Cinco preguntas sin respuesta sobre la no subida de la RGI en un 8%
Euskadi presume (con razón) de tener el sistema de renta básica más amplio y garantista de España. Según un informe de la Comisión Europea, con alrededor del 5% de la población, la renta de garantía de ingresos vasca, conocida por sus siglas RGI, atiende a unos 65.000 de los 258.000 beneficiarios de ingresos mínimos en todo el país. Copa también el 40% del presupuesto y la gran diferencia es que en Euskadi disfrutar de un salario para quienes no tienen recursos o para quienes acreditan nóminas o pensiones bajas es un derecho subjetivo. Cobrar la renta mínima no depende de decisiones políticas o presupuestarias, sino que es exigible ante los tribunales exactamente como la sanidad, la educación y, desde 2016, una vivienda digna.
Pero desde 2011, mientras los dirigentes políticos repiten esas cifras y esos hitos, el sistema ha sufrido varios cambios de calado. La RGI vasca sigue siendo un referente, pero un poco menos. En 2011, el Gobierno de Patxi López pactó con el PP endurecer el acceso al sistema, medida que afectó básicamente a los extranjeros. De un año de empadronamiento se pasó a exigir o tres años de estancia o cinco años cotizados a la Seguridad Social. Semanas después, ese mismo Ejecutivo decidió recortar con carácter general todas las cuantías un 7%. La medida se mantiene hasta hoy ya que el gabinete de Iñigo Urkullu la ha prorrogado presupuesto a presupuesto durante cuatro años.
La última polémica en torno a la RGI, sacudida en los últimos años por las acusaciones de fraude hacia los magrebíes lanzadas por el exalcalde de Vitoria y dirigente del PP Javier Maroto, campaña de firmas incluida, ha sido la decisión del Ejecutivo del PNV y PSE-EE de no trasladar la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta prestación, desde que surgió como tal en 2009, ha ido siempre vinculada a un porcentaje del SMI y ha fluctuado con sus subidas. La cobertura mínima de su cuantía era del 88% del SMI (sube si el titular tiene personas a su cargo), en 2011 –con el recorte del 7%- se quedó en el entorno del 82% y ahora bajará hasta el 76%.
Esta operación, que ha generado una verdadera tormenta política y social, ha puesto en evidencia a las primeras de cambio a la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. La dirigente nacionalista llegó al cargo en noviembre procedente de la Diputación de Álava, donde le tocó lidiar con el caso de prostitución que afectaba a menores tutelados por la institución.
Éstas son las cinco preguntas que han quedado sin respuesta en esta crisis:
1. ¿Es Euskadi la única comunidad autónoma que utiliza el SMI como referencia para su renta básica?
El Gobierno, agarrándose a una disposición transitoria del real decreto que aprobó la subida del SMI, considera que el incremento es “excepcional” y que para garantizar la “sostenibilidad” económica del sistema no la aplicará, ya que costaría entre 30 y 41 millones adicionales a los casi 500 que ya se invierten. A cambio, ofrece una mejora del IPC (en España del 1,5% en 2016). Para reforzar esta posición, desde el lehendakari, Iñigo Urkullu, hasta Artolazabal, pasando por todos los portavoces del PNV, han insistido en que el SMI no puede ser una referencia. De hecho, se ha remarcado que Euskadi es la única comunidad que vincula su ingreso mínimo al SMI. Es cierto que la mayoría busca otras fórmulas de fijación de cuantías, pero también lo es que el segundo sistema en importancia por volumen económico y beneficiarios, el de Andalucía, se referencia también en el SMI. En concreto, cubre el 62% del SMI. En el caso de Melilla, también los subsidios están indexados al SMI, con el 50% como referencia general.
2. ¿Cuántas personas se quedan fuera?
