A finales de agosto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dejó sin efectos el protocolo puesto en marcha en los dos juzgados especializados de violencia contra las mujeres de Bilbao por el cual se obligaba a los denunciados a portar pegatinas de colores que los identificaban. Se interpretó que era atentatorio contra la presunción de inocencia. Sin embargo, las dos magistradas titulares de esas salas, ubicadas en las plantas cuarta y quinta del palacio de la calle de Buenos Aires, insistieron en septiembre en los graves problemas de seguridad que se dan en esas instalaciones porque se mezclan “denunciantes, investigados y testigos”, así como funcionarios, policías y abogados. El decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha elaborado en octubre un informe detallando el “problema considerable” que se produce “a la hora de mantener a las mujeres denunciantes separadas de sus parejas o exparejas denunciadas”.
El documento indica que en la zona habilitada para esta jurisdicción “son muchas las personas que transitan”. Los denunciados por violencia de género que están en libertad —“un mayor número que los investigados detenidos”— o “no quieren entrar” a una sala específica para imputados o “en algún momento” salen de ella. “Se les pierde el control por el edificio”, avisa el informe, que ha apreciado casos en que llegan a acceder a una zona de espera donde sus posibles víctimas aguardan a ser exploradas por un forense para que se precise el alcance de las lesiones recibidas. También hay testigos “del ámbito del denunciado” que pueden contactar con las mujeres víctimas.
El informe, en el que se indica que han realizado aportaciones los responsables de la Ertzaintza, habla a las claras de “brechas” de seguridad por mucho que a la entrada haya arco y escáner y que estén instaladas 66 cámaras a lo largo de las plantas. Por ejemplo, la puerta de acceso a una zona privada es a la vez una salida de evacuación y no puede quedar cerrada en ningún momento. La apertura de la zona de mujeres denunciantes, además, está controlada por una cámara remota y no se puede garantizar que, cuando se acciona el sistema desde otra planta, no pasen “más personas de las autorizadas”. “Genera inseguridad a los funcionarios de Justicia y a las propias mujeres denunciantes”, se concluye.
A petición de las magistradas y de los responsables de seguridad, la sala de gobierno del Superior, a cuyo frente está Iñaki Subijana, ha adoptado algunas medidas. Demanda, por ejemplo, la creación de una plaza para que un funcionario controle presencialmente los accesos a la zona de víctimas en todo momento, lo que es competencia del Gobierno vasco. Se pide también que abogados, procuradores, ertzainas, guardias civiles, policías locales y nacionales y otros operadores se identifiquen debidamente con sus tarjetas profesionales. Se elaborará un nuevo protocolo “de tránsito” y se hace un llamamiento expreso a los responsables de seguridad para que “refuercen” la “vigilancia” en las plantas cuarta y quinta, así como en pasillos y zonas exteriores.
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