Extremadura exige al Gobierno 329 millones de euros más por la liquidación de 2023

La Junta de Extremadura ha interpuesto un requerimiento de información al Gobierno central, previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, porque considera que a la región le corresponden 329 millones de euros más en la liquidación provisional del ejercicio 2023.

Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2025, que se incrementan en 182 millones de euros -hasta los 8.309 millones- respecto al pasado ejercicio, un aumento que a su juicio debería haber sido “mucho mayor”.

Según ha explicado, las nuevas cuentas autonómicas consignan 4.198 millones de euros de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la cifra más alta de la historia, tal y como se comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado julio, de modo que son 309 millones de euros más que la cifra del presupuesto de 2024.

Sin embargo, ha precisado, la “sorpresa” surgió a finales de ese mismo mes cuando se conoció que la liquidación provisional de 2023 -utilizada en la confección de las cuentas del próximo año-, incluye 329 millones de euros menos que en la definitiva de 2022, con lo que “recibimos menos recursos del sistema de financiación autonómica”.

En concreto, ha detallado que en esa liquidación provisional se reflejan 75,5 millones de euros menos por IVA, así como por IRPF (69 millones menos), impuestos especiales (7,5), Fondo de Garantía (100), Fondo de Suficiencia (70) y Fondo de Cooperación (5,5).

Son cifras, ha manifestado Manzano, que “no cuadran” dado el crecimiento económico que se está percibiendo y “las ratios tan buenas de recaudación” que se están registrando, teniendo en cuenta además que la declaración de la renta de 2023 cerró en Extremadura con 45,7 millones de euros más de recaudación y 35.000 nuevos declarantes.

“¿Cómo es posible?”, se ha preguntado la consejera, por lo que se ha presentado ese requerimiento de información formal tras no haber obtenido respuesta a las peticiones realizadas previamente vía telefónica y por correo electrónico. “No encontramos explicación a lo que ha sucedido”, ha insistido Manzano, que ha apuntado que esta situación solo se ha producido en Extremadura y Aragón, pues el resto de territorios crecen en el sistema de financiación autonómica.

En caso de no recibir respuesta, ha anunciado, habrá impugnación.