El SMI no es sólo una referencia para establecer las cuantías. Se emplea también para determinar los umbrales de máximos de renta para acceder al sistema. Si no sube el 8%, tampoco subirán los topes y personas que podrían haber tenido derecho a la RGI no lo tendrán. Pedro Sánchez, experto en la materia y exdirector de RGI con Patxi López, lo explica así en un artículo en eldiarionorte.es: “La subida de acuerdo al SMI hubiera permitido la entrada de una parte de esa población fronteriza que es lo suficientemente pobre como para no acceder a unos mínimos de bienestar y que, sin embargo, dispone de demasiados ingresos para ser atendidos por el sistema. Aquí se deben incluir multitud de pensionistas. Todos ellos podrían haber accedido a pequeñas cuantías de RGI”. Artolazabal, preguntada expresamente por esta cuestión, no ofreció concreciones. “Supondría la entrada de algunos nuevos perceptores y también la salida de otros del sistema. Eso es lo que de momento le puedo comentar. No sé la cifra exacta”, indicó.
3. ¿Se actualizó el año pasado la RGI conforme al IPC y no al SMI?
El Ejecutivo defiende que mejorará la RGI en 2017 al revalorizarla conforme al IPC (oficialmente aún no ha dado ningún porcentaje). Y añade que eso mismo ocurrió el año pasado. No es correcto. Desde 2009, primer año en el que se aplicó la ley de 2008 de garantía de ingresos, las cuantías han variado en función de los decretos estatales que han fijado el SMI. La única excepción fue 2011, cuando se introdujo el recorte del 7%. A partir de ahí, aunque se mantuvo esa reducción, las prestaciones se han revalorizado en pequeñas cantidades coincidiendo con las tímidas mejoras del SMI. Y así ocurrió de 2015 a 2016. El año pasado, aunque el crecimiento fue similar al del IPC, no hubo ninguna reforma legal que modificase el sistema de cálculo de las ayudas sociales vascas.
4. ¿Se ha garantizado el poder adquisitivo de los perceptores?
Artolazabal ha lanzado dos argumentos para defender su decisión de no subir la RGI un 8%. El primero, que si en diciembre las cuantías eran dignas y más elevadas que la media española, en enero lo siguen siendo. El segundo, que la subida del IPC, aunque sea menor que la del SMI, garantiza el “poder adquisitivo” de los casi 64.000 beneficiarios del sistema. Es una verdad a medias. Si se aplicase la mejora del 1,5%, la RGI básica en 2017 rondaría los 635 euros por los 625 actuales y se cubriría esa subida del coste del nivel de vida. Sin embargo, en 2009 la cuantía era de 641 euros. Según el INE, el IPC ha variado desde entonces un 11,8%. Así las cosas, Euskadi debería abonar 716 euros si quisiese garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema de acuerdo con los criterios de la ley de 2008. Asimismo, en los años en que el IPC ha crecido pero el SMI se ha congelado, el Gobierno vasco siempre ha primado para los cálculos el segundo indicador.
5. ¿Es la RGI una prestación laboral?
Otro de los argumentos que ha empleado el Ejecutivo para desvincular la RGI del SMI ha sido el de que “no es una prestación de naturaleza laboral”. “Es un concepto diferente a la RGI ya que se refiere a rentas de trabajo y no tiene traslado directo a un modelo de garantía de ingresos”, explicó Artolazabal, a pesar de que desde 2009 ambos conceptos están directamente vinculados. Pero, ¿es la RGI una prestación laboral? En 2011, la tramitación de estos subsidios pasó de la ventanilla de los servicios sociales a la de Lanbide, el servicio autonómico de empleo. La idea era, precisamente, que se convirtiese en una continuidad del paro y que estuviese directamente vinculada a la empleabilidad. Tan es así que uno de los requisitos (excepto para jubilados y colectivos de alta exclusión social) es la imposibilidad de rechazar empleos razonables o cursos de formación. De hecho, la propia Artolazabal explica que “la traslación de la competencia de las políticas activas de empleo al Gobierno vasco supuso no sólo la gestión del derecho a la prestación económica, sino también el relativo a la activación laboral”.
