No fueron pocas las ocasiones en las que, durante sus tiempos de oposición, el PP gallego comparó medidas del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG con planes del franquismo o de la Unión Soviética. La ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, impulsada en 2008 por las consellerías de Política Territorial e Vivenda, fue una de ellas. Aquella norma fijaba el objetivo de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes reservaran hasta el 40% del nuevo suelo residencial para la construcción de vivienda protegida, duplicando así la reserva fijada por la Xunta de Manuel Fraga. Para el PP, representado en aquella altura por la actual presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, esta era una ley propia de “tiempos pretéritos de intervencionismo y viviendas sindicales”, un “apaño” que “iba a subir exponencialmente los precios de la vivienda”. Desde aquella afirmación el precio general de la vivienda bajó durante media década y la reserva de suelo para pisos protegidos pasó a la historia hasta casi morir.
Sendas reformas legales del actual Gobierno, aprobadas en 2010 y 2012 con el objetivo, según la Xunta, de “adecuar el porcentaje de reserva de aquellos ayuntamientos en que el plan general fije una reserva basada en los datos estimados de demanda”, derogaron de facto la reserva . Así lo muestran los datos que el Instituto Galego de Vivenda e Solo publica anualmente desde 2013 acompañando a la resolución que fija el porcentaje de reserva en cada ayuntamiento. Basándose en las inscripciones del Registro Único de Demandantes de Vivienda en cada ayuntamiento el organismo público ofrece información municipal y también un promedio para el conjunto de Galicia que en este 2015 cae hasta el 4,71%.
En el estreno del nuevo sistema, en 2013, case 120 ayuntamientos tenían algún porcentaje de suelo reservado para construir viviendas protegidas, con un promedio bien alejado tanto del 40% que había marcado el bipartito para los grandes ayuntamientos como del 30% que estipulaba para el resto del país. En ese primer momento la cifra quedó en el 7,11, en 2014 cayó al 5,69% y siguió a bajar hasta el 4,79% de este año. Además, mientras que hace dos años hasta 14 municipios quedaban por riba del promedio del país, en 2013 eran ya 11 y en 2015, únicamente 10.
En los tres años de vigencia de este modelo, Vigo se mantuvo como el ayuntamiento con mayor proporción de suelo reservado para vivienda protegida, si bien sus números también mermaron, pasando de casi un 25% en 2013 la case 10 puntos menos en 2015. En 2015 el segundo puesto es para Ferrol, con un 9,87% que supone casi dos puntos más que hace dos años. Lugo, Santiago y Pontevedra son los siguientes ayuntamientos de la lista, aunque los tres perdieron también suelo para pisos protegidos en este trienio. Por debajo del promedio pero por encima del 3% están ayuntamientos como Monforte, Moaña, Allariz o Sarria. Tienen más de un 2% ayuntamientos como Ourense, O Carballiño, Cangas, Viveiro o Poio y la lista se cierra con O Rosal, Muros y O Grove, con 0,15%, 0,11% y 0,09%, respectivamente.
Recorte de más del 90% en los fondos para vivienda pública
El giro en la política de reserva de suelo para pisos protegidos, ejecutada durante la etapa del actual alcalde de Santiago en la Consellería de Infraestructuras, fue paralela a la práctica desaparición de los fondos para la construcción de viviendas de promoción pública en los Presupuestos Generales del Gobierno gallego. Cuando Feijóo llegó a la Presidencia y Hernández a la Consellería encontraron una partida de 52 millones de euros para esta finalidad. Un año después los primeros presupuestos elaborados por el nuevo Ejecutivo del PP la habían bajado ya a 46 millones de euros y en 2011 el tijeretazo fue aún mayor, quedando en 23,7. Los recortes fueron sucesivos hasta llegar la 2015, en el que la dotación es de poco más de 3 millones y el recorte llega ya al 93%.
Hernández, precisamente, es coprotagonista de una de las actuaciones más controvertidas de la Xunta en los últimos tiempos en este ámbito. Como vino relatando este diario, el regidor compostelano y su sucesora en la Xunta, Ethel Vázquez, decidieron el pasado diciembre liquidar un emblemático proyecto de viviendas públicas de alquiler para la juventud que iban a ser construidas en pleno centro de Santiago, a escasos 400 metros de la Catedral. El proyecto, nacido en tiempos de Fraga e impulsado por el bipartito, llegó a ser adjudicado con Hernández como conselleiro pero nunca verá la luz. En su lugar se construirá “vivienda libre”, esto es, pisos que una promotora venderá al precio que considere oportuno. Mientras, las viviendas de promoción pública son trasladadas al barrio de Lamas de Abade, en las afueras de la ciudad.