UGT y CCOO reclaman al Gobierno que mantengan Bankia como entidad pública

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, abogan por que en España exista una banca pública y piden al nuevo Gobierno que frene los planes para desinvertir su participación del 61% en Bankia, según informa Europa Press.

Así lo han manifestado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie), donde han señalado que el banco podría convertirse en un elemento de competitividad para España.

Aunque el secretario general de UGT no plantea la nacionalización de la banca de forma indefinida, sí apuesta por que Bankia se convierta en una entidad pública, como sucede en otros países europeos, que sirva para desarrollar políticas que a la banca privada “le cuesta”, cubriendo así necesidades del desarrollo económico de España.

“Seguramente Bankia, si en lugar de estar permanentemente en venta, se quitase del mercado, sería un elemento fundamental de competitividad para nuestro sistema productivo y para dar cobertura a las necesidades del país”, ha indicado Álvarez.

Por su parte, Sordo ha apuntado que una sociedad “se tiene que dotar de distintos elementos financieros”, por lo que España “debe quitarse el miedo” a que una parte del sistema financiero tenga una dimensión pública.

“Hay sistemas de financiación compartida que son muy interesantes a la hora de hacer frente a lo que ha ocurrido en parte de la crisis, donde las dificultades financieras se han llevado por delante muchos proyectos”, ha indicado Sordo.

“Creo que es un debate que debe mantener un país, mantener herramientas públicas o semipúblicas en el sistema financiero es una cuestión de responsabilidad”, ha afirmado el secretario general de CCOO.

El Gobierno cuenta todavía con una participación del 60,63% del capital social de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que debe desinvertir antes del 31 de diciembre de 2019, un plazo que el Ejecutivo podría ampliar o detener si lograse los apoyos parlamentarios para ello.

En otro orden de cosas, Unai Sordo ha destacado la “enorme reestructuración” que ha sufrido el sector financiero en los últimos años y que ha afectado a su dimensión y presencia en el país, que, en su opinión, ha contribuido a la exclusión financiera por el cierre de sucursales.