El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció hace una semana la creación de un sindicato tras el verano, impulsado desde la formación de extrema derecha. Pese a nacer en el seno de un partido político, Abascal afirmó que el nuevo sindicato no estará “al servicio de partidos políticos o de causas ideológicas”, aunque sostuvo que no se plegará “a la izquierda”. En esta semana, desde las redes sociales de Vox y en algunas declaraciones de su líder nacional y sus representantes se ha insistido en que la nueva organización se lanza para “proteger a los trabajadores españoles y sus familias”, pero no ha aportado ninguna medida laboral ni social que impulsará o guiará la acción sindical. Otras de las proclamas pasan por que el sindicato de Vox no se plegará a “los poderosos” y las “oligarquías globalistas”, mientras el partido vota en el Congreso contra impuestos a multinacionales como Google y a grandes inversores.
¿Qué sabemos del nuevo sindicato de Vox? Prácticamente solo que su lanzamiento se prevé tras el verano y que el partido asegura que solo se financiará a través de las cuotas de sus afiliados y no con dinero público. El discurso de Vox sobre las subvenciones pública a los sindicatos es el mismo que respecto a los partidos políticos: que no existan. Sin embargo, cuando la formación de Santiago Abascal logró representación en el Congreso de los Diputados no rechazó las subvenciones. Las acepta y cobra –en 2019 unos 10 millones de dinero público– con el argumento de que el resto de partidos las reciben y no hacerlo les dejaría en desventaja, pero que su objetivo es que desaparezcan.
En las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, precisan que con una representación muy reducida del sindicato de Vox la promesa del partido de no aceptar fondos públicos sería inevitable, porque no los recibirían. En los dos sindicatos recuerdan que se les adjudica fondos públicos en función de su representatividad. CCOO y UGT suman casi el 70% de los alrededor de 274.000 delegados y delegadas sindicales repartidos por España, que se eligen mediante elecciones en los centros de trabajo: unos 97.000 de CCOO y otros 87.500 de UGT, según el último recuerdo suministrado por los primeros. El intento de Vox de formar un sindicato tiene el precedente, poco exitoso, de otro partido político en los últimos años: Podemos lanzó en 2014 el sindicato Somos, que está lejos del 1% de representatividad.
El dinero público se asigna por las funciones de servicio público que se asigna a los agentes sociales más representativos, como la negociación de los convenios colectivos, que marcan las condiciones laborales de todos los trabajadores bajo su 'manto' y no solo a aquellos afiliados a las organizaciones (como sucede en otros países). También negocian en el “diálogo social” con el Gobierno y la patronal las iniciativas que afectan a los trabajadores, como puede ser la subida anual del salario mínimo interprofesional u otras medidas, como se ha visto en la crisis del coronavirus con los ERTE.
Sindicato enemigo de otros sindicatos y del Gobierno
Las declaraciones de Santiago Abascal en las que anunciaba la creación no adelantaron medidas concretas o problemas de los trabajadores contra los que el sindicato vaya a luchar. Este medio se ha puesto en contacto con el partido para pedir información sobre el sindicato, pero desde la formación se ha reiterado que Vox “no colabora con elDiario.es”, como ha ocurrido esta semana en la exclusión del medio para la cobertura de la noche de los comicios vascos y gallegos.
Pero de las palabras de Abacal sí se desprende que el sindicato nace con dos enemigos claros: los actuales sindicatos y, sobre todo, el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. “Nos habéis mostrado vuestro desamparo frente a un Gobierno criminal, al servicio de oligarquías globalistas, y la indefensión que sentíais por los sindicatos ideológicos, al servicio de la izquierda y no de los trabajadores”, afirmó el líder de Vox en el mitin para las elecciones gallegas en A Coruña.
Abascal no se refirió a los abusos que puedan cometer algunos empresarios con sus trabajadores y afirmó que el sindicato estará “al servicio de todos los españoles y no para forzar una inexistente lucha de clases”. El líder de Vox solo ha arremetido contra los empresarios cuando el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que no le parecía “oportuno” el lanzamiento de este nuevo sindicato. “Señor Garamendi, también los empresarios merecen que las organizaciones patronales que les representan defiendan sus intereses ....y no se arrodillen a la mínima de cambio ante un gobierno criminal y ruinoso en cuanto se lo ordena ”El País&Santander“, afirmó en un hilo en Twitter.
En las redes sociales de Vox se avista otro enemigo para el futuro sindicato: los inmigrantes. La formación de extrema derecha ha aprovechado la propuesta de Unidas Podemos de una regulación de migrantes en situación irregular para enfrentar a la población extranjera con los intereses de los trabajadores españoles, como se observa en los siguientes tuits. Según numerosos indicadores, los inmigrantes aportan más a la economía de lo que reciben. En uno de los comentarios en redes sociales Vox proclama incluso que se destruyen los barrios “convirtiéndolos en estercoleros multiculturales”.
No hay propuestas, pero esto hace Vox en la práctica
Sin la difusión de propuestas por parte del partido, y la negativa de Vox a responder a elDiario.es, no se pueden conocer las medidas que impulsaría esta organización sindical. En cambio, sí es posible repasar las actuaciones del partido de Santiago Abascal en varias de las iniciativas laborales y económicas que han sido objeto de debate público en los últimos tiempos.
Durante la crisis sanitaria, al igual que el PP en varias ocasiones, Vox no ha apoyado gran parte de los decretos económicos del Gobierno con medidas laborales, como la ampliación de los ERTE y la prohibición del despido objetivo por causas de la COVID-19. Vox fue el único partido político que votó en contra en el Congreso de la derogación del despido por baja médica que aprobó el Gobierno, que acabó con el despido objetivo por ausencias al trabajo aunque estas estén justificadas por una baja médica. Y la formación de Santiago Abascal también fue la única que no votó a favor en el Parlamento del Ingreso Mínimo Vital para familias de muy escasos recursos económicos. El ministro José Luis Escrivá corrigió con contundencia a un senador de Vox por difundir mentiras sobre este suelo de renta garantizada a nivel estatal, que tienen muchos países, en relación sobre todo a los inmigrantes. Con anterioridad, Vox fue la única formación política que no votó a favor de la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios.
En el terreno fiscal, el partido se ha retratado hace muy poco con su oposición a dos impuestos que incidirían en las multinacionales tecnológicas y grandes inversores. Por un lado, con su rechazo a la llamada 'tasa Google', el impuesto que gravará con un 3% determinadas operaciones de empresas tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros, 3 de ellos en España. La tasa está pensada para gigantes como Google y Amazon. Por otro lado, Vox también intentó tumbar la denominada 'tasa Tobin', el impuesto a las transacciones financieras, que consiste en un gravamen de un 0,2% en las operaciones de compra de acciones españolas de empresas cotizadas con capitalización bursátil de más de 1.000 millones, ejecutadas por operadores del sector financiero. Ambas acciones chocan bastante con su discurso de combatir a los “poderosos” y los “intereses globalistas”.
Otra de sus máximas estos días es el apoyo a la industria, pero el partido se ha desmarcado de algunas medidas que han sumado a la mayoría de partidos para defender fábricas españolas, como la carta que suscribieron las formaciones políticas al presidente de Nissan para que mantuviera la fábrica en Barcelona y que no firmó ni Vox ni la CUP.
De sus programas electorales se pueden extraer también algunos de sus planteamientos laborales. En las medidas que proponían para los últimos comicios generales del 10 de noviembre, el partido de Santiago Abascal retiró algunas de sus propuestas más liberales plasmadas en su programa electoral de solo unos meses antes, como el abaratamiento del despido a los 20 días por año trabajado y limitar el derecho de huelga. Permanecían otras propuestas, como recortar las cotizaciones sociales, con las que se pagan las pensiones públicas y las prestaciones por desempleo, y también su apuesta por un sistema de pensiones mixto, semiprivado, aunque el partido rebajó el tono respecto a su planteamiento para las elecciones del 28 de abril.
Jorge Buxadé, vicepresidente primero Acción Política VOX, suele compartir en Twitter las máximas del partido, actualizando algunos de los puntos prioritarios para la formación. El último mensaje de este tipo, del 8 de julio, apostaba por la expulsión de inmigrantes y la “defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural” porque de lo contrario “recortarán sueldos y pensiones. Riesgo real”, apuntaba.
Los líderes de los sincatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), defienden un discurso opuesto al de Vox: sostienen que la labor pública de las organizaciones de trabajadores más representativas debe retribuirse desde el Estado y que, a día de hoy, “los sindicatos están infrafinanciados” por lo público. Ambos líderes sindicales reivindican la compensación por el gran número de negociaciones y funciones públicas que se les exige para la totalidad de los trabajadores del país por su posición de sindicatos mayoritarios, pero que “pagan en general nuestros afiliados con sus cuotas”.
Como se apuntaba, CCOO y UGT suman casi el 70% de los alrededor de 274.000 delegados y delegadas sindicales repartidos por los centros de trabajo. En UGT cifran las subvenciones públicas en un 10% de su presupuesto total, con la gran mayoría de ingresos fruto de las cuotas de los 941.000 afiliados del sindicato. Por su parte CCOO, cifra entorno al 80% la financiación de recursos propios, básicamente también la cuota de sus “970.000 afiliados y afiliadas”, afirma Fernando Lezcano, secretario confederal de Organización del sindicato.
Ambas organizaciones tienen publicados datos de sus cuentas en los portales de transparencia de sus páginas web, donde UGT indica por ejemplo que en 2017 le fueron concedidas subvenciones por valor de 6,25 millones de euros (aunque parte de ellas ejecutadas en 2018) y CCOO contempla los ingresos del año 2017 de 4,3 millones de euros, aunque no se especifica si se trata solo de lo ejecutado en ese ejercicio.
A las críticas de los sindicatos minoritarios sobre que los dos sindicatos copan la gran mayoría de los fondos públicos, en UGT insisten en que es “el voto de los trabajadores es el que da los fondos”, dado que las concesiones se rigen básicamente por la representatividad. En el mismo sentido se pronuncian en CCOO, el sindicato más representativo, donde recuerdan que el respaldo en votos de los dos sindicatos está a mucha distancia del resto de organizaciones. “De nuestros 97.000 de delegados sindicales a unos 11.000 en el caso del tercer sindicato, que es USO”, sostiene Lezcano.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, cobró alrededor de 730.000 euros en sueldos públicos entre mediados de 1999 y finales de 2013, fecha en la que lanzó el partido de extrema derecha.