El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en el Hospital Universitario de Badajoz en 2022

Las listas de espera quirúrgica en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz registraron en 2022 “una disminución no justificada del número de pacientes” y, a su vez, un correlativo aumento de pacientes calificados de forma transitoria “como no programables”, situación que se producía coincidiendo con la publicación semestral de los datos oficiales.

Estos movimientos se retrotraían días después de la publicación, según recoge un informe de fiscalización de los gastos derivados de la actividad asistencial prestada por medios ajenos, así como su planificación y gestión de las listas de espera.

En concreto, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz se produjo una disminución de pacientes en lista de espera quirúrgica y un aumento de pacientes transitoriamente no programables -aquellos a los que no se les programa la operación por razones personales, criterio médico o causa de fuerza mayor- en diciembre de 2021 y junio y diciembre de 2022, “coincidiendo con las fechas de publicación de datos de listas de espera”.

El informe también refleja que el porcentaje de pacientes que superaron los plazos máximos de espera en 2022 en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz fue del 19 % para lista de espera quirúrgica, del 31 % para lista de espera de consultas y el 44 % de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

Además, el informe, elaborado por el Tribunal de Cuentas, refleja que el citado complejo hospitalario pacense recurrió en 2022 a medios ajenos para prestar asistencia sanitaria “sin un análisis previo de la insuficiencia de los propios”.

En este sentido, apunta que el total de gastos para la asistencia sanitaria con medios ajenos del Área de Salud de Badajoz fue de 6,5 millones de euros, de los que 5,5 millones (un 85%) fueron gastos que procedían de “expedientes de contratación antiguos y que no cumplen las circunstancias previstas la Ley de Contratos del Sector Público para la prórroga de un contrato por razón de interés público”.

Además, el 7% (443.931 euros) se tramitó “al margen de los procedimientos previstos” en la citada ley, “sin que, en este caso, se contara con un contrato previo ya finalizado en relación con la prestación sanitaria en cuestión”.