EH Bildu reclama al Gobierno de Pradales que destine 350 millones a comprar 2.300 viviendas

EH Bildu reclama al Gobierno de Imanol Pradales y, en particular, al consejero socialista Denis Itxaso que compren 2.300 viviendas en 2025 para hacer frente a la “crisis habitacional” y destinarlas al alquiler social. Era ya público que la coalición demanda movilizar 350 millones de euros para políticas de vivienda y la concreción de esa partida son 210 millones para adquirir 1.300 propiedades libres antiguas de precio económico en zonas tensionadas (a razón de 160.000 euros por cada casa) y 140 millones más para ejercer el derecho de tanteo de 1.000 viviendas protegidas que, por la antigua normativa ya derogada, van a perder su calificación en los próximos meses.

Estos detalles han formado parte de la reunión que Pello Otxandiano, Nerea Kortajarena y Oihana Etxebarrieta han mantenido este miércoles con una representación del Gobierno de PNV y PSE-EE encabezada por el consejero de los números de Pradales, Noël d'Anjou, pero a la que significativamente se ha sumado también el secretario general de la Presidencia y mano derecha del lehendakari, Mikel Iriondo. Formalmente, el Ejecutivo mantiene conversaciones también con PP y Sumar para explorar posibles acuerdos presupuestarios pero desde la constatatación de que el Ejecutivo tiene mayoría absoluta y suficiente en el Parlamento para sacar adelante sin sobresaltos sus primeros presupuestos de la legislatura.

EH Bildu interpreta que “las políticas erróneas del pasado” están haciendo que se dilapide inversión en vivienda protegida de hace años que sigue saliendo en la actualidad al mercado libre aunque se cambio expresamente la normativa para que eso no produzca con las nuevas promociones. El consejero Itxaso ha realizado ya públicamente un diagnóstico similar. La coalición, sin embargo, interpreta si no se opera con fondos públicos ya para salvar esas propiedades la nueva construcción anunciada para la legislatura, 7.000 viviendas, no generará un incremento neto del parque público. La formación soberanista reclama “ampliar de forma muy considerable” el disponible de viviendas para destinarlas al alquiler social. Se incide en que rondan las 27.000 en la actualidad incluidas las municipales y las privadas captadas a través de Bizigune o Asap cuando el consejero anterior, el también socialista Iñaki Arriola, aludía a 29.300 en 2023.

En una reciente sesión parlamentaria, Itxaso ya aludió también a la cifra de 1.000 viviendas, aunque con un planteamiento diferente. La idea era vender el suelo a los titulares del derecho de superficie de casas que fueron VPO y que ya no lo son pero siguen levantadas en terrenos públicos. Con ello, la intención era lograr 20 millones de euros para inversiones y que esas viviendas vuelvan a tener la calificación de protegidas ya de modo indefinido. Itxaso cifró en 9.035 las viviendas libres ahora mismo como resultado de su descalificación, que se concretan en 1.207 en Álava, 4.631 en Bizkaia y 3.197 en Gipuzkoa.