimiento del consumo público. Esta faceta de todas las administraciones (estatales, regionales y locales), junto al gasto de las familias [el consumo final que recoge el PIB] también superan el nivel previo a la pandemia, en 2,4 puntos porcentuales exactamente, como está reflejado en el siguiente gráfico.

La Contabilidad Nacional del INE señala otra fortalezas: el incremento de los exportaciones, con el turismo y los servicios como principales estiletes; y la recuperación casi total del mercado de la vivienda. Por último, muestra mayores dificultades para la agricultura, la ganadería y la pesca, la industria o la construcción, que han padecido con saña lo peor de los shocks de en las diferentes fases de esta crisis: el encarecimiento de la energía y del resto de las materias primas, los cuellos de botella en el comercio mundial...

Menos endeudamiento y menos déficit

Todo el esfuerzo del Gobierno de coalición para dar respuesta a la pandemia y a la crisis de inflación se tradujo en un mayor endeudamiento (cuya sostenibilidad se mide en una primera aproximación como deuda respecto al PIB). Esta ratio se disparó por encima del 120%, pero nuestro país ya la ha conseguido reducir en cerca de 10 puntos y el nivel de PIB revisado lo ha rebajado un poco más.

“El incremento del PIB nominal en más de 20.000 millones de euros ha permitido reducir la ratio deuda/PIB 1,6 puntos adicionales a final de 2022 y permitiría anticipar los objetivos fiscales fijados en el Programa de Estabilidad, adelantando a 2023 la reducción por debajo del 110%”, explica el Ministerio de Asuntos Económicos.

En el mismo sentido, nuestro país tiene menos déficit (que relaciona los desequilibrios presupuestarios respecto al PIB) y margen para subir impuestos a los ricos y a los sectores que han aprovechado la inflación para elevar sus beneficios, como la banca o la energía (al ser también más baja la presión fiscal).

El futuro de la economía de nuestro país viene marcado por la incertidumbre geopolítica, y por un frenazo de prácticamente todos los socios comerciales y por el riesgo de un repunte de la inflación. En definitiva, es lo que buscan el BCE y el resto de bancos centrales con la austeridad monetaria. Sin embargo, la resistencia de España en este contexto se desmarca del catastrofismo.

La campaña de los peajes

Otro de los augurios alentados por la derecha que se difumina es el de un sistema de peajes en las carreteras estatales. Un sistema de pago por uso de las autovías que fue uno de los puntos clave de la última campaña electoral. Solo dos días antes de la cita con las urnas, el entonces candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó el mensaje de que la Comisión Europea corregía al Gobierno español y que esos peajes iban a ser una realidad más pronto que tarde. También sacó a colación el tema en el debate electoral, el cara a cara, previo al 23J.

“Hay un compromiso”, aseguró Feijóo en una entrevista radiofónica. “Para poder percibir fondos, eso tiene que cumplirse”, recalcó. Es cierto que el Gobierno de coalición incluyó la opción de los peajes dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se envió a Bruselas en 2021 a cambio de los 70.000 millones de fondos en forma de préstamos y transferencias. Pero, desde entonces, esa opción está guardada en un cajón y el Ejecutivo ha repetido en múltiples ocasiones que esos peajes no se implantarían si no había consenso con el sector, con los transportistas. Algo difícilmente factible.

Además, la opción del pago por uso para solventar la falta de mantenimiento de las carreteras no la ideó el Gobierno progresista. Viene de antes. Fue Mariano Rajoy quien encargó a la empresa pública Ineco y “con carácter urgente” la evaluación de un sistema de peajes. 

De ese análisis, realizado con Íñigo de la Serna al frente del entonces Ministerio de Fomento, se concluía que se podían recaudar más de 2.700 millones de euros anuales a través de la “aplicación de tarifas tanto a vehículos pesados como a vehículos ligeros”, siguiendo la premisa de quién contamina paga. Pese a esa conclusión Feijóo aseguró antes de las elecciones que él no estaba “de acuerdo con pagar el peaje por kilómetro porque esto destroza la periferia” y que Bruselas estaba “desautorizando a Sánchez”. 

Ahora esa opción se difumina. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no da las negociaciones por cerradas con la Comisión Europea, pero deja claro su “optimismo”, según indicaban desde la cartera encabezada por Raquel Sánchez. De hecho, la ministra apuntó en esa dirección este viernes durante una reunión informal en Barcelona con sus homólogos de la Unión Europea. Reconoció que la Comisión ha recibido “positivamente” la propuesta española de impulsar el ferrocarril como alternativa menos contaminante, no solo para el transporte de personas, también para el de mercancías. 

Lo que ha propuesto el Gobierno y Bruselas ve con buenos ojos es una adenda al plan inicial, que pasa por la futura Ley de Movilidad Sostenible. En ella se recogen los incentivos a la red ferroviaria, por ejemplo, a través de la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años, o el desarrollo de los futuros corredores, como el Mediterráneo, que lleva años sin concretarse. También, el desarrollo de un programa de apoyo al transporte de mercancías por tren, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril.