El número de víctimas de trata identificadas en el mundo ha bajado por primera vez en 20 años. El dato, aportado el Informe mundial sobre trata de personas del año 2022, podría ser alentador pero las organizaciones advierten de que, en realidad, la caída tiene más que ver con el descenso de la detección del delito tras la pandemia que con un retroceso real. El estudio, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en sus cifras en inglés), también llama la atención sobre el volumen de menores tratados, que duplica el número de adultos explotados a nivel global.
La clave para entender la realidad de la foto global del análisis de la ONU es la detección: que se hayan identificado menos víctimas (un 11%) y se haya procesado a menos delincuentes (27% menos de condenas) no significa que el delito se haya reducido. El documento se ha elaborado con información de más de 450.000 víctimas, 300.000 presuntos delincuentes detectados en todo el mundo, y tras analizar 800 casos judiciales de 141 países. Entre ellos, España.
Para Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP, las causas son anteriores a los efectos de la pandemia de la COVID-19. “No es que no estemos haciendo el esfuerzo de detectar, es que mafias y proxenetas se están reinventando. Es la prostitución 2.0.”, explica. “A muchas mujeres les han obligado a grabarse. Ahora es todo mucho más invisible”, aclara.
Las diferencias por regiones son sensibles. Las cifras de detección se desplomaron en países de rentas medias o bajas, especialmente en Asia Oriental y Pacífico (un 59%), seguidos del norte de África y Medio Oriente, (40%), un 36% en Centroamérica, un 32% en América del Sur y un 12% en el África Subsahariana. Sin embargo, en Europa y Norteamérica las cifras se elevaron con respecto a 2019. Este dato del informe coincide con la experiencia del Proyecto Esperanza Adoratrices, que actúa en la Comunidad de Madrid. Marta Gonzalez Manchón, su coordinadora, recuerda cómo “al ser calificados como servicios esenciales durante la cuarentena y las medidas posteriores, nosotras seguimos desarrollando nuestra actividad”. En 2020, por ejemplo, el año de más restricciones, detectaron 143 casos de trata solo en la región madrileña, más que el año anterior, y su trabajo ha seguido evolucionando: en 2022 fueron 170 personas las que identificaron tras contactar con 369 posibles casos.
Aumento de víctimas menores en Europa
El informe de la UNODC, de acuerdo a las organizaciones consultadas, ilustra los cambios de la trata. Para la coordinadora del Proyecto Esperanza, “refleja su diversidad y la constante evolución del delito: no solo es trata internacional, se da también dentro de las propias fronteras, y no solo se vehicula a través del crimen organizado”. Se destaca asimismo cómo en los últimos cinco años se han incrementado las formas de explotación más allá de la trata con fines sexuales, algo que sobre el terreno se comprueba cada día. “Nosotras llevamos años interviniendo con mujeres explotadas laboralmente”, apunta Rocío Mora desde APRAMP. “En zonas como los invernaderos en Almería, pero también en el servicio doméstico, hemos encontrado en los últimos años mucha explotación”, detalla.
El número de menores duplica al de adultos. No es una tendencia única de países en desarrollo: un 40% de las víctimas en Europa son niñas y niños, seis puntos más que hace dos años. Desde APRAMP reconocen esta realidad, especialmente en lo relativo a género, a niñas. “Nos hemos encontrado a menores compradas y vendidas para matrimonios forzados. Nos preocupa muchísimo que, en cualquier intervención a mujeres bajo explotación sexual, nos digan que comenzaron siendo menores de edad”, admite.
Falta de protección
No siempre la detección o identificación implica que la persona pase a ser protegida. Según el informe de Naciones Unidas, cuatro de cada diez personas bajo trata no fueron identificadas por las autoridades, sino que fueron ellas mismas las que se autorrescataron. “Esto no significa que una víctima denuncie, sino que ha escapado del tratante, que abandona su situación por su propios medios”, dice González Manchón. “Hay mucho desconocimiento de sus derechos y desconfianza hacia las autoridades”, asegura.
No siempre las víctimas se autoidentifican como tal. “En el ámbito laboral, por ejemplo, se normaliza tal número de vulneración de derechos, que se dan casos de trabajos forzados y servidumbre sin que las mujeres tomen conciencia de su situación”, relata. Desde la entidad madrileña ven cómo la sociedad está más sensibilizada con los casos tipo de “mujer joven, extranjera y bajo explotación sexual” que con otros tipos de trata, como es el caso de los trabajos domésticos o los cuidados. Y de nuevo, falla la información. González Manchón cuenta que “no saben que en España, por ejemplo, tienen derecho a permiso de residencia y trabajo como víctimas de trata, les falta asistencia legal y no los piden”.
El delito de trata de personas persigue todas las formas de explotación a personas, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos, mendidicad o matrimonios forzados. “Hay que ir más allá de las inspecciones físicas”, reivindica Mora desde APRAMP, “la detección no solo se va a hacer a través de operaciones. La policía está ya teniendo su propia unidad de nuevas tecnologías, son ellos los que tienen que dar las pautas”, opina.
España reduce la mirada a la trata sexual
El Balance estadístico de trata y explotación de seres humanos en España 2017-2021, publicado en agosto del pasado año por el Ministerio del Interior, habla de inspecciones administrativas, detenciones y víctimas detectadas, no diferenciando si las intervenciones han sido todas físicas o incluye la persecución del delito online. En cualquier caso, muestra cómo la actuación institucional en nuestro país no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En 2021 se habían reducido las inspecciones sobre trata con fines sexuales un 28%, identificando a 8.405 personas en situación de riesgo, un 44% menos que en 2019. Sobre trata de explotación laboral, sin embargo, los datos de trabajadores inspeccionados sí habían superado la cifra pre-pandemia, aumentando en un 15%, y hubo ocho detenciones por intento de matrimonios forzados.
Actualmente, en el Gobierno está trabajando un borrador de Anteproyecto de Ley contra la Trata que no se sabe si dará tiempo a ser una realidad en esta legislatura que acaba a finales de año. “Si no llega, esperamos que sirva para avanzar”, reflexiona la representante de APRAMP, una de las entidades que ha realizado aportaciones al texto en las pasadas semanas.
El informe no ha querido dejar de lado el contexto geopolítico y de emergencia climática actual, y señala como riesgo altos los conflictos y zonas en crisis: la mayoría de las víctimas de África y Oriente Medio son nacionales de países en guerra, y se señala el peligro de que ocurra lo mismo con la situación en Ucrania, referenciando que en 2016 se cuadruplicaron las víctimas ucranianas de trata detectadas tras la invasión de Crimea por Rusia dos años antes. Al mismo nivel de riesgo se señala el cambio climático como elevadores de vulnerabilidad y aumentando el peligro de la trata, recordando que en 2021, hubo 23.7 millones de personas desplazadas o emigradas por desastres naturales y pobreza provocados por las condiciones meteorológicas.