La Junta achaca al Gobierno el impago de la subida salarial a los funcionarios pendiente desde 2020

La Junta ha asegurado este miércoles que existen “condicionamientos presupuestarios”, entre ellos no contar con el 100% de los ingresos del Estado, para abonar la subida salarial del 2% pendiente de 2020 a empleados públicos, una deuda para la que, ha apuntado, se seguirán dando pasos para fijar plazos de pago.

El Ejecutivo autonómico fija la cuantía adeudada de enero a noviembre 2020 en 25.093.645 euros e incluye a empleados públicos de la Junta, organismos autónomos y de la Universidad de Extremadura. En concreto se adeudan 8,2 millones de euros al personal sanitario, misma cantidad para docentes, 6 millones en la administración general, y el resto en organismos autónomos, entidades públicas y personal universitario (1,5 millones de euros sólo estos últimos), ha expuesto el secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Hernández Carrón, a preguntas sobre cómo pagarán la deuda reconocida a los empleados públicos, en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea extremeña.

Para Hernández Carrón, existen “condicionamientos presupuestarios” como contar con un equilibrio en las cuentas, y una “perspectiva a medio y largo plazo”, con la vuelta de las reglas fiscales, a considerar.

Según ha dicho, el Estado tiene una deuda de 160 millones de euros con Extremadura por la falta de actualización de las entregas a cuenta, al no presentar nuevos presupuestos este año, que impiden contar con el cien por cien de éstos, una falta de ingresos que vincula con el pago de la deuda con los trabajadores. “Si tenemos una merma de 160 millones de euros de los ingresos, no podemos estar pensando en pagar atrasos de los empleados públicos que ustedes nos dejaron”, ha recriminado Hernández Carrón a preguntas del diputado del PSOE José María Vergeles.

El secretario de Presupuestos de la Junta ha expuesto que han incluido una disposición adicional en la ley de presupuestos para obligar a cuantificar las pérdidas retributivas de los empleados públicos y fijar unos plazos con los sindicatos para su abono. Además, ha recordado que la subida se acordó con sindicatos a nivel nacional en 2018 y que los por entonces responsables del Ejecutivo extremeño supeditaron su pago posteriormente a futuras negociaciones y a que se alcance el equilibrio presupuestario en la comunidad autónoma. Por ello ha criticado la “falta de voluntad política” de la anterior Junta pues “tuvieron la posibilidad de pagar, pero no lo hicieron”, ya que en 2021 se alcanzó un superávit de 49 millones de euros, sin embargo “no quisieron llegar nunca a un acuerdo en mesa general de negociación”.

Según Hernández Carrón, existen “certidumbres” en materia de hacer frente a subidas salariales ya pactadas a nivel nacional y autonómico, pues en 2023 Extremadura ha pagado 27 millones de euros a los empleados públicos en diferentes conceptos.

Además, en 2024 existe el compromiso de pagar 68 millones de euros, pues “se está pagando la turnicidad de los empleados sociosanitarios de Plasencia y Mérida”, y el segundo incremento del 0,5% salarial de 2023, lo que suponen casi 12,5 millones de euros, a los que se añaden unos 57 millones pendientes de pagar de la subida del 2% en 2024.

En su opinión, el Ejecutivo regional está poniendo “claridad en los pasos que se tienen que dar para el abono final de estos atrasos”, ha dicho a la vez que ha asegurado que actuará “conforme a la coyuntura económica”

Por su parte Vergeles le ha recriminado “sembrar más dudas” hoy a los empleados públicos respecto al pago de la deuda, pues “todavía no pueden decir cómo lo van a hacer” ya que, a su juicio, no hay nada destinado a ello y “lo único que tienen es un brindis al sol en una disposición adicional” de los presupuestos autonómicos.