El pacto de PP y Vox en Extremadura: borrado de la violencia machista, veto parental en las aulas, nucleares y toros

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para Extremadura contempla 60 medidas, pero es más elocuente por lo que invisibiliza: la violencia machista. La que hasta hace unos días era una línea roja para la líder popular, María Guardiola, ha quedado borrada. En el pacto no existe la violencia machista. Además, el documento detalla líneas de gobierno similares a las alcanzadas en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares.

Entre otras, las rebajas de impuestos, defensa de la unidad de España, promoción de la tauromaquia, derogación de las leyes de Memoria Democrática y la posibilidad de introducir en las aulas un veto parental. En el caso extremeño, además, el acuerdo contempla una apuesta por la energía nuclear. También se abre la puerta a una oficina antiokupación.

La violencia machista o de género no se recoge en el pacto de gobernabilidad, y así lo ha admitido la candidata del PP María Guardiola, durante la presentación del texto. “Trabajaremos para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer” se expone en un punto que se inicia con la defensa de “los derechos de las familias”.

No obstante, se trata, en parte, de una cesión de la formación de Santiago Abascal porque en la propuesta que intercambió con el PP el 19 de junio, un día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, se hacía mención a la “violencia intrafamiliar”, como en otros acuerdos sellados entre Vox y PP.

Dumping fiscal

“En los 100 primeros días de gobierno (...) reduciremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Matriculación. Asimismo, suprimiremos al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y eliminaremos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la mayoría de contribuyentes”, reza el punto dos del acuerdo, para exigir luego, en el punto 50, un plan de inversiones “exigentes”.

Tras el resultado electoral, y a pesar que aún Guardiola y Vox no habían iniciado la negociación, aunque sí los reproches, la candidata del PP aseguró que ya había elaborado el decreto-ley de medidas fiscales, que recoge esta bajada de impuestos y que entra de lleno en la práctica de dumping fiscal entre comunidades autónomas. De hecho, en el acuerdo final se recoge que el objetivo es hacer Extremadura “atractiva y competitiva fiscalmente frente a otras regiones”.

Al mismo tiempo que la rebaja de impuestos supondrá una merma para las arcas públicas, PP y Vox pedirán más inversiones al Gobierno. Ambos se comprometen a exigir un plan de inversiones que garantice “el desarrollo social y económico, sobre todo en materia ferroviaria”. En concreto, reivindicarán plazos de ejecución del AVE, autovías “y el resto de infraestructuras comprometidas”.

La derecha y la ultraderecha también se han puesto de acuerdo para instaurar en los centros escolares de Extremadura el veto parental. Era una medida que se daba por hecho porque en los acuerdos programáticos que se intercambiaron antes de romper la negociación la semana pasada ambas partes lo recogían. El acuerdo final está redactado en los siguientes términos: “Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura (...) y aseguraremos el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

La puesta en marcha es una exigencia de Vox que asume el PP, pero el partido ultra ha rebajado su exigencia. Hace casi dos semanas también reclamaba en este apartado que ningún “lobby ideológico de orientación sexual” participara en las sesiones escolares.

Por otro lado, el nuevo Gobierno de coalición derogará la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que es del año 2018 y que aún el PSOE no había desarollado en su totalidad. PP y Vox lo incluyen en su pacto, en concreto en el apartado dedicado a la 'Libertad, desarrollo social y económico'. Ambos partidos consideran que se trata de una ley que “divide en bandos”, propicia la ruptura del pacto constitucional y trata de “moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada”. Y en este sentido, el futuro Ejecutivo tratará de sacar adelante una ley que sirva “a la reconciliación y a la concordia real”, sostienen.

Competencias de Vox

Los toros, la caza y la Ley de Bienestar Animal también son objeto del pacto. De hecho, en la consejería que se va a crear para Vox, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, que actualmente son una dirección general y una secretaría de la Consejería de Agricultura (esta última la gestionará el PP), estarán las competencias de caza, pesca, gestión de los incendios forestales, patrimonio natural y toros, ha explicado Guardiola. Pero en ese apartado del acuerdo también aparece la política de aguas y el medio ambiente, por lo que podrían pasar a manos de Vox en la nueva legislatura.

En primer lugar, el compromiso es cumplir el acuerdo que los dos partidos, y también el PSOE, firmaron con la Federación Extremeña de Caza para fomentar esta actividad, y también la protección de la tauromaquia “como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa”.

Según el punto 15 de este apartado, se revisarán las “prohibiciones y limitaciones” de la Red Natura 2000 para “compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales”. Además, se van a permitir “usos y actividades tradicionales en los montes” porque “la mano del hombre es necesaria (...) también para prevenir los grandes incendios”.

Coincide con lo expresado con la diputada extremeña de extrema derecha en el Congreso, Magdalena Nevado, declarada negacionista del cambio climático y de las políticas ambientalistas de la Unión Europea. “Allí donde entra la Administración es donde se descontrola y donde se quema porque todo son prohibiciones. Las prácticas que ellos han estado utilizando toda la vida para controlar los incendios ahora se prohíben, todo es burocracia. El campo está abandonado por estas políticas verdes que vienen de al Unión Europa y de la Agenda 2030”, dijo en el verano de 2021 en plena ola de incendios en Extremadura.

PP y Vox en Extremadura también recuperarán “las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”, por lo que hacen suya reclamaciones históricas de las organizaciones agrarias, que denuncian que la política medioambiental pone en riesgo la viabilidad de sus negocios. Por este motivo, entre las medidas también se incluyen la eliminación de cualquier “traba burocrática o legislativa” en materia climática que afecte a la “prosperidad del campo o la libertad” de los extremeños, además de poner en marcha reformas que permitan “contrarrestar” los perjuicios de la Ley de Bienestar Animal.

Más regadío y más nuclear

El futuro Gobierno de coalición quiere ampliar los regadíos en el actual contexto de emergencia climática, a pesar de las advertencias de varias organizaciones que ya han alertado por la puesta en marcha de regadíos en la pasada legislatura. PP y Vox van a ampliar el riego para el sector primario “velando por la suficiencia de recursos para el consumo humano y animal”.

Guardiola y el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, también se han puesto de acuerdo para exigir que se “rectifique” el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyo cierre de las unidades I y II se llevará a cabo entre 2027 y 2028. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también apuesta por la energía nuclear y ha asegurado que prolongará la vida de las centrales si gana el 23J.

Por otro lado, en Extremadura, al igual que ha sucedido en Castilla y León, el diálogo social está en el punto de mira. Vox ha logrado incluir en el acuerdo una “reducción considerable” de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de los percibido en 2022. En el inicio de las conversaciones para conseguir desalojar al socialista Guillermo Fernández Vara de la Junta, el PP no aceptó este punto.

Además, a pesar de que la candidata del PP ha reconocido que la okupación no suponía un problema para Extremadura, ahora se compromete con el partido ultra a “estudiar” la creación de una oficina para el “asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”