En 2008, cuando se aprobó la ley que creaba la renta de garantía de ingresos (RGI) y los complementos de vivienda (PCV), calcular la cuantía que iban a recibir los beneficiarios era relativamente sencillo: un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estaba garantizado en función del número de personas de la familia o de si el perceptor tenía o no otros ingresos. Ahora, cuando el Parlamento discute la reforma del sistema y las prestaciones de vivienda ya están en extinción por la aprobación de una ley específica para garantizar el derecho de acceso a un alojamiento digno, los cálculos son mucho más complejos.
El proyecto de presupuestos para 2020 aprobado este martes por el Gobierno estipula que la RGI crecerá un 2%, la misma cuantía que el salario de los funcionarios y de los altos cargos. Crece un 2% respecto a 2018, cuando mejoró un 3,5% a nivel general y un 4,5% para los pensionistas que perciben ayudas sociales para complementar ingresos bajos de la Seguridad Social. Estas subidas decididas anualmente han sustituido ya al SMI como referencia, aunque la ley de 2008 aún no haya sido reformada después del 'tijeretazo' de 2011 pactado entre PSE-EE y PP. Cuando en España el SMI creció por debajo de otros indicadores como el IPC, la RGI subió como el salario mínimo. Ahora que es a la inversa, las prestaciones se han indexado a los precios.
La subida de 2019 fue aprobada en el Parlamento en una ley 'ad hoc' para solventar los efectos de la prórroga -el Gobierno no consiguió apoyos en la oposición- daba por “derogada” la disposición adicional sexta que, desde que la introdujo en 2011 la consejera socialista Gemma Zabaleta, recortaba las ayudas sociales (no sólo la RGI) un 7%. El consejero Azpiazu, en la rueda de prensa de presentación de las cuentas, asegura que ese 7% está “dejado de lado desde hace muchísimo tiempo”. Fuentes de su equipo añaden que en el proyecto de este año, por vez primera desde 2011, no aparecerá la cifra que tantas polémicas políticas y sociales ha desatado.
Pero la clave es que las subidas, tanto la de 2019 como la que se propone para 2020, parte de la cuantía “aplicada durante el ejercicio anterior” más el porcentaje que se decida. No aparece el recorte del 7% pero se da por consolidado. ¿Cómo se traduce esto en números? Con la de 2008 original en la mano, una persona sola que cobrara la RGI básica tendría que cobrar 924 euros mensuales (el 88% del SMI en vigor, 1.050 mensuales a 12 pagas). Según la web de Lanbide, lo que realmente se abona es 667 euros. Más el 2% quedara en 680 euros en 2020.
EH Bildu busca detener la reforma de la RGI
Precisamente este martes, el grupo de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha anunciado en rueda de prensa que usará un resquicio legal del Reglamento de la Cámara nunca antes empleado para tratar de paralizar la tramitación de la reforma de la RGI, su artículo 152. La coalición abertzale -como en su día Elkarrekin Podemos- entiende que la propuesta de los partidos del Gobierno (PNV y PSE-EE) es sumamente restrictiva con las víctimas de violencia de género y sostiene que las posibles correcciones vía enmiendas no bastarían para dar la vuelta a un texto hecho “con terminología propia de grupos de ultraderecha y machistas como Vox” cuando cita a víctimas de violencia intrafamiliar.
Según los datos de EH Bildu, una mujer víctima de violencia y sus hijos cobran ahora unos 905 euros y, con los cambios propuestos, percibiría 634 euros. Además, no podría compatibilizar la prestación con una vivienda social o con ejercer un derecho económico como requerir el pago de una pensión al agresor. Consideran también que una víctima de violencia en el ámbito del hogar -una empleada doméstica, por ejemplo- que deje su trabajo perdería la posibilidad de cobrar una prestación. “No sé si son conscientes de la gravedad de la situación”, han denunciado las parlamentarias Nerea Kortajarena y Oihana Etxebarrieta, que incluso han llegado a alertar de que puede haber vidas en juego.
Para paralizar la tramitación de una proposición de ley ya en marcha es necesario que lo soliciten dos partidos, por lo que EH Bildu necesitaría a Elkarrekin Podemos. Y luego debería contar con mayoría en el pleno. Para ganar una votación de estas características a los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, se requeriría del apoyo también del PP.
La tramitación de esta reforma está siendo complicada. La pasada semana, la propia consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, reconoció que se está retrasando más de lo debido. En la primavera de 2017, el Gobierno de Iñigo Urkullu presentó su tan ambiciosa como polémica -por incluir algunas restricciones- reforma de la renta de garantía de ingresos. Un año después, PNV y PSE-EE decidieron que se tramitaría como “proposición de ley” -un texto presentado por los partidos en el Parlamento- y no como “proyecto de ley” -una norma aprobada por el Ejecutivo-. Aquella anomalía se presentó como una solución “rápida y ágil” dada “la urgencia y los requerimientos existentes para que se reforme el sistema que regula estas prestaciones sociales”, en palabras del consejero-portavoz, Josu Erkoreka. Ahora, en el otoño de 2019 y con la legislatura encarando su tramo final, la reforma sigue sin terminar de ver la luz. “Visto el resultado, teníamos que haber optado por otra cosa”, asume Artolazabal.