El Parlamento de Galicia se declaró inauditable cuando el Consello de Contas fiscalizaba su gestión por primera vez

Lo que el Consello de Contas, el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia, esperaba a finales del mes de julio del Parlamento autonómico era que le remitiese las cuentas correspondientes a 2023. Esa documentación no solo no llegó, sino que la Cámara gallega decidió en esos días, con acuerdo de todos los grupos políticos, cambiar la norma para no ser auditado por este órgano. Lo hizo después de que se hubiese anunciado que en 2024 Contas iba a fiscalizar por primera vez al Parlamento.

La modificación se publicó el 13 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pero el acuerdo lo había aprobado la Mesa del Parlamento, en la que están representados PPdeG, BNG y PSdeG, el 30 de julio, precisamente la fecha límite para que la Cámara enviase la documentación a Contas, según fija el propio reglamento de régimen interior del ente fiscalizador. El cambio se concreta en suprimir un artículo de las normas que rigen el presupuesto y la contabilidad del Parlamento. Desaparece el punto que requería que tanto sus cuentas como las de la Valedora do Pobo fuesen remitidas, una vez aprobadas, al Consello de Contas. El PSdeG asegura que la medida se adoptó por unanimidad por recomendación de los servicios jurídicos de la Cámara. El BNG argumenta que el cambio busca la “concordancia” de la ley que crea el Consello de Contas, que no hace una mención explícita a fiscalizar el Parlamento, y el reglamento parlamentario, dado que la primera tiene rango superior.

La argumentación que figura en el DOG es que la vigilancia sobre la actividad económica del Parlamento está ya garantizada con el papel que la Constitución encarga al Tribunal de Cuentas y, como señala el BNG, que la ley que regula el ente fiscalizador no cita expresamente que la Cámara gallega esté dentro de su ámbito de actuación. Sin embargo, tanto el reglamento del Parlamento ahora modificado como las normas internas de funcionamiento de Contas recogían menciones a esa necesidad de rendir cuentas.

También se incluye entre los motivos para la modificación la práctica de otras comunidades, en las que el órgano fiscalizador no analiza al parlamento, aunque hay ejemplos –Navarra, Comunitat Valenciana– de lo contrario.

Con estos antecedentes, el plan de trabajo de Contas para 2024, aprobado a finales de 2023 y que consta en el Parlamento gallego, incluía, a iniciativa propia, una fiscalización del órgano legislativo. Pero, sin las cuentas del último ejercicio rendidas, los trabajos de auditoría no habían comenzado.

El análisis se iba a referir a las cuestiones contables y de gestión del Parlamento. La idea era revisar por primera vez en qué se emplea, y cómo, el presupuesto en la Cámara, que manejó en 2022 casi 22 millones de euros: la distribución de fondos a los grupos, la política de personal, el patrimonio y los bienes.

El auditor encargado era Jesús Oitavén, que hasta el pasado abril ocupó el puesto de director xeral de Simplificación Administrativa en la Consellería de Facenda. Y el calendario preveía que los trabajos estuviesen acabados en 2025, pero se realizasen fundamentalmente en 2024 sobre las cuentas del año previo.

Contratos, colección de arte

Con este planteamiento, la fiscalización del Parlamento iba a incluir los contratos públicos o la colección bibliográfica y artística que se puede ver en los pasillos y salas del Pazo do Hórreo y que, en buena parte, son de su propiedad. En la plataforma de contratos públicos de Galicia constan cuatro adquisiciones de obras de arte de finales de 2023. Son operaciones con cuatro autores: Manuel Paz Mouta (por un importe de 80.000 euros); Antón Lamazares (88.000 euros); Manuel Quintana Martelo (49.500 euros); y Francisco Leiro (88.000 euros). En total, más de 300.000 euros.

Contas tenía que analizar también la actividad de contratos y subvenciones. En la propia página web del Parlamento hay un apartado de transparencia en el que se incluye la actividad de adjudicaciones. En el caso de los contratos menores, que deben publicarse cada tres meses, los últimos datos disponibles son de 2022.