La Guardia Civil ha liberado a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en Madrid en un operación con tres detenidos, un hombre y dos mujeres, cuya cabecilla se encuentra en prisión provisional, gracias a la colaboración de una ONG cacereña con la que contactó una de las víctimas que consiguió huir del entramado.
Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), de la Comandancia de Cáceres, en la que ha colaborado la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO), fueron los encargado de llevar a cabo la operación RISARALDO, que comenzó hace casi un año y que en noviembre llevó a cabo tres registros de inmuebles en Barajas y Vallecas, en Madrid.
Los detenidos son todos de origen latinoamericano, al igual que las víctimas, de Venezuela y Colombia, todas menores de 25 años, que venían engañadas de sus países de origen, según ha explicado en rueda de prensa el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, acompañado de otras autoridades.
La investigación sigue abierta para liberar más víctimas, estimadas en total unas 30 mujeres tratadas por esta organización, en estado de vulnerabilidad muy importante, e invitadas a desarrollar actividades legales en España, como empleadas del hogar o cuidados de ancianos.
A estas, según la Guardia Civil, se les obligaba a prostituirse y se les amenazaba con hacer daño a sus familias en sus lugares de origen, que desconocían su situación, todas en situación irregular en España, lo que servía también para presionarlas, junto con la deuda contraída al pagar la trama su billete de avión desde Latinoamérica.
Esclavas
Según ha explicado Roldán, una joven colombiana, de 18 años, solicitó ayuda una ONG especializada en el apoyo a víctimas de trata, con vínculos en la provincia cacereña, donde esta chica se refugió tras huir de Madrid.
En dichos distritos de Madrid, las mujeres, supuestamente, vivían en “condiciones infrahumanas” tras venir engañadas de sus países de origen y quitarles el pasaporte, obligándoles estar en un “régimen de esclavitud” con las cámaras y micrófonos grabándolas “las 24 horas del día”.
Según la investigación, los detenidos blanqueaban los beneficios con un datáfono de un negocio de hostelería, realizando transferencias a países como Argentina, Colombia y Venezuela, motivo por el cual la investigación también sigue abierta para una segunda fase.
Se intervinieron, entre otras cosas, numerosos envoltorios de cocaína, unos 300, teléfonos móviles, dinero en efectivo y, además se han bloqueado doce cuentas bancarias en una operación que sigue abierta y cuyas diligencias han llevado a la monitorización de 650 anuncios de una web de citas.
Los detenidos se enfrentan a cargos por los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.