Cuarenta expertos se unen en el 'Libro blanco' de la pandemia en Euskadi para demandar un refuerzo de la Sanidad pública y un mejor rastreo de los casos de COVID-19

A lo largo de 88 páginas, una cuarentena de científicos, sanitarios y expertos de variadas ramas académicas han plasmado una “reflexión colectiva” sobre la pandemia en Euskadi, sobre su alcance, sus consecuencias y las propuestas que podrían implementarse para algo esencial, que no se sigan perdiendo vidas. La premisa básica es que hay que dotar de más recursos a la Sanidad pública y buscar estrategias para atajar más rápidamente las cadenas de contagio del Sars-Cov-2. Este 'Libro blanco de la COVID-19', editado en castellano y en euskera, fue presentado este viernes y se inspira en una iniciativa internacional llamada 'The John Snow memorandum' -en homenaje al precursor de la epidemiología-, secundado a nivel internacional por miles de expertos y que fue lanzado en otoño en 'The Lancet'.

Los autores apuntan a que sería deseable abordar una estrategia de “ZeroCOVID” -la aplicada en los países que apuestan por cerrojazos con pocos casos frente a los que deciden 'convivir' con el virus endureciendo y suavizando medidas según las olas- aunque finalmente plantean sus propuestas para un contexto menos “utópico”. Para empezar, demandan que los umbrales de incidencia que se han empleado para adoptar medidas se recalculen porque “resultan excesivamente elevados” y, además, sienten que en momentos de repunte la adopción de restricciones ha sido generalmente “tardía”. Y las medidas no se han mantenido en el tiempo lo suficiente para cortar la transmisión, lo que ha facilitado los rebrotes. Entienden que esas medidas deberían ir acompañadas de un “sistema de monitorización” para poder articular “adecuadas políticas públicas de apoyo” a los sectores afectados.

Este grupo parte de la base de que ya antes de la pandemia la Sanidad pública tenía algunos agujeros. En datos, el presupuesto de atención primaria era del 14% cuando “necesitaría el 20-25%” o el de Salud Pública del 1,1% cuando “la OMS recomienda el 2-3%”. “El sistema sanitario tiene a la asistencia individual casi como su único eje y dota de escasa prioridad al aspecto comunitario y a la prevención o a la promoción de la vida saludable”, concluyen. A ello añaden una reflexión sobre la “descoordinación” entre el sistema de cuidados de mayores y el sistema sanitario y otra sobre que la “mayoría” de los cargos gestores de Osakidetza “son cargos de confianza o políticos” y no técnicos.

Alertan, asimismo, de una cierta espectacularización de la atención sanitaria, con muchas imágenes de cribados masivos o últimamente de vacunódromos mientras la realidad, sobre todo en el arranque de la pandemia, es que “se pidió a la población que se mantuviera alejada de los centros de salud y hospitales”, con las consiguientes consecuencias médicas tanto en lo relativo a la COVID-19 como a otras patologías, entre las que se destacan las de tipo psicológico o psiquiátrico. También remarcan la necesidad de formar a la población joven (de 18 a 25 años) en la “gestión de emociones”.

Como propuestas concretas, aluden a subir el presupuesto sanitario al 7-8% del PIB. Con los datos de 2019, ello elevaría la cuenta a 5.959 millones de euros. En 2021, son 4.813 millones los que gestiona la consejera Gotzone Sagardui, aunque habría que agregar los gastos del Ministerio de Sanidad -que, por ejemplo, sufraga las vacunas- o el de instituciones locales. El 25% debería ir destinado a atención primaria y Salud Pública debería duplicar sus fondos. El personal de las residencias de mayores debería publificarse y pasar a formar parte de la plantilla de Osakidetza.

Señalan, igualmente, la importancia de reforzar los equipos de rastreo de casos porque -denuncian- en Euskadi se ha desconocido el origen de la transmisión en el “90%” de los supuestos. Se plantea extender el número de contactos por positivo (en la línea de lo que se conoce como “retrorrastreo”) y garantizar el cumplimiento efectivo de las cuarentenas con hoteles para quienes no dispongan de capacidad en sus casas o con garantías de que los progenitores de niños en aislamiento no tengan que recurrir a cuidadores externos. Reclaman, por cierto, “instalar monitores de dióxido de carbono en todas las aulas” y “garantizar la ventilación”, también en la Universidad, para que el ámbito educativo sea seguro.

Se afean también las políticas de comunicación y difusión de datos por haber sido opacas en ocasiones, al igual que subrayan que ha habido algunos portavoces que no han sido “competentes” en euskera. Este grupo, en todo caso, habría agradecido “estabilidad” en la figura del portavoz en Euskadi, ya que en estos 15 meses han pasado dos consejeras (Nekane Murga y Gotzone Sagardui), dos viceconsejeros (Iñaki Berraondo y José Luis Quintas), dos directores generales de Osakidetza (Juan Diego y Rosa Pérez Esquerdo), dos directores de Salud Pública (Juan José Aurrekoetxea e Itziar Larizgoitia), dos coordinadores del equipo de rastreo de casos (Ignacio Garitano y Arrate Iturralde) y otros portavoces ocasionales, como Mikel Sánchez en la primera ola y Koldo Cambra en algunos momentos de esta fase más reciente.

Los autores del trabajo son: Oier Ateka, Lazaro Elizalde, Lorea Larrañaga, Saioa Elosegi, Angel Bidaurrazaga, Adrián Hugo Aginagalde, Álvaro Goñi, Ugo Mayor, Sergio Barrondo, Maitane Picaza, Naiara Ozamiz, Amaia Eiguren, Naiara Berasategi, María Dosil, Nahia Idoiaga, Carmen Martín, Iñaki Zorrilla, Jon Irazusta, Ana Rodríguez, Itziar Txurruka, Arkaitz Carracedo, Guiomar Pérez de Nanclares, Iñigo Calvo, Imanol Zubero, Olga Giménez, María José Aranguren, Ibon Gil, Pablo Aretxabala, Txema Ramírez de la Piscina, Xabier Madariaga, Edurne Begiristain, Pablo Rey, Amaia Arroyo, Miren Berasategi, Juanjo Álvarez, Iñigo de Miguel, Nora Salbotx, Iratxe Esnaola, Maite Goñi, Ainara Gorostizu, Oihana Aiartza, Ane Arrieta, Garazi Etxebarria, Galder González, Eneko Urizar e Inés Serrano.

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