Tras seis sesiones de juicio, los hijos de José María Ruiz-Mateos se han asido a la sempiterna figura de su padre para afrontar las acusaciones de estafa que pesan sobre ellos por la compra presuntamente fraudulenta de varios establecimientos hoteleros. Pero la Fiscalía Anticorrupción mantiene incólume su tesis contra ellos e incluso ha elevado hasta los siete años y medio su petición de cárcel para cada uno de los acusados.
Pese a afanarse en defender las bondades del empresario jerezano durante sus más de cincuenta años de trayectoria empresarial y atribuir a su persona toda responsabilidad en los avatares de Nueva Rumasa, los alegatos de los seis vástagos varones del patriarca, contra quien también iban dirigidas las acciones penales hasta su fallecimiento en septiembre de 2015, han resultado inverosímiles a ojos de las acusaciones.
Tanto es así que el Ministerio Público decidió ayer modificar al alza su solicitud inicial de siete años de prisión por delitos de estafa e insolvencia punible. Según su exposición final, las explicaciones ofrecidas por procesados y testigos permiten concluir que la actuación del clan fue una maniobra deliberada dirigida a engañar a los vendedores de los hoteles Beverly Park (Gran Canaria) y Beverly Playa (Mallorca) para hacerse con las acciones de los mismos en una “búsqueda desesperada de financiación”.
Y todo ello mediante intrincados mecanismos de “confusión” con los que convencieron a los propietarios de los inmuebles de la solvencia de las empresas con las que, mediante garantías inveraces, avalaron la adquisición. La liquidez de las mercantiles Dhul, Clesa y Carcesa había sido maquillada y en diciembre de 2008 los Ruiz-Mateos se hicieron con los hoteles por 11,7 millones de euros, la mayor parte de cuyo precio no ha sido abonado.
“Los vendedores sabían que las empresas avalistas eran muy solventes”, “la operación estaba cristalina” o “la operación estaba supervisada por profesionales” son las principales afirmaciones en las que los procesados han basado su defensa, apuntalada por su descargo clave: “Sólo había un dueño de Nueva Rumasa y era José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada”. Así lo proclamó uno de sus descendientes, Álvaro, para desvincular a los hermanos de los pormenores de la compraventa supuestamente irregular.
Otro de los acusados, José María, fue más allá: si su progenitor no continuó haciendo frente a las cuotas -fue aplazado el pago de más del 80 por ciento del precio- fue “porque no pudo, se lo aseguro”, aseveró dirigiéndose a la fiscal Ana Lamas, a quien reprochó sus acusaciones sobre los impagos: “Le rogaría que no diga que hemos dejado de pagar. Además, yo no intervine en la escritura”.
En línea con el argumentario desplegado por el resto de encausados, aseguró que su padre no era “un loco que comprara por comprar”, era “muy estricto” y “siempre ha sido un señor que ha querido cumplir con sus obligaciones de pago”. “Llegar al final de su vida sin poder cumplir con ellas mermó sus capacidades anímicas”.
“Parecemos tontos hablando de papaíto”
Los gestos de incredulidad de los acusadores llevó a otro de los hermanos, Francisco Javier, a espetar: “parecemos tontos diciendo que si papá, que si papaíto”, pero la confianza en él era “plena”.
Frente a las explicaciones ofrecidas por los Ruiz-Mateos, los vendedores de los establecimientos aseguraron durante su declaración en el juicio que habían dado credibilidad a la familia puesto que, a tenor de los documentos presentados durante el proceso de compraventa, las empresas avalistas eran solventes y el grupo se encontraba en expansión.
De hecho, la Fiscalía sostiene en este sentido, tal y como expuso el acusador Juan Carrau en su informe final, que la pretensión de los acusados no era afrontar los pagos sino obtener financiación “a cualquier costa”. Los procesados se valieron además de una empresa tapadera cuya sede se hallaba en Belice, administrada por un testaferro que en la actualidad se encuentra en busca y captura.
Los investigadores han tardado varios años en llegar al fondo de un asunto que no es el único impulsado en Baleares contra los Ruiz-Mateos. Sí es el primero de ellos por el que se han sentado en el banquillo. Anticorrupción reclama seis años de prisión, también por estafa, para los descendientes del fundador de Nueva Rumasa por defraudar hasta un total de 13,9 millones de euros en la compra de otro hotel, el Eurocalas, ubicado en Calas de Mallorca.
Al igual que en el caso de los Beverly, y tal como sostiene la abogada que en esta última causa ejerce la acción particular, Isabel Fluxà, los seis hermanos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España“.
El tercero de los procedimientos judiciales que pesan sobre ellos es similar. En este último caso, la presunta estafa, cifrada en unos doce millones de euros, se produjo tras la adquisición de la totalidad de acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental, propietaria del hotel Samoa.