Exmiembros de ETA arrepentidos piden a la izquierda abertzale que asuma parte de la responsabilidad en los atentados

Siete exmiembros de ETA que en su día se acogieron a la denominada 'vía Nanclares' tras desmarcarse del terrorismo e incluso reunirse con las víctimas en algunos casos han firmado este miércoles una carta en el diario 'Berria', con motivo del décimo aniversario del final del terrorismo y 48 horas después de que Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, en nombre de EH Bildu y de Sortu, se posicionaran sobre las víctimas de ETA. En la misiva, emplazan abiertamente a los dirigentes políticos de la izquierda abertzale a que asuman también su responsabilidad por haber dado cobertura durante años a la actividad de ETA. “No es lícito esconderse bajo tierra como los topos y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados”, afirman Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafael Caride Simón, Andoni Díaz Urrutia, Ibon Etxezarreta, Carmen Gisasola y Joseba Urrusulo Sistiaga.

Se trata de un comunicado muy simbólico dado que este grupo y el resto de adheridos en su día a la 'vía Nanclares', que toma el nombre de la antigua cárcel de Álava en la que fueron agrupados, resultaron expulsados del colectivo oficial de presos de ETA, el denominado EPPK, y considerados traidores por desmarcarse de la línea oficial. Ellos mismos recuerdan que no se les permitía ni siquiera trabajar o pedir permisos penitenciarios. En muchos casos, han llevado a cabo procesos de alejamiento de su pasado mucho más profundos que los del colectivo EPPK y mucho más adelantados en el tiempo. Gisasola y Urrusolo Sistiaga, por ejemplo, han participado esta semana en actos organizados por el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco, Gogora, al lado de víctimas del terrorismo. La historia de Etxezarreta es ahora muy conocida por la película 'Maixabel', en la que se ve cómo participó en el homenaje a Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Gipuzkoa con el PSOE en cuyo asesinato participó. Es también un movimiento excepcional porque no es un grupo homogéneo ni organizado, según recalcan varias fuentes.

La carta alude a líderes políticos que son “responsables de oportunidades perdidas para negociar” con el Gobierno de España -mencionan los procesos de Argel, el de la tregua de Lizarra o las conversaciones de Loiola en 2006 reventadas en la T-4- y les acusan también de negar su militancia en ETA o de orquestar “persecuciones en los pueblos a la gente que discrepaba”. Remarcan que pedían “insumisión” al Estado en los juicios pero que cuando ellos se han sentado en el banquillo “viéndose en apuros decían que sólo hacían política y agachaban su cabeza ante la Fiscalía”. “Su estrategia política fue un error y no reconocieron el daño causado”, escriben según la traducción al castellano de la agencia Europa Press.

Defienden, en suma, que cinco décadas de violencia no solamente son responsabilidad de quienes apretaron el gatillo -muchos de estos presos son autores materiales de delitos de sangre- sino de quienes los organizaban y de quienes les daban cobertura política. “Es inadmisible que desde la responsabilidad política no se asuma ninguna responsabilidad de lo ocurrido”. “Tenemos que responder los que fuimos militantes y los dirigentes políticos del entorno de ETA”, concluyen. De hecho, ponen en el espejo a la izquierda abertzale al recordarle que ellos mismos exigen responsabilidades políticas de alto nivel con el GAL, por ejemplo.