PP y Vox presentan la propuesta para acabar con la ley de Memoria Histórica en Extremadura

La Memoria Histórica tiene los días contados en Extremadura. PP y Vox han vuelto a hacer gala de la reedición de su pacto en la comunidad y este jueves han presentado la propuesta de ley, suscrita por ambos partidos, con la que derogarán la ley regional de Memoria Histórica, que sustitutirán por una denominada 'de Concordia'.

El impulso a esta propuesta de ley formaba parte del acuerdo alcanzado entre PP y Vox que permitió sacar adelante el decreto de medidas fiscales, y que este jueves se transformará en la ley medidas fiscales urgentes en materia tributaria. Para su aprobación en la Asamblea, la presdienta María Guardiola ha tenido que dar luz verde a las enmiendas de la extrema derecha, entre las que se encuentan la gratuidad de las licencias de caza y pesca en Extremadura, y rebajas más profundas en impuestos como transimisiones patrimoniales, donaciones.

Pero el acuerdo ambién incluye la derogación de la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2019, a pesar de que el Gobierno de Guardiola había defenddo hasta ahora que, aunque pretendía reformarla, no era “urgente” ni un asunto que estuviera sobre la mesa. La última vez, hace dos meses, cuando el PP presentó una enmienda a la totalidad a la propuesta “de Concordia” que la extrema derecha presentó en solitario. Aunque en ese momento las relaciones entre ambos partidos no pasaban por su mejor momento porque habían fracasado las conversaciones para los presupuestos de 2025.

La propuesta de ley señala en su exposición de motivos que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”. “Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época”, añade el texto.

A juicio de los proponentes, la legislación debe fomentar la reconciliación y no “juzgar colectivamente a los españoles de entonces, pues contribuye a dividir a la sociedad de hoy a costa del ayer”.

La propuesta de ley “reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días”. Además, establece que “los procedimientos iniciados y no concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley decaerán, a excepción de los procesos de exhumación, que continuarán rigiéndose por la normativa anterior”.

En este sentido, recoge que la Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos de víctimas que se encuentran en paradero desconocido, con la finalidad de entregarlos a sus familiares y concederles una sepultura digna. Esto será, precisa, “de conformidad con la preferencia manifestada y con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima y de sus familiares”.

La iniciativa de PP y Vox disuelve las comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico que hubieran sido creadas con la ley de memoria histórica de 2019 que se deroga